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Al negarse a elaborar
el protocolo médico correspondiente, el Estado peruano continúa violando el
derecho legal que tienen las mujeres a interrumpir su embarazo cuando éste pone
en riesgo su vida.
Así lo denunció el pasado 9 de julio Human Rights Watch
durante la presentación de su informe, en el que señala que las autoridades
peruanas deliberadamente se niegan a aprobar las directrices médicas para el
aborto legal. Angela Heimburger, investigadora de la organización,
sostuvo que en el país existe tal desinformación sobre el aborto que muchos
sectores piensan que éste es ilegal en todas sus formas, lo que no corresponde a
la verdad. "El Código Penal de 1924 estipula, muy específicamente, que procede
el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro o amenaza su salud", señaló
la investigadora.
Pese a ello, a las mujeres que, amparadas en este derecho,
acuden a los hospitales públicos en busca de ayuda se las reprime y se las
estigmatiza, subrayó. Y relató el caso de una mujer en Arequipa (al sur
del país) que hace dos meses acudió al hospital a que le practicaran un aborto
porque sufría problemas cardíacos, pero los médicos se negaron a ello por no
existir un protocolo oficializado por el Ministerio. La mujer murió poco
después.
Arequipa
es una de las regiones que se opone más tenazmente a oficializar un protocolo
médico para el aborto terapéutico. El obispo católico de esa ciudad ha amenazado
con la excomunión a los médicos que lo practiquen. "El Estado está en la
obligación de informar a los proveedores de servicios de salud que el aborto
terapéutico está autorizado por la ley", añadió Heimburger, pero también
reconoció que las autoridades se sienten presionadas por las jerarquías
eclesiásticas y sectores conservadores de la sociedad civil.
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Existe tal
desinformación sobre el aborto que muchos sectores piensan que éste
es ilegal en todas sus formas, lo que no corresponde a la verdad |
Las discusiones para elaborar el protocolo datan de varios
años. Incluso, durante el pasado gobierno del ex presidente Toledo se
llegó a tener un protocolo elaborado por los médicos de la Maternidad de Lima,
pero tuvo que ser dejado sin efecto por una directiva del Ministerio de Salud.
Se conformó, entonces, una comisión multisectorial, con participación de
representantes del Estado peruano, del colegio médico y del de obstetrices, pero
también de la jerarquía católica, que no aportó ninguna solución. Heimburguer
informó que el Ministerio de Salud le comunicó a Human Rights Watch, poco
antes de dar a conocer su informe, que el problema (de elaboración del
protocolo) "está en revisión". Por su parte, corresponsales de diversos medios
de comunicación internacionales, entre ellos SEMlac, después de conocido
el informe de HRW trataron infructuosamente de que alguna autoridad de
Salud se pronunciara al respecto, pero fue inútil.
Se estima que en Perú se practican más de 400
mil abortos clandestinos al año y está considerado como la tercera causa de
muerte materna en el país. Según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos, una de cada siete mujeres que se somete a abortos
clandestinos tiene que ser internada de urgencia en hospitales públicos o
clínicas particulares, por complicaciones que ponen en riesgo su vida. Asimismo, por cada mujer que
muere al someterse a un aborto clandestino, otras 50 ó 60 terminan incapacitadas
sexualmente para el resto de su vida,
declaró al diario La
República el doctor Luis Távara, presidente de la Confederación de
Derechos Humanos y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Obstetricia y Ginecología.
Para Human Rights Watch, detrás de la alta tasa de
abortos clandestinos se esconde también un problema de desigualdad social,
porque son las mujeres más pobres las que recurren a estas prácticas en las
peores condiciones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina
y el Caribe se realizan anualmente alrededor de 3,7 millones de abortos
ilegales. Aproximadamente el 10 por ciento de ellos termina con la muerte de la
mujer que se somete a esta práctica.
Por cada mil mujeres en edad reproductiva, se presentan 29 abortos no seguros, y
por cada 100 mil nacimientos se producen 30 muertes por abortos inseguros,
informa la organización.
Zoraida Portillo
SEMlac
15 de julio de 2008
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