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Alrededor de 70 mujeres
murieron durante 2007 a manos de sus esposos, convivientes o ex parejas. Es una
cifra oficial, que oculta muchos más casos no contabilizados como tales o que ni
siquiera se denuncian. Pero el problema de la violencia contra la mujer requiere
soluciones urgentes y un cambio cultural, sobre todo en los sectores populares.
La violencia contra la mujer se expresa en todos los ámbitos:
laboral, educacional, legal, político, de salud y cultural. Las políticas
públicas y la legislación al respecto siguen siendo débiles. Lo mismo se podría
decir de la infancia, los ancianos, los trabajadores, los estudiantes, los
pobladores y un largo etcétera.
Muchas veces, la legislación actual deja a las mujeres en una
situación de completa vulnerabilidad y abandono cuando se atreven a denunciar a
su agresor o a plantear sus derechos en un tribunal. La cultura machista, que
privilegia los papeles tradicionales en la familia y la violencia, se mantiene
gracias a un sistema económico que acrecienta la desigualdad en todos los
órdenes.
Exigir una preocupación real del Estado contra la brutal
feminización de la pobreza en nuestra sociedad es, por tanto, una tarea de todas
las organizaciones sociales y sindicales. Demandar al Estado políticas públicas
que aseguren el acceso a una vivienda a las mujeres jefas de hogar, y a la
justicia y a un seguimiento eficaz de las causas en lo relativo a las mujeres
violentadas, es urgente.
Las organizaciones de mujeres exigen la aprobación de una ley
de paternidad que sea equitativa a la de maternidad y que otorgue el beneficio
de asignación económica por hijos a cada mujer. También exigen una ley de
protección de la infancia, y se deberían agregar una ley de participación
política de la mujer y un marco legal que castigue el feminicidio y el acoso
sexual y asegure una protección real de las víctimas de violencia. Las
preocupaciones de las organizaciones de mujeres deberían ser también de todos
los sectores populares.
La discriminación laboral que sufren las mujeres no es nueva.
La violencia y el abuso no son nuevos. La explotación de un sistema que
beneficia sólo a los más ricos no es nuevo. Durante décadas, Chile no ha
sabido hacer frente a condiciones laborales indignas, acoso laboral, abuso
sexual, inequidad salarial y desigualdad en el acceso al trabajo, la salud, la
educación y la justicia.
A pesar de algunos esfuerzos del gobierno anterior, el
panorama no ha cambiado sustancialmente. Siguen imponiéndose condiciones
indignas de trabajo a miles de mujeres: en la industria del salmón, en los
grandes supermercados y multitiendas, en la agricultura, en los servicios
educacionales y de protección a la infancia, en el propio Estado. Los sueldos de
las mujeres siguen siendo un 30 por ciento menores que los de los hombres aunque
realicen el mismo trabajo. Y eso debe cambiar. Las organizaciones sociales y
sindicales deben luchar por ese cambio. Porque no lo hará nadie más.
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