Perú
El pasado 29 de
abril se firmó un Convenio de Cooperación entre la
Rel-UITA y la Casa
de la Mujer Peruana Flora Tristán(1).
En esa oportunidad entrevistamos a Ivonne Macassi
(Coordinadora del Programa de Derechos Humanos) y Elena
Villanueva (Coordinadora del Programa de Desarrollo Rural).
-¿Cuál es la situación actual y qué problemas padecen las
mujeres rurales del Perú?
Ivonne Macassi
- La situación de las mujeres rurales tiene algunas
diferencias específicas en relación con otros grupos de
mujeres del país. En general, la situación de las mujeres en
el Perú es sumamente precaria, hay una fuerte discriminación
que persiste a pesar de todos los esfuerzos que como
movimiento de mujeres hemos realizado. Si bien es cierto que
hay muchos avances a nivel normativo, todavía quedan muchos
logros por conquistar. En este marco, una de las principales
preocupaciones con las que seguimos insistiendo, es la
dificultad de acceso a determinados recursos productivos,
sociales e institucionales.
Las mujeres rurales tienen muchísimas más dificultades que
otros grupos de mujeres. Las mujeres rurales tienen el doble
de dificultades a aquellos accesos. En analfabetismo tienen
el más alto porcentaje, en términos de salud son a las que
menos se les atiende, en términos de justicia las que menos
acceso tienen a la misma. ¿Todo esto en razón de qué? Por un
lado, las políticas en nuestro país están diseñadas y
pensadas para las mujeres de zonas urbanas, por ello en el
diseño e implementación de dichas políticas no se tiene en
cuenta la situación específica de las mujeres rurales. Una
de las razones es la ausencia del Estado en gran parte de
los territorios en los cuales viven las mujeres rurales. Por
otro lado, habiendo un esfuerzo inicial de articularse ellas
mismas en sus organizaciones, aun no están vinculadas a otro
tipo de organizaciones.
También ha tenido que ver en el poco acceso a esos tres
tipos de recursos la violencia política padecida durante 15
años. Ello está refrendado en lo que es el informe de la
Comisión de la Verdad, todo un análisis de la realidad
peruana, que específicamente en el caso de las mujeres,
señala que la violencia política afecta a siete
departamentos de los 25 existentes. Y en esos siete están
justamente las zonas rurales pobres, donde la población es
mayoritariamente campesina y donde las que han sufrido con
mayor efecto la violencia política, con sus consecuencias
económicas, de acceso a la justicia y de acceso a recursos
sociales, son las mujeres.
A
partir de un trabajo más sostenido de nuestra Institución a
través de la Red de Mujer Rural hemos ido rescatando algunos
derechos que tienen las mujeres. Una de las primeras
campañas que hicimos fue sobre el acceso al recurso tierra y
en última instancia el acceso al documento de identidad. El
recurso de acceso a la tierra porque en el país se
estableció un proyecto especial de titulación de tierras en
el cual, en principio, no intervinimos porque vimos que el
programa se aplicó. Pero nos llamó la atención que en las
primeras titulaciones que se daban en algunas zonas no
aparecían las mujeres, siendo un proyecto especial donde el
Estado como tal aplicó muchísimos recursos.
En
el Departamento de Cajamarca realizamos un diagnóstico el
cual determinó que el 40 por ciento de las productoras
directas de las tierras eran las mujeres, sin embargo las
mujeres tituladas resultaron menos del 10 por ciento del
total de los que habían recibido el título. Entonces,
hicimos un análisis de la Ley que promocionó la titulación
de tierras y vimos que a nivel normativo no había
discriminación. La ley en términos normativos era perfecta,
el problema estaba en la aplicación, por lo cual
desarrollamos toda una campaña para destacar este elemento
de discriminación al momento de aplicar la ley, por otro
lado, con una capacitación específica a los que aplicaban la
norma –a los operadores digamos– logrando una reglamentación
de la ley para que no hubiera ese tipo de discriminación.
Ese tipo de campaña piloto luego fue desarrollada en las
demás regiones.
Y
en el caso último, a propósito de la intervención en la
titulación de tierras, surgió un segundo problema que no
había sido evidenciado ni por nuestro movimiento de mujeres
ni tampoco desde el Estado, y que era la indocumentación.
Pese al esfuerzo acumulado de quererlas titular no podían,
porque no tenían documento de identidad. Allí surge la
segunda campaña, a partir de un diagnóstico que se realiza
desde Flora Tristán.
-¿Qué es la Red de la Mujer Rural?
