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En menos de diez
días un nuevo tema relacionado con los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres peruanas divide al ejecutivo y desata
un acalorado debate en los medios de comunicación y entre la opinión
pública.
A la
polémica que se generó por la decisión de la Comisión Revisora del
Código Penal Peruano de mantener la legalidad del aborto terapéutico
y despenalizar el aborto por violación y por malformaciones
congénitas se sumó esta semana la sentencia del Tribunal
Constitucional (TC) que prohíbe al Estado la distribución
gratuita de la 'píldora del día siguiente" también conocida como
Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), "por tener
propiedades abortivas".
La
decisión levantó una ola de protestas de diversos sectores por su
carácter 'profundamente discriminatorio', ya que la píldora sí podrá
venderse en las farmacias y usarse en las clínicas privadas con una
advertencia de que "podría" inhibir la implantación del óvulo
fecundado.
El precio de la píldora
al tipo de cambio actual equivale a unos 12 dólares, imposible de
costear para la población pobre que, muchas veces, percibe menos de
un dólar al día. En cambio, el Ministerio de Salud la compra a 1,16 soles
(aproximadamente 40 centavos de dólar) y la distribuyen
gratuitamente a la población.
Fue el
propio Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez
Quesquén, quien dio a conocer el sábado que el Ejecutivo estudia
la posibilidad de acudir a tribunales internacionales para
solucionar la controversia generada por la sentencia del Tribunal
Constitucional, cuyos fallos son inapelables.
En
declaraciones a la agencia estatal Andina, señaló que aunque el
ejecutivo aún no ha tomado una decisión respecto del controvertido
fallo, sí se evaluará en los próximos días sus efectos y se dará a
conocer la posición oficial del ejecutivo. "De acuerdo al marco de
la Constitución nosotros tenemos la jurisdicción internacional",
declaró.
Por su
parte, la ministra de la mujer, Nidia Vílchez, dijo que el
fallo del TC no hará retroceder al gobierno en su política de
planificación familiar. Y Mauricio Mulder, secretario general
del partido gobernante, reconoció que la sentencia genera un
problema en las políticas de salud del Estado peruano y sugirió que
el Ministerio de Salud siga distribuyendo la píldora gratuitamente
como se viene haciendo desde 2006.
El
titular de ese sector, Oscar Ugarte no ocultó su indignación
por lo que calificó de un acto discriminatorio contra las mujeres
pobres del país. "Es una medida absurda e injusta, pues afecta a la
población más pobre que no tendría como acceder a este método vía el
Ministerio de Salud. Sin duda es un fallo que tendrá que ser
acatado, pero vamos a evaluar que otras alternativas tenemos",
adelantó.
La
sentencia del TC fue en respuesta a una demanda de amparo
interpuesta por la organización no gubernamental "Acción de Lucha
Anticorrupción sin componenda" que tiene entre sus miembros
honorarios a Yahvé, Jesucristo, al Espíritu Santo y a María del
Perpetuo Socorro.
Interrogado al respecto por SEMlac, Mulder dijo que ello
demuestra "de dónde provienen estas ideas" y que se están mezclando
"peligrosamente" en las leyes cuestiones científicas, con creencias
religiosas.
Como
para que no queden dudas de ello, el ministro de Defensa, Rafael
Rey, miembro conspicuo del Opus Dei, aplaudió la sentencia y
propuso que la prohibición se extienda a todos los establecimientos
privados del país. En el mismo sentido, el cardenal Juan Luis
Cipriani, también del Opus Dei, exhortó a las autoridades a
dar ejemplo de "tolerancia democrática", acatando la decisión.
Sentencia contradictoria y digitada
por la Iglesia
Sin
embargo, el fallo es muy controvertido pues contradice una sentencia
anterior emitida por el propio TC en 2006, autorizando la
distribución gratuita de la píldora en los establecimientos de salud
pública de todo el país, debido a que científicamente no se había
podido demostrar que fuera una píldora abortiva.
Javier Alva Orlandini, ex presidente del TC y miembro del mismo
cuando se emitió dicha sentencia, instó al organismo a corregir su
fallo, por ser discriminatorio —ya que solo afecta a quienes no
pueden comprar la píldora en las farmacias—, por atentar contra el
derecho ciudadano de elegir un método anticonceptivo y porque el
TC se contradice a sí mismo.
Pero para un amplio
sector de la opinión pública y líderes políticos, queda claro que
esta decisión ha sido empujada por sectores de la Iglesia Católica,
como respuesta a la ratificación que el pasado 20 de octubre realizó
la comisión revisora del Código Penal del Congreso de la República,
de despenalizar el aborto en caso de violación y de malformación
congénita incompatible con la vida, a pesar de las presiones y
advertencias de la jerarquía eclesiástica.
Gaby Cevasco, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora
Tristán, dijo a SEMlac que esta decisión "es un retroceso frente a
su anterior sentencia en la que señalaba, previa consulta a
organismos científicos nacionales e internacionales, la necesidad de
que las mujeres pudieran acceder a este método, pues al no ser
distribuida por los servicios de salud públicos se convertía en una
forma de discriminación".
Lamentó
que no se haya tenido en cuenta el alto número de mujeres víctimas
de violaciones sexuales y de la ocurrencia de relaciones sexuales
sin protección que originan embarazos no deseados,
principal causa de los
abortos, cuyas complicaciones por realizarse en condiciones
clandestinas y de riesgo, al estar penalizado, constituyen la
tercera causa de mortalidad materna en el país.
Jeannette Llaja, directora del Estudio para la Defensa y los
Derechos de la Mujer (DEMUS) señaló que la sentencia del
TC es un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres, en particular al derecho a acceder a la más amplia
gama de métodos anticonceptivos, y evidencia que el Estado peruano,
pese a ser constitucionalmente laico, tiene instituciones que no
actúan en forma autónoma.
"El
TC cimenta la situación de discriminación de las mujeres, sobre
de todo de las más pobres, las principales beneficiarias del sistema
público de salud, quienes ante embarazos no deseados no tendrán otra
alternativa que recurrir a abortos inseguros para sus vidas",
señaló.
Por su
parte, Susana Chávez, del Centro de Promoción y Defensa de
los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), propuso que los
laboratorios rebajen el precio de la píldora el día siguiente, a fin
de que la población de bajos recursos económicos pueda adquirirla a
un precio simbólico.
Según
Chávez, representantes del sector salud deberían tratar este
tema directamente con los laboratorios, sin dejar de lado cualquier
otra salida que impida que las mujeres pobres se vean perjudicadas
en su derecho a acceder a la anticoncepción social de emergencia por
una sentencia que carece de sustento científico.
"Esto
genera una brecha entre la población y genera que la condición
económica de cada persona defina si tiene acceso o no a lo que debe
ser una política de salud pública", dijo a SEMlac.
Para
las organizaciones de mujeres, la sentencia del TC no ha
tenido en cuenta la opinión de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), del Colegio Médico del Perú ni de la Academia
Peruana de la Salud que en su momento puntualizaron que la AOE
no es abortiva y no impide la implantación del óvulo fecundado ya
que no tiene efectos sobre el endometrio.
Zoraida Portillo y Julia Vicuña Yacarine
SemLAC
30 de octubre de 2009
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