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Tras seis meses de
descanso en algún lugar de la Cámara de Senadores, el 13 de mayo último, el
proyecto de Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva -que
entre otros aspectos despenaliza el aborto realizado antes de las 12 semanas de
gestación- comenzó a ser tratado por la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados.
No obstante, antes de su decisión final, los integrantes de
esa Comisión se pronunciaron a favor de recibir a toda persona que quisiera
opinar al respecto. Tal postura fue interpretada como una "dilación
inexplicable" por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil que
-para demostrarlo- recopilaron proyectos, actas, versiones taquigráficas, las
sistematizaron y las entregaron el 17 de junio último a los diputados que
iniciaron la revisión del proyecto, según informó el periódico La República
de las Mujeres.
El objetivo de la medida fue simplificar el trabajo de
legisladores y legisladoras, "pero sobre todo para impulsarlos a que definan, de
una buena vez, si están en condiciones o no de saldar la deuda que mantienen con
las uruguayas", agregó ese suplemento dominical del diario La República.
Desde que fue presentado el primer proyecto de esa normativa,
el 12 de junio de 1985, "el Poder Legislativo uruguayo invirtió 208 horas de
trabajo en debates sobre la despenalización del aborto, equivalentes a ocho días
completos de sesiones de comisiones o plenarios (...) En los 23 años se
recibieron las opiniones plurales de 116 personas (66 a favor de la
despenalización, 46 en contra y cuatro indecisas), se produjeron 82 actas y
versiones taquigráficas que contienen 1.422 páginas, 12.010 párrafos, 59.282
líneas, 754.724 palabras", reseñó la publicación.
El ex legislador Rafael Sanseviero, integrante de la
Red Uruguaya de Autonomías -que junto a las ONG Cotidiano Mujer, Comité
Latinoamericano por la Defensa de los Derechos de las Mujeres e Instituto Mujer
y Sociedad visitaron al Parlamento el 17 de junio- recordó que durante estos 23
años documentados, si el aborto hubiese sido legal, no hubieran ocurrido tantas
muertes evitables.
Se estima que en Uruguay se realizan unos 33.000
abortos anuales. La ley que penaliza el aborto en Uruguay data de 1938.
Los y las representantes de las organizaciones que
visitaron el Parlamento entienden que están dadas las condiciones para que la
Cámara de Diputados retome y apruebe el proyecto actual, que ya cuenta con media
sanción del Senado.
De no hacerlo, subrayó Sanseviero -autor de uno de los
cinco proyectos de despenalización del aborto que naufragaron en el Parlamento
en los últimos 23 años-, "sería bueno que todos sepamos que la decisión de
infligir pena y castigo a la mujer que aborta es la voluntad de los legisladores
de 1938, reafirmada explícitamente por las y los legisladores de 2008".
Cristina Canoura
SEMlac
8 de julio de 2008
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