Elena Villanueva
-
La
Red Nacional de la Mujer Rural es un proyecto impulsado
desde el Programa de Desarrollo Rural en sus primeros años
de intervención en las diferentes regiones del país. Por su
nombre lo asocian como si fuera una red al estilo típico,
pero se trata de un proyecto orientado a la promoción del
trabajo con las mujeres rurales, con las promotoras y
promotores de diferentes instituciones, centros de
desarrollo y ONG´s que orientan un trabajo directo con las
organizaciones de mujeres rurales. La preocupación del
Programa y de Flora Tristán ha estado inicialmente en
apoyarlas y asesorarlas en contenidos y metodologías de
trabajo a fin de que estas promotoras profesionales,
técnicas, desarrollen con calidad y eficiencia el trabajo de
promoción y capacitación, pero que también incorporen las
necesidades y las demandas de las mujeres en los proyectos
de capacitación y en los proyectos de desarrollo. A partir
de este trabajo que se inicia con el Proyecto con la Red
Nacional de Mujer Rural se va generando todo un proceso de
acumulación de información, de capacitación a estas
promotoras, pero también de ir colocando la problemática de
la mujer rural en las diferentes regiones del país en la
perspectiva de que nosotras, como Institución feminista y
política también promueva, a partir de las demandas de las
mujeres, políticas en favor de las mujeres rurales. Esto lo
intentamos llevar adelante en el marco de dos ejes
principales promovidos desde el Programa de Desarrollo
Rural: el acceso de las mujeres a los recursos productivos y
a la ciudadanía de las mujeres rurales, eje en el cual se
enmarca esta campaña piloto.
En
el proceso se han ido construyendo también espacios
regionales sobre la base de las promotoras que trabajan en
las diferentes instituciones, espacios regionales a los que
denominamos Redes Regionales para el Trabajo de la Mujer
Rural. En algunas zonas donde ya había un espacio conformado
para el impulso y la promoción de los derechos de las
mujeres rurales, como mesas o coordinadoras de trabajo, lo
que hemos hecho es aportar a su consolidación en la
perspectiva que sean espacios de autoformación, pero también
espacios autónomos con capacidad de propuesta y vigilancia
para los derechos de las mujeres rurales en sus regiones.
En
nuestro país el tema rural y en específico la problemática
de la mujer rural en Lima, no es un tema que convoque. Es
como que la problemática fuera desde Lima hacia fuera.
Colocar en el debate, en la agenda pública, algún tema
vinculado a este grupo importante y significativo de nuestro
país es difícil, así como conseguir aliados. Sin embargo,
creo que a partir de este soporte, de esta construcción
hecha en las provincias, la confianza lograda en las mismas
mujeres, el entrar a trabajar a partir de una propuesta de
una institución seria, sostenida y concreta, hemos
conseguido la confianza de aliados, en algunos casos
estratégicos como la Red, en otros casos alianzas con
autoridades y con las mismas representantes de las
instituciones de provincias, que nos han respaldado para el
desarrollo de iniciativas como esta que hemos impulsado
recientemente. En ese sentido también lo que mencionó Ivonne
me parece importantísimo, un problema de indocumentación que
estaba allí pero escondido que viene de años atrás y que no
lo vio nadie y cuando nosotras lo presentamos dijeron, ¡ah
ahí estaba!
El
tema lo colocamos en las agendas regionales, donde la
opinión pública y los medios de comunicación le dan amplia
cobertura, por ejemplo en Cuzco, en una conferencia de
prensa contabilizamos entre 40 y 50 medios de comunicación
cubriendo la actividad. Acá en Lima también, y nos parece
muy bien que los principales medios de comunicación del país
presenten el problema de la indocumentación, pero que sea
sobre la base o el fundamento de la problemática de la mujer
rural. Y esto ha sido muy interesante porque evidencia que
este problema de indocumentación en las zonas rurales es
mucho más grave, más pronunciado, y en las zonas
verdaderamente pobres las más afectadas son las mujeres.
Otra sorpresa es que no hay datos ni cifras oficiales que
den cuenta de la envergadura de este problema, está
excluido, es invisible. Entonces, para poder fundamentar
alguna propuesta ante esas barreras, tuvimos que levantar
información y nos encontramos con una institución que es el
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC),
institución encargada de otorgar el Documento Nacional de
Identidad (DNI) con quien firmamos un convenio estableciendo
el compromiso de elaborar fichas de levantamiento de
información para saber dónde están, quiénes son, cuántas
son. Para tener así una aproximación, una muestra, que
fundamentara y argumentara la iniciativa y la propuesta de
ley que tiene como autora a Ivonne Macassi en coordinación
estrecha con el Programa de Derechos Humanos, nosotras le
damos el soporte, el contenido, porque para llevar cualquier
propuesta una tiene que ir con base, con fundamento y con
las cifras claras.
Comprometimos al RENIEC para que la elaboración de los
resultados del levantamiento de datos saliera desde allí,
para darle así oficialidad a la información. Los primeros
resultados, y para nuestra sorpresa, fue que una de las
grandes barreras que limitan a que la mujer llegue a cumplir
la cadena de la documentación es que, según una muestra
reciente, 48 por ciento no tienen partida de nacimiento, eso
significa que la persona no existe legalmente, esa mujer
puede morir y acá no pasó nada, es invisible para el Estado.
