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Las
negociaciones para constituir un Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA),
han cobrado un
nuevo ímpetu en las últimas semanas. Las reuniones gubernamentales que se
sucedieron en Buenos Aires y Quebec,
el pasado abril, finalizaron con nuevos acuerdos, mientras que en las calles tenían
lugar marchas y protestas ciudadanas.
En
el ALCA participan todos los países de Latinoamérica y el Caribe,
junto a Estados Unidos y Canadá,
con la excepción de Cuba. En caso de
concretarse será el bloque comercial más grande del mundo, con más de 800
millones de personas. Si bien la propuesta se ha venido discutiendo por años, y
sus antecedentes se remontan a la Iniciativa de las Américas del entonces
presidente George Bush (padre), fue
la administración de Bill Clinton la
que inició el proceso formal. Más recientemente, Clinton aceleró las
negociaciones, coqueteó con Chile
(para asestar un golpe al Mercosur y
a las resistencias de Brasil), y llamó
a las reuniones presidenciales. En efecto, la Cumbre Presidencial de las Américas, realizada en Quebec,
Canadá (del 20 al 21 de Abril de 2001), fue la tercera de su tipo,
y en ese caso la batuta pasó a manos del nuevo presidente de los EE.UU., George
Bush, quien proclamaba que "ha
llegado la hora de extender los beneficios del libre comercio a todos nuestros
pueblos", defendiendo el comercio abierto como un instrumento clave
para crear y expandir la prosperidad y apuntalar las libertades democráticas,
poniendo como ejemplo el acuerdo de América del Norte.
En Quebec los presidentes aprobaron una serie de acuerdos generales, casi todos englobados en un Plan de Acción, que en líneas generales repite las ideas de la anterior cumbre de Santiago de Chile (1998). Se destacó la aprobación de una cláusula democrática como condición para integrar el ALCA, inspirándose en una medida similar del Mercosur, aunque los detalles de su implementación todavía no son claros. Si bien la condición fue apoyada por todos, el presidente venezolano, Hugo Chávez, marcó la posibilidad de eliminarla y propuso reemplazar el término "democracia representativa" por el de "democracia participativa". Entretanto, marchas de miles de personas se sucedían en las calles, vigiladas por el mayor dispositivo policial que conoce la historia reciente de Canadá.
LOS
PASOS CONCRETOS EN BUENOS AIRES
Si
bien la prensa ha dado mucho más cobertura a la Cumbre
Presidencial de Quebec, en realidad los acuerdos más importantes sobre el ALCA
se lograron antes en Buenos Aires
(6-7 de abril). Examinaremos seguidamente los aspectos más destacados.
En
primer lugar se acordó un
cronograma preciso, manteniéndose como meta para terminar las negociaciones
enero de 2005, y una puesta en marcha en diciembre de ese año. Las pretensiones
de EE.UU. en adelantar las fechas no
logró consenso, pero tampoco triunfaron los intentos brasileños de atrasar
todo un poco más.
Este
acuerdo no es un hecho menor, y deja en evidencia que el tiempo disponible es
realmente escaso, ya que en diversos temas claves deben haber recomendaciones y
resoluciones en abril de 2002, para iniciar negociaciones específicas el 15 de
mayo de 2002. Bajo ese calendario, los gobiernos ya deberían estar trabajando
con grupos técnicos y consultas, y por otro lado las organizaciones ciudadanas
ya deberían estar reclamando participación.
En
Buenos Aires también se logró otro acuerdo de enorme importancia:
dar a conocer al público los borradores de la negociación. Todos esos textos
venían siendo mantenidos en secreto por los gobiernos, lo que ha desatado las
críticas de sindicatos y ONGs por años. Felizmente esa resolución se ratificó
en Quebec y se esperan conocer todos
los textos en las próximas semanas.
Los
gobiernos acordaron que en el ALCA se
respetaría un acuerdo único ("single undertaking"), donde no habrá
acuerdo final hasta que todos los temas hayan sido resueltos. Esta cláusula es
uno de los principales reaseguros de los gobiernos del Sur para lograr algunas
concesiones, y a partir de ella se espera imponer el "paralelismo" en
las negociaciones, donde las concesiones arancelarias que se otorgarán, debían
recibir como contraparte desmantelamientos del proteccionismo agrícola de Estados
Unidos y Canadá. En otros temas se mantienen las diferencias entre los
gobiernos; es el caso de las
medidas antidumping, subsidios y barreras fitosanitarias, usados con frecuencia
por Estados Unidos y que obstaculizan la apertura.
Más
allá de la polémica agropecuaria (que será analizada en detalle en un próximo
SIREL), son pocos los gobiernos Latinoamericanos que reclaman
reformas sustanciales en las prácticas comerciales de EE.UU. y Canadá. El
presidente de Brasil, Fernando H. Cardoso,
firmemente advirtió que su país sólo entraría a una zona de libre comercio
si EE.UU. y Canadá
aceptaban negociar sus barreras no arancelarias. Cardoso
afirmó que el ALCA "será bienvenido si su creación significa un paso para dar acceso
a los mercados más dinámicos, de lo contrario, sería irrelevante o, en la
peor de las hipótesis, indeseable". Estas declaraciones en parte se
deben a haber obtenido el compromiso argentino de negociar el ALCA desde el Mercosur y
tras el anuncio de la intención de Venezuela
de ingresar a ese mismo acuerdo.
