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América Latina
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La violencia sexual
contra las mujeres permanece impune en zonas de conflicto
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En Perú, a las mujeres les resulta más sencillo denunciar la
violencia ejercida contra sus maridos, padres y sus hijos
que la cometida contra ellas.
En Colombia, la mujer víctima de la violencia sexual rara vez
la denuncia. Pero incluso cuando reúne fuerza para hacerlo y
persiste, es poco probable que el caso se investigue de
forma completa e imparcial.
El informe “Impunidad: Pongámosle fin” retrata esta
desprotección que viven estas mujeres víctimas de la
violencia sexual en países que viven en conflicto o en época
post conflicto como son Perú, Guatemala y Colombia.
Este documento ha sido elaborado por la ONG de cooperación
internacional Consejería en Proyectos y publicado en España
por Solidaridad Internacional.
Recoge datos de informes nacionales y testimonios recogidos
por otras ONG en el terreno que describen los patrones de
violencia ejercidos, reflexionan sobre los efectos de ésta y
analizan los instrumentos jurídicos que existen en este
sentido.
A su suerte
En el caso de Colombia, aunque las leyes se han reformado,
“en la práctica no ha habido casi ningún cambio sustancial”.
Las mujeres que se atreven a denunciar a la justicia, se
encuentran con obstáculos sustentados en la ideología o en
el miedo hacia la política criminal o a las represalias de
los paramilitares.
Allí las víctimas son frecuentemente sometidas a
interrogatorios “abusivos y humillantes”, sin apoyo legal ni
emocional.
En las leyes peruanas hay muchas carencias en este aspecto.
Por ejemplo, sólo las víctimas de la violación sexual pueden
percibir reparaciones. No se consideran otras formas de
violencia sexual, tales como los embarazos o abortos
forzados y las uniones forzadas. Además, tampoco se
consideran víctimas a las mujeres que pertenecieron a algún
movimiento subversivo.
Por otra parte, a veces se añaden obstáculos sociales y
culturales adicionales a la atención de estas mujeres. Así,
las que viven en zonas como Huancavelica en Perú son
constantemente agredidas por otras por el hecho de denunciar
sus casos.
Desde Guatemala se informa de que, en los juicios contra los
acusados, las declaraciones contienen “fallos en la
interpretación al no ser capaz el intérprete de captar las
expresiones de las mujeres dada la diversidad de dialectos
que existen”.
Invisibles
Estos son sólo algunos ejemplos de las dificultades que
tienen las mujeres para denunciar ante la justicia la
violencia sexual que sufren. Mientras, según el informe, “la
violencia contra las mujeres continúa bastante
invisibilizada debido a que la gran mayoría pertenece a
pueblos indígenas o afro descendientes, y vive en situación
de pobreza o pobreza extrema”.
La violencia sexual es un crimen de difícil contabilización
cometido casi exclusivamente contra las mujeres. Los autores
de estos abusos pueden pertenecer tanto a ejércitos
gubernamentales –en la mayoría de los casos– como a
guerrillas.
Esta práctica –utilizada como arma de intimidación– no se
reduce a la violación, sino que también se utiliza la
mutilación genital, el castigo ejemplar, el control de la
vida sexual, la imposición de normas de conducta, la
esclavitud sexual, la anticoncepción y el aborto forzados.
Según el documento, el vivir en permanente riesgo de ser
atacada, tiene efectos sobre la identidad: “Implica reforzar
una mirada de víctima y correr el riesgo de quedar
estancadas en dicho rol, construyendo una identidad desde la
fragilidad y la vulnerabilidad”.
Espacio para la esperanza
Sin embargo, a partir de este drama también han surgido
experiencias positivas. Una de las consecuencias es la
creación de organizaciones para las mujeres y la defensa de
sus derechos en Perú, Guatemala y Colombia, “a pesar del
miedo y del terror”.
Las forman mujeres indígenas que abandonan su papel
tradicional para cumplir un rol activo y participativo.
Sin embargo, aunque juegan un papel central en el activismo,
sus demandas frecuentemente se suelen formular en defensa de
alguien más: “Las mujeres denuncian en nombre de los hijos o
sus esposos desaparecidos, sin identificarse ellas como
principales víctimas”.
Así, el informe señala que resulta fundamental trabajar para
garantizar la participación de las mujeres en los programas
sociales públicos y de ONG e incluye un capítulo dedicado
específicamente a retos en la lucha contra la violencia y la
impunidad, sugiriendo iniciativas de formación de jueces y
fiscales, establecimiento de protocolos en hospitales e
institutos forenses o programas de salud mental y autoestima
destinados a las víctimas.
Olga
Berrios *
Agencia de
Información Solidaria
1 de marzo
de 2006
*
Periodista de Canal Solidario One World.
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