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Casi 200.000 campesinas
trabajan sin ninguna prestación social. El Gobierno de la nación prepara un
decreto sobre la cotitularidad.
El campo es uno de los sectores donde más se hace
esperar la igualdad entre hombres y mujeres. En Andalucía hay en la actualidad
unas 188.000 mujeres que trabajan en el campo sin ningún tipo de prestación
económica o social. En octubre de 2005, los ministerios de Trabajo y Agricultura
firmaron un convenio con las organizaciones agrarias para, a través de diversos
incentivos, intentar acabar con la invisibilidad de la mujer rural y avanzar
hacia la cotitularidad de las explotaciones agrarias.
A través de ese convenio, en Andalucía se otorga
una bonificación del 30 por ciento durante los tres primeros años en las cuotas
a la Seguridad Social para aquellas mujeres que se incorporen como cotitulares
en las explotaciones familiares agrarias y que no superen, a su vez, los 40
años.
Sin embargo, tres años después, en Andalucía sólo
344 mujeres se han acogido a ese convenio, una cifra tan exigua que las
asociaciones de mujeres achacan al bajo porcentaje de las bonificaciones y,
sobre todo, a que las beneficiarias no pueden superar los 40 años, una edad que
rebasan ampliamente las mujeres que se dedican a la agricultura en esa
localidad.
"En Andalucía, el grueso principal de mujeres que
se dedican a la agricultura tienen más de 40 años, por lo que el límite de edad
entendemos que es el principal obstáculo que explica un número tan pequeño de
mujeres acogidas a la normativa actual", explica Montserrat Moyano,
presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía (Fademur).
Fademur
se ha reunido con la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez
Aguayo, y con la viceconsejera de Agricultura y Pesca, Eva Cano Pérez,
a quienes ha planteado que la Junta modifique los criterios que ahora se exigen
en Andalucía (cada comunidad tiene su propia normativa).
Así, Fademur pide que la bonificación
aumente un 20 por ciento, hasta alcanzar un beneficio del 50%, y reivindica, del
mismo modo, que el tramo de edad beneficiario de esta línea de ayudas aumente
hasta los 55 años.
Montserrat Moyano
cree que Andalucía, que ha sido pionera en muchos campos relacionados con la
igualdad (también lo fue en contar con un gobierno paritario), "tiene una
asignatura pendiente en el mundo rural", pues al menos hay tres comunidades
autónomas, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia donde las bonificaciones son del
50 por ciento y el tramo de edad exigido se amplía hasta los 45 años.
El Gobierno andaluz estudia la propuesta de
Fademur, que podría cerrarse en las próximas semanas y materializarse con un
aumento en los presupuestos de 2009.
Mientras tanto, el Gobierno de la nación prepara
un decreto que regulará el régimen jurídico para la cotitularidad compartida de
las explotaciones agrarias. El borrador del documento ha sido elaborado por tres
ministerios, el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el de Trabajo y el de
Igualdad, y en la actualidad está pendiente de recibir el informe del Consejo de
Estado. El decreto pretende hacer visible el trabajo de la mujer rural y hacerla
partícipe de las gestiones y los beneficios que de ello se deriven.
En Andalucía viven unas 800.000 mujeres en el
medio rural. De éstas, algo más del 60 por ciento (unas 480.000) son
agricultoras, pero sólo el 15 por ciento (72.000) están dadas de alta como
titulares de la explotación agraria. Este número de agricultoras por cuenta
propia se unen a otras 220.000, que es la media de mujeres que en los últimos
años han sido perceptoras del subsidio agrario, es decir, agricultoras por
cuenta ajena. El resultado es que unas 188.000 mujeres, el 39,1 por ciento,
trabajan en la agricultura sin ningún tipo de prestación o derecho social y
engordando las cifras de la economía sumergida. Se calcula que de las 48.000
explotaciones familiares inscritas en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, únicamente
en el 10 por ciento aparecen mujeres inscritas, unas 5.000 en Andalucía, que
pueden optar a prestaciones sociales.
Tradicionalmente, una de las principales vías
para poder optar al subsidio agrario ha sido el antiguo Plan de Empleo Rural (PER),
ahora denominado Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social
Agraria), pero ese sistema ha primado tradicionalmente al hombre. La falta de
cotización de muchas mujeres en el medio rural les cierra también la puerta para
su incorporación a la renta agraria que, desde el año 2003, ha sustituido al
antiguo subsidio de desempleo agrario.
Las cifras
-800.000mujeres viven en el medio rural en
Andalucía, de las cuales 480.000 son agricultoras. Sólo 72.000 (15 por ciento)
están dadas de alta.
-De las 48.000 explotaciones familiares inscritas
en el régimen agrario de la Seguridad Social, únicamente en el 10 por ciento hay
mujeres registradas.
-Las bonificaciones en Andalucía son del 30 por
ciento, en otras autonomías, del 50 por ciento.
Ginés Donaire
Tomado de Comfia
4 de diciembre
de 2008
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