Sin
embargo, los demás países parecen entusiasmados con ingresar al ALCA
rápidamente. Chile ya se ha
adelantado en ese camino con una negociación por separado con los EE.UU.,
mientras el presidente uruguayo Jorge
Batlle llegó a convocar a sus pares a "ayudar" al presidente de
Estados Unidos en obtener el apoyo del congreso haciendo "lobby" con
los congresistas del Partido Demócrata. Algunos gobiernos no ocultan su
preocupación, pero no buscan un proceso de integración alternativo sino
salvaguardas que atiendan preferencialmente a sus economías de pequeño porte
(es el caso de varios países de Centroamérica
y el Caribe).
LIBERALIZACION
HACIA EL SUR
Toda
la información disponible indica que la propuesta actual del ALCA,
está inspirada en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)
que vincula a Estados Unidos con Canadá
y México. La iniciativa se restringe al plano económico, y más
específicamente al comercial, sin contrapesos políticos sustantivos. Por lo
tanto, el viejo esquema de "un país un voto" queda en los hechos
suplantado por poderes de negociación proporcionales a las economías. En su
actual sentido, el ALCA es además un
proceso asimétrico, donde las naciones de América
Latina y el Caribe deberán
reducir sus aranceles y protecciones, de hecho ya muy bajas, sin saberse cuáles
serán las contrapartidas de EE.UU. y
Canadá en rubros claves como el
agroalimentario. La misma asimetría se repite en otras cuestiones, como la
pretensión de Washington de mantener sus mecanismos de antidumping o de
expandir sus exigencias en patentes. Finalmente, todo parece indicar que
siguiendo el ejemplo del TLCAN, se
transferirán enormes capacidades de acción a las empresas internacionales y su
flujo de capitales, incluyendo serios recortes a la soberanía de cada país
para regularlas. Justamente ese punto cobró notoriedad al filtrarse al público
el borrador del capítulo en inversiones (que será analizado en un próximo
boletín). Entremezclado con todo esto se encuentran las demandas sociales por
mecanismos de regulación sobre la inversión y de protección laboral y
ambiental.
Otros
temas sustantivos se podrán sumar a la agenda, ya que se aceptó que cada país
sume nuevos temas a la negociación. No es una posibilidad menor, ya que con
ello ha quedado confirmado que las cuestiones laborales podrán ser ingresadas
en la agenda, posiblemente
en el grupo sobre inversiones.
DEBATE
CIUDADANO y LA DIMENSION SOCIAL
Una
de las más importantes polémicas sobre el ALCA
se centra en la inclusión de condiciones laborales y ambientales. Si se desea
poner el comercio en función de las necesidades de las personas, será
necesario introducir salvaguardas laborales y ambientales. Sin embargo, casi
todos los gobiernos están en contra de esa posibilidad, tanto en el sur como en
la nueva administración Bush.
Ha
sido la presión ciudadana en Canadá
y en EE.UU. que ha determinado que algunos sectores políticos tengan
presente ese reclamo (especialmente por las presiones de sus centrales
sindicales). Lamentablemente algunos presidentes Latinoamericanos piensan
esencialmente lo mismo. Ricardo Lagos
de Chile ha sostenido que su país no
aceptará reducir su capacidad exportadora bajo el pretexto de normas
ambientales, y justamente en estos días su gobierno está discutiendo una nueva
reforma laboral hacia abajo.
Desde
la sociedad civil las posturas son claras. En el caso laboral, las declaraciones
de las centrales sindicales reclaman puntos como asegurar el empleo y su
calidad, apelan a los compromisos dentro de la OIT,
y asegurar la atención de las asimetrías. Los mayores sindicatos del
continente, junto a organizaciones agropecuarias, ambientales, indígenas y
sociales se vienen movilizando para enfrentar este programa de liberalización.
En especial la coalición "Alianza
Social Continental" fue la que organizo varios de los talleres y
marchas en Buenos Aires y Québec, con una masiva respuesta.
FUTURO
DEL ALCA
Recordemos
que para negociar el ALCA, Bush
necesita una autorización del Congreso, la que se comprometió a obtener antes
de fin de año. Existen fundadas incertidumbres sobre sus posibilidades. En
especial, la reciente renuncia de un legislador republicano a su banca, para
convertirse en independiente, dejó al partido de Bush en minoría.
En
América Latina el panorama es igualmente complicado. La oposición
al ALCA se desenvuelve en una
coyuntura tensionada. Por un lado, la mayor parte de los gobiernos
latinoamericanos alientan el acuerdo, donde cualquier cuestionamiento es mirado
con recelo. Las posturas de cierta autonomía y nacionalismo, como en Brasil, pueden mover a la simpatía, pero un examen más atento deja
en claro que el proyecto de integración del gobierno de Cardoso no implica nuevas alternativas sociales. Importantes
sectores dentro de EE.UU. y Canadá,
con el apoyo de importantes corporaciones, presionan por acelerar las
negociaciones. Ante esas presiones, y la falta de nuevas posturas desde los
gobiernos del sur, el panorama que se cierne sobre las organizaciones ciudadanas
es preocupante. Pero antes que paralizarse ante la gravedad de esta propuesta,
se hace más urgente informarse sobre el ALCA,
organizarse frente a ella, coordinar con el mayor número posible de
organizaciones ciudadanas, y comenzar a pensar sobre posibles alternativas en la
integración regional.
Autor:
Eduardo Gudynas
Centro
Latino Americano de Ecología Social (CLAES)
claes@adinet.como.uy
www.ambiental.net/claes
©
Rel-UITA
Documentos
y declaraciones sobre las posiciones de la sociedad civil en el ALCA
están disponibles
en la web de CLAES sobre integración:
www.ambiental.net/integracion
"SIREL
es una publicación plural, que respeta las opiniones de sus colaboradores, pero
que no comparte necesariamente todos los puntos de vista manifestados en los artículos
publicados."
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