Si bien las maquilas aparecieron en América Latina en los años 60 y 70, bajo los auspicios de Estados Unidos, es en los 90 que toman un gran impulso con la liberalización del comercio internacional y la mundialización de la economía. Los derechos laborales, reconocidos en numerosas declaraciones y convenciones internacionales, son letra muerta para muchos gobiernos, transnacionales y empresarios de las plantas maquiladoras, para quienes, el fin supremo de la rentabilidad justifica todos los medios.

Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la elaboración de un producto destinado a la exportación, ubicándose en las “zonas francas” o “zonas procesadoras de exportación” en donde se benefician de numerosas ventajas que les ofrecen los países receptores. En un contexto de fuerte competencia, las transnacionales buscaron rebajar al máximo los costos de producción por la vía de trasladar las actividades productivas de los países industrializados a los países periféricos con bajos salarios sobre todo en aquellas ramas en las que se requiere un uso intensivo de mano de obra. Las maquilas aprovechan la enorme diferencia salarial que existe entre el Norte y el Sur. Mientras un obrero mexicano, en 1998, ganaba 17,2 dólares, es decir once veces más.

En América Latina

Las maquilas cobran una creciente importancia. En México una cuarta parte de la mano de obra industrial (más de 1.100.000 obreros/as) trabaja en las 4.079 plantas maquiladoras ubicadas ya no solo en los estados fronterizos con Estados Unidos sino en el interior del país. En este país se han instalado grandes transnacionales japonesas, europeas, canadienses y estadounidenses, que cubren ramas tan variadas como la confección, accesorios y máquinas eléctricas y electrónicas, muebles, automotriz, químicos, alimentos, juguetes, calzado y cuero. En Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana las maquiladoras dedicadas a la rama textil, el vestuario y el montaje electrónico emplean más de 500.000 personas. La mayor parte son de propiedad coreana, taiwanesa y norteamericana y exportan a Estados Unidos.

¿Son la solución?

En una situación de crisis, ajustes estructurales, crecimiento sin precedentes de la pobreza y la conflictividad social, las maquiladoras son presentadas por los gobiernos como la panacea para “combatir el desempleo, obtener divisas y transferencia de tecnología”. ¿Cumplen realmente este papel? Diversos estudios y opiniones confirman que la respuesta es rotundamente negativa.

Los gobiernos centroamericanos hacen alarde de sus cifras de exportación que aumentan fuertemente gracias a la industria de las maquilas y, según las estadísticas, 6 países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) exportan más de 3.000 millones de dólares, según el estudio “Les Republiques Maquilas” de Kain Lievens, de Oxfam Solidaridad de Bélgica. Sin embargo, la realidad no es como la pintan.

En El Salvador, por ejemplo, en 1996, las maquilas exportaron alrededor de 709,7 millones de dólares, pero en el mismo tiempo importaron alrededor de 541,5 millones de dólares. El saldo de estas dos operaciones es de apenas 168,2 millones de dólares que incluyen arriendo de terrenos, salarios, agua potable, electricidad y mantenimiento de las máquinas. No pagaron impuestos sobre las exportaciones e importaciones, ni tasas comunales o derechos de aduana. Las maquilas no hacen uso de las materias primas nacionales porque importan todos los insumos, desde el hilo hasta los botones. Y tampoco transmiten conocimientos y tecnología porque la industria del vestido, en esta etapa, no requiere de tecnologías avanzadas, según el estudio de Oxfam Bélgica.

El trabajo femenino

El componente mayoritario de la fuerza laboral de las maquilas es femenino. En México, en 1996, las mujeres conformaban el 58% del personal no especializado, y en Centroamérica el porcentaje era más alto, alcanzando hasta el 95% en el caso de Panamá. Los empresarios de las maquilas prefieren mujeres jóvenes (de 15 años a 25 años), sin hijos, sin experiencia laboral y no embarazadas (En México y El Salvador les exigen certificados de no gravidez, y el embarazo constituye causa de despido inmediato). Para ellos, la mano femenina debe ser “dócil, disciplinada y paciente”, con destrezas para realizar determinado tipo de tareas que son extensión de las tareas domésticas y otras que se les ha “inculcado a través de los procesos de socialización”, según señala el estudio “El fenómeno maquilador en México y Honduras” de la Confederación Mundial del Trabajo, CMT.

