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Tras un intento vano y una larga espera, el derecho a decidir
intenta ingresar en la agenda de debate del Congreso Nacional, con
la presentación hace unas semanas de un proyecto de ley sobre
interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa es impulsada por organizaciones que integran la
perseverante
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito y cuenta con el apoyo de un nutrido y diverso grupo de
representantes del Poder Legislativo nacional.
Se trata de un proyecto que ya había sido presentado el 28 de
mayo de 2007 bajo el N° 092-P-07 y que nunca fue discutido, pero el
primero de marzo del presente año perdió estado parlamentario.
En sus fundamentos, el texto propuesto sostiene que "la
despenalización del aborto implica la derogación de los artículos
del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres
que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y
socialmente. Sólo debieran castigarse por ley los abortos realizados
contra la voluntad de la mujer".
"La legalización del aborto
-continúa la fundamentación-
significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar
políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales
públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes
no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas
prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de
las mujeres".
El proyecto también menciona que hubo algunos cambios en la
interpretación judicial durante el bienio 2006 y 2007 al considerar
como no punibles: violación en todos los casos y ampliar el concepto
de riesgo para la salud, incluyendo el aspecto psicológico,
basándose en la definición de la Organización Mundial de la Salud.
Luego en su articulado el proyecto dice que "toda mujer tiene
derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante
las primeras 12 semanas del proceso gestacional". Además, garantiza
que el aborto "se podrá realizar en todos los servicios del sistema
de salud".
Posteriormente, aclara que fuera del plazo de las 12 semanas
indicada en el primer artículo, las mujeres tendrán derecho a
decidir la interrupción de su embarazo cuando este fuera producto de
una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o
formulada en un servicio de salud, estuviera en riesgo la salud o la
vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.
En el artículo sexto se refiere a la objeción de conciencia
en los profesionales y personal de la salud y estipula que deberán
manifestar su postura a las autoridades de los establecimientos a
los que pertenezcan dentro del plazo de 30 días corridos, contados a
partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen
posteriormente, podrán manifestar su objeción de conciencia en el
momento en que comiencen a prestar servicio.
Estela Díaz,
coordinadora de la Campaña Nacional, explicó que "este proyecto, que
lleva la firma de 33 diputados y diputadas, es el mismo que se
presentó en 2008, fruto del debate plural y federal entre
organizaciones sociales, sindicales, científicas, en 17 provincias.
Hemos logrado que se debata en la calle, ahora queremos que se
institucionalice en el Congreso. Este debate profundizará nuestra
democracia".
En tanto, la diputada nacional
Cecilia Merchán,
presidenta del bloque Libres del Sur, se refirió a la necesidad
urgente de que
Argentina tenga una ley que garantice el
derecho al aborto legal seguro y gratuito.
"Más allá de las posibilidades concretas que existen de que
este proyecto salga, es urgente hablar de la situación de
clandestinidad e inseguridad que viven hoy las mujeres que quieren
abortar. Esto lo digo desde mi experiencia personal, que es lo que
me lleva a sentirme orgullosa de legislar como mujer", aseveró
Merchán.
En
Argentina se realizan 800.000 abortos por año, y su práctica
clandestina constituye la primera causa de muerte materna. De
acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, el 37 por ciento de
los embarazos que se registran en el país terminan en aborto, de los
cuales cerca del 15 corresponde a adolescentes menores de 20 años.
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