La
otra sorpresa fue que un 82 por ciento no contaba con la
Libreta Militar. Hasta el 3 de agosto de 2004 la Libreta
Militar era el documento requisito para obtener el DNI. Sin
esa libreta no podías sacar tu DNI. Como institución hemos
identificado muchas barreras, el factor económico, los
factores culturales, el machismo imperante, las distancias,
la geografía, la falta de información, varias barreras. Pero
surgía esa otra gran barrera que debíamos atacar y entrar a
negociar, influir en el Estado para que cambie o elimine
esta gran barrera. Y ahí es donde se formula la iniciativa
que Ivonne puede explicar mejor.
-¿Terminó eliminándose ese requisito?
-I.M. -
Para un país como el nuestro hay una cuestión fundamental
que también se puede aplicar al resto de la región. Perú es
un país muy militarizado, en el sentido que por ejemplo no
te basta tu documento de identidad, tu cédula, tu DNI, sino
la exigencia de la Libreta Militar, con un control clave de
las Fuerzas Armadas. Al hacer este planteamiento en el
Congreso de la República todas las instituciones de DDHH se
dan cuenta que, a propósito de la ampliación de la
ciudadanía de las mujeres rurales, se logra que para todos
los ciudadanos y ciudadanas de este país ya no sea
obligatorio. En el Ejecutivo el único que protesta ante esta
nueva ley es el Ministerio de Defensa. Entonces, hay un
salto cualitativo en la desmilitarización de la ciudadanía
con haber logrado esta norma.
Por otro lado, y también hay que ponerlo como marco, en el
País hace tres años que estamos iniciando un proceso de
descentralización que nosotros consideramos que no lo para
nadie. A diferencia del primer intento, que fue en el primer
gobierno de Alan García, ahora para participar dentro de los
diversos espacios que ya se han creado a propósito de la
descentralización, las mujeres necesitan estar documentadas.
Además estamos fomentando, porque la documentación es una
primera parte, la formalización de las organizaciones. Ahí
entran las organizaciones de mujeres rurales, las
organizaciones de mujeres indígenas amazónicas, las
organizaciones urbanas marginales y demás. Paralelamente a
la campaña de documentación estamos iniciando
institucionalmente la campaña de Formalización de las
Organizaciones Sociales de Mujeres, en este caso de las
mujeres rurales, de las mujeres urbanas, de las mujeres
indígenas amazónicas. Yo creo que el logro de esta
iniciativa tendrá un efecto dominó todavía imprevisible.
Nosotras consideramos que obviamente va a posibilitar mayor
participación, que es otro de los temas, hay acá una baja
participación de la población femenina en los espacios de
toma de decisión, en especial de las mujeres rurales.
Tenemos ahora una representación política ante el Congreso
de la República que no alcanza el 13 por ciento. A nivel de
gobiernos locales tenemos entre el 8 y 9 por ciento y
solamente en la Regidora que sube al 7 por ciento a partir
de la Ley de Cuotas, nada más. La representación política es
mínima y las mujeres rurales no existen. Tenemos una mujer
rural en el Parlamento.
-¿Con qué documento votan ustedes?
-Con el DNI. Y estamos en un año preelectoral y
paradójicamente este año se celebran los 50 años del derecho
al voto de las mujeres.
-Elena, ¿a qué te referías cuando
manifestaste que la de ustedes es, además de una
organización feminista, también política?
-Es
que precisamente al plantear iniciativas, demandas y
propuestas ya estamos haciendo política para un cambio. Para
el cambio favorable de la situación de las mujeres y
precisamente todas las actividades de nuestra institución se
basan en un accionar efectivo, pero que a partir de ese
accionar acumulamos elementos que fundamentan nuestras
propuestas para hacer una presión y participación política.
Porque si no hay cambio legislativo en las esferas mayores,
poco o nada podremos avanzar. Es duro, pero creo que esa es
la esencia de nuestra misión, es bien parecida a una
organización sindical. Combatir las causas estructurales que
restringen la ciudadanía de las mujeres, esa es la misión
institucional.
Nosotras efectivamente siempre mencionamos que no somos una
ONG técnica, somos una Organización No Gubernamental
política-feminista y no técnica. Por eso la alianza con una
organización tan importante como la UITA es clave en todas
estas propuestas porque no la deja solamente a nivel
nacional donde nosotras podemos hacer todos los esfuerzos ya
que este problema afecta también a las demás mujeres de la
región, y ahí nosotras tenemos un límite.
Enildo Iglesias
© Rel-UITA
18 de mayo de 2005
1
La firma del Convenio permitirá, en el transcurso del
presente año, la implementación del Programa “Perú:
Mujeres rurales y su derecho a la identidad en la
construcción de una agenda regional”.
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