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Pronto será sancionado, si prospera el proyecto de ley que el
ministro de Trabajo Eduardo Brenta enviará
en estos días al Parlamento.
El coordinador Edgardo
Oyenard de la Central de Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT) considera
grosera la discriminación que se hace en el país a las mujeres trabajadoras por
el solo hecho de estar embarazadas.
Ahora en Uruguay esto
pronto será sancionado, si prospera el proyecto de ley que el ministro de
Trabajo Eduardo Brenta enviará en estos días al Parlamento.
La práctica habitual de algunas
empresas de exigirle a las trabajadoras, en su primera entrevista de trabajo, o
antes de otorgarles ascensos, un test negativo de embarazo, llevó al Instituto
de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a alertar al
ministro de Trabajo.
Brenta
defendió el proyecto de ley que prohíbe la solicitud de test a las empresas,
tanto públicas como privadas, afirmando que tal exigencia es tan discriminatoria
como la constancia de no padecer VIH o cualquier otro tipo de enfermedad.
El incumplimiento será
sancionado gradualmente, según la gravedad de la falta, con multas que pueden
llegar hasta 150 jornales de sueldo y la clausura del establecimiento por un
plazo máximo de 6 días, durante los cuales el empleador debe pagar los salarios
y demás beneficios laborales. Si la situación se repite se duplicará el monto de
las multas.
La suma recaudada por estas
sanciones se volcará al Plan de Igualdad de Oportunidades y trato en el empleo
para las mujeres.
Esta ley, una vez aprobada, se
sumará a otras que en los últimos años se han impuesto en Uruguay;
como las de trabajo
doméstico, acoso sexual, maternidad y lactancia, que apuntan en el mismo sentido
de apoyar y proteger a las mujeres trabajadoras.
A nivel del gobierno se está
hablando de la necesidad e importancia de la divulgación masiva de estas normas
para crear un estado de conciencia colectiva que presione a los empresarios y
empuje a las trabajadoras a hacer valer sus derechos.
Esta norma protectora, aún
antes de discutirse en el Parlamento, ya empezó a generar rechazo por parte de
la Cámara de Industria y la de Comercio.
Los asesores jurídicos de esos
organismos afirman que la información que las empresas piden a las trabajadoras
está justificada porque solo si el empresario está en conocimiento del embarazo
puede ampararlas proporcionándoles tareas que no las perjudiquen.
Consideran que hay casos
aislados en que se discrimina, pero que no es una práctica habitual, por tanto
no puede legislarse en sentido general.
El PIT-CNT, sin embargo,
afirma que hay muchos lugares donde se contrata a las mujeres y cuando se
embarazan las echan. Esta práctica funciona como una amenaza latente a la que
toda mujer teme a la hora de enfrentarse al tema, sin contar con las empresas
donde directamente se advierte a la trabajadora que si se embaraza será
despedida.
Oyenard
califica estas acciones como “brutales y espantosas”. Para nada le sorprende que
cuando un proyecto de ley defiende derechos de las trabajadoras, el sector
empresarial -acostumbrado a violarlos- esté en su contra.
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