Suplemento especial: DESIGUALDAD Y HAMBRE

La reforma agraria,

algo más que repartir tierras

La tierra representa, quizá mejor que ningún otro bien, la desigualdad en las oportunidades, la injusta distribución de las riquezas de nuestro mundo.

 

De los 3.048 millones de hectáreas de tierras emergidas del Planeta, sólo el 11% es terreno cultivable. La distribución entre los continentes es bastante igualitaria, pero la propiedad está muy mal repartida. Una cantidad cada vez mayor de tierra es propiedad de un número muy reducido de personas, mientras que las grandes mayorías poseen cada vez menos tierra y de muy baja calidad.

 

Este injusto reparto es una de las principales causas de la pobreza rural que afecta a más de 1.000 millones de campesinos de nuestro mundo. El difícil acceso a las tierras también genera el hambre de 840 millones de personas que no pueden acceder a unos alimentos que se producen pensando en el mercado internacional y no en las necesidades de la población local. La distribución actual de la tierra tiene implicaciones más allá de lo económico: creciente emigración a las grandes urbes, marginación, e incluso eliminación física de minorías étnicas y un deterioro ambiental enorme, sobre todo en deforestación.

 

Parece obvio que una reforma agraria a fondo sería la respuesta adecuada. Pero el reparto sin más de tierras, sin tener en cuenta otros factores, se ha demostrado que no impulsa el desarrollo. Es un error pensar que consiste solamente en expropiar grandes latifundios, dividir las tierras en parcelas compatibles con la capacidad laboral de cada familia y repartir a los beneficiarios unos títulos de propiedad.

 

Para poner en marcha una reforma agraria que responda a los graves problemas económicos y sociales del sector agrícola de los países pobres, asegurar el reparto a las tierras no debe ser más que una primera parte del programa. Después hay que prever medidas que permitan acceder a los factores de producción y a las infraestructuras para una mejora continua de la productividad y de la comercialización de sus productos. Hay que prever el acceso a los servicios sociales que mejoran la calidad de vida y la capacidad de autopromocíón de las personas. Para que la reforma agraria sea un éxito, las políticas nacionales y las de los organismos internacionales deberán ser totalmente coherentes con ella.

 

La investigación resulta fundamental para alcanzar tres objetivos esenciales: la oferta de tecnologías apropiadas, el incremento de la producción y la protección del medio ambiente. Además, es necesario fomentar las infraestructuras rurales, pues una agricultura en desarrollo conlleva una demanda creciente de energía, carreteras, telecomunicaciones y suministro de agua para riego.

 

Por otro lado, a quienes reciben la tierra se les debe garantizar la posibilidad de disponer de modernos factores de producción a precios razonables. Por lo general, los beneficiarios deben recurrir al crédito con elevados costes. Sería conveniente pues, fomentar las iniciativas de creación de bancos locales en cooperativa.

 

Los programas de reforma agraria deben prever fuertes inversiones en servicios como sanidad, enseñanza, transportes públicos y abastecimiento de agua potable en las áreas rurales. Sus posibilidades de desarrollo están limitadas por la escasa capacidad que tienen estos pueblos de influir en las decisiones políticas y por el hecho de que la imposición fiscal, que debería gravar a los latifundios aún está pendiente.

 

En estos países, las mujeres son las que desempeñan más de la mitad del trabajo en el sector de la agricultura, además recae sobre ellas la responsabilidad de la producción de alimentos para la familia. Sin embargo, están marginadas por formas graves de injusticia económica y social. Para que los programas de reforma agraria tengan éxito, habría que garantizar a la mujer el derecho a la tierra, la atención de los servicios de asistencia técnica, una instrucción escolar más amplia y de mayor calidad y un acceso al crédito más fácil.

 

En los programas de reforma agraria se debe prestar atención al papel decisivo desempeñado por la cooperación, puesto que apoya el despegue y el desarrollo de las empresas agrícolas nacidas de la redistribución de las tierras. Es difícil que estas empresas dispongan de los principales factores de producción, de los que a menudo no existe un mercado en el ámbito local o tienen precios muy altos.

 

A través de la reforma agraria se deben encontrar procedimientos que permitan encarar el problema de la devolución de las tierras a los pueblos indígenas que las ocupaban anteriormente, sobre todo de las tierras arrebatadas, incluso recientemente, con violencia y discriminaciones. La reforma debe facilitarles unas condiciones equivalentes a las que disfrutan los demás sectores de la población.

 

El compromiso que se pide al Estado es muy importante porque conlleva la modificación de organismos, de instituciones y de normas que a menudo se encuentran a la base de la organización política, económica y social. Habría que revisar el marco jurídico que regula el derecho a la propiedad; las políticas y leyes que tutelan los derechos fundamentales; favorecer la descentralización administrativa y fomentar la participación activa de las comunidades locales; y armonizar las políticas macroeconómicas.

 

La reforma agraria, como instrumento de una agricultura en desarrollo, implica directamente competencias y responsabilidades de muchas organizaciones internacionales. La reducción de la deuda externa, conlleva en los países pobres graves deterioros de los servicios públicos como enseñanza y salud. Y por último, la reforma agraria exige que las organizaciones encargadas de promover el comercio internacional presten una atención particular a las relaciones existentes entre políticas comerciales, distribución de la renta y satisfacción de las necesidades básicas de las familias.

Autor:

Miguel Ángel Sánchez

ONG Justicia y Paz

Centro de Colaboraciones Solidarias

4 de agosto de 2000

 

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