Organizaciones feministas de toda la región
se movilizan como parte de la campaña del
Día por la Despenalización del Aborto en
América Latina y el Caribe.
Desde 1996 la Campaña 28 de Septiembre demanda en
la región y el mundo el derecho que tienen
las mujeres a decidir sobre sus propios
cuerpos como una condición de libertad y
democracia. Es la campaña feminista por
antonomasia, porque declara públicamente que
el cuerpo de las mujeres no pertenece ni a
la iglesia, ni al Estado, sino y sólo a
ellas mismas.
La organización Católicas por el Derecho de
Decidir (CDD) señala que, para la Campaña,
el derecho al aborto forma parte de los
derechos humanos y penalizarlo constituye
discriminación y violencia contra las
mujeres y vulneración de los derechos que
tienen las personas a elegir sobre sus
propias vidas, a acceder a la salud, a
ejercitar la ciudadanía. Además la morbi-mortalidad
por aborto está directamente relacionada con
la condición de pobreza de las mujeres y sus
familias, el bajo nivel de instrucción y la
subordinación femenina, entre otras. Su
penalización es también una agresión a los
principios de justicia social.
La realidad ha constatado que las leyes
restrictivas no previenen, ni evitan el
aborto. Precisamente son éstas las que lo
vuelven clandestino e inseguro. Por todas
estas razones, los objetivos de la Campaña
son: humanización de los servicios de
atención a la salud; disminución de la morbi-mortalidad
materna; cumplimiento de las leyes que
permiten el aborto; liberalización de las
leyes punitivas.
"Son propuestas transgresoras que tocan
directamente la moral impuesta
fundamentalmente por la Iglesia Católica la
cual, pese a la diversidad de posiciones que
hay sobre el aborto en su interior, persiste
en aferrarse a una visión que invisibiliza e
ignora la propia realidad de las mujeres
católicas que han recurrido a los propios
recursos que ofrece el catolicismo como la
Doctrina del Probabilismo en cuya base se
encuentra el derecho a decidir que
postulamos como católicas feministas",
declara CDD.
Esta moral conservadora ha penetrado las esferas
públicas y lastimosamente ha impedido que
leyes que garantizan abortos legales no se
cumplan, o se cumplan con altos costos. El
asunto ha tocado límites en los últimos
casos ocurridos en Argentina, Bolivia y
Colombia donde niñas y mujeres con
discapacidad han apelado a las leyes de sus
países para realizarse abortos legales y se
han encontrado con obstáculos, negligencias,
indiferencias y retardaciones.
La Red Latinoamericana
de Católicas por el Derecho a Decidir como
integrante de la Campaña 28 de Septiembre
"Por la Despenalización del Aborto en
América Latina y el Caribe" plantea la
necesidad de abrir un debate social amplio
que considere no sólo a la salud pública, la
justicia social y la democracia como
elementos en juego, sino también a la
libertad individual de decisión que tienen
todas las personas.
"Sobre la base de una propuesta internacional
reconocida en conferencias internacionales,
convenciones y otros acuerdos de carácter
vinculante, demandamos la voluntad política
de los Estados latinoamericanos para
garantizar el cumplimiento de las leyes que
garantizan abortos legales para las mujeres
y de generar las condiciones necesarias para
reducir las restricciones legales e
institucionales que impidan el ejercicios de
los derechos sexuales y reproductivos de las
personas, especialmente de las más pobres y
las más jóvenes".
Según la Organización Mundial de Salud (OMS),
alrededor de 4 millones y 200 mil mujeres
por año se someten a abortos en América
Latina y el Caribe, la mayoría lo hace en
condiciones de riesgo, que trae consigo la
clandestinidad. Cada año en la región
latinoamericana, 6 mil mujeres mueren debido
a complicaciones de aborto.
Según la organización Flora Tristán, de Perú, el
21% de las muertes relacionadas con el
embarazo, parto o postparto tiene como causa
las complicaciones del aborto inseguro. En
la mayor parte de los países de América
Latina y el Caribe, diversas organizaciones
de mujeres han presentado propuestas claras
para prevenir estas muertes silenciadas.
Propuestas de despenalización que permitan a
las mujeres con embarazos no deseados
interrumpirlos sin riesgo para sus vidas.
La entidad afirma que la liberalización de las
leyes de aborto permitiría evitar la muerte
de las mujeres y las consecuencias que
sufren a causa de abortos mal practicados,
al contar con servicios seguros. "Es
imperativo que nuestros países revisen su
legislación sobre esta materia, pues gran
parte de ellos viene incumpliendo con los
compromisos asumidos internacionalmente ante
el Sistema de Naciones Unidas, pero, sobre
todo, continúan exponiendo la vida de miles
de mujeres".
Adital
29 de setiembre de 2006