Más allá de estas consideraciones, sin embargo, se encuentran razones de orden pragmático: el trabajo femenino aporta mayores ganancias a los empresarios pues reciben salarios inferiores a los de los hombres, incluso cuando realizan idénticas tareas. En Honduras hay un total de 174 empresas que emplean unas 110.000 personas. Las mujeres, por lo general, sufren acoso sexual, son sometidas a insultos y vejaciones e incluso a castigos corporales cuando no cumplen con las cuotas de producción. Las largas jornadas de pie, el estrés relacionado con el trabajo, la mala ventilación de los locales y la retención prolongada de la orina les provocan problemas de salud como vómitos, sinusitis y alergias.

¿Dónde están los beneficios?

“Las industrias maquiladoras no solamente dejan mujeres enfermas o exhaustas sino además todos los tóxicos de este tipo de industrias”, afirma Alejandro Villamar, integrante de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio.” No existe infraestructura ambiental, la mayoría de las empresas no reporta ni cumplen con su obligación de regresar todos los deshechos tóxicos a su lugar de origen, y entonces, los afectados no solamente son los trabajadores que están en la maquila sino toda la comunidad, incluyendo los niños y los viejos. El norte de la República tiene los índices más altos en cuanto a niños que nacen sin cerebro, o con espina bífida o con cánceres en diferentes partes del cuerpo”, enfatiza.

El enemigo # 1

Para las plantas maquiladoras el enemigo irreconciliable es el sindicalismo. Su ausencia les permite maximizar las ganancias a costa de la precariedad de la fuerza laboral. Por ello, reprimen las actividades sindicales y elaboran “listas de no recomendables” en las que incluyen a los activistas. Cuando se forman sindicatos que piden mejores condiciones de trabajo, los “inversionistas” amenazan con cerrar la fábrica y marcharse a otro país. En Guatemala, las maquiladoras emplean a unos 80.000 trabajadores/as. Aunque la violencia en las maquiladoras ha disminuido, existen informes según los cuales los dueños de las fábricas y los empleadores contratan matones y pistoleros para intimidar a los trabajadores, señala el informe de 2000 sobre violaciones de los derechos sindicales, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL.

Rodeado por alambres de púas y custodiada por guardias armados la zona franca industrial Las Mercedes, en Nicaragua, reúne a 19 fábricas taiwanesas, norteamericanas y coreanas. En 1997 se abrió allí una oficina del Ministerio de Trabajo y se han formado algunos sindicatos. Sin embargo, estos encuentran grandes obstáculos para desplegar sus labores pues frecuentemente se amenaza y despide a los dirigentes.

En San Salvador, en donde hay unos/as cien mil trabajadores/as en unas 225 empresas maquiladoras, la situación es parecida. La oficina del Defensor del Pueblo informó que más de una tercera parte de las trabajadoras declararon haber sido maltratadas, más de un tercio amenazadas, el 3% golpeadas y el 3% acosadas sexualmente. En República Dominicana las violaciones de los derechos laborales son constantes. Para evitar correr con los costos de antigüedad, vacaciones y aguinaldos se despide a las trabajadoras antes de fin de año y se las recontrata pocas semanas después.

¿Cuáles son las salidas?

Las condiciones inhumanas de trabajo que imperan en las maquilas alarmaron a organizaciones civiles del Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia que han lanzado, en los últimos años, campañas para exigir a las empresas “productos ecológicos y socialmente correctos”.

Las transnacionales, para lavar su mala imagen, adoptaron códigos de conducta elaborados por ellas mismas y a veces con el asesoramientos de ONG´s. Grandes transnacionales de ropa, como Levis y Gap, y de calzado, como Reebok y Nike, incluyeron en sus códigos aspectos relacionados con salud y seguridad en el trabajo, discriminación, trabajo infantil, niveles de salarios y trabajo forzado. Muchos de estos códigos, sin embargo, no mencionan ni siquiera los convenios y declaraciones sobre derechos laborales de la OIT y otros instrumentos de derechos humanos. De otro lado, muy pocos reconocen la libertad sindical. Un primer problema con los códigos de conducta es que hay una gran distancia entre la letra de los textos y su cumplimiento. En segundo lugar, está el problema del control. Las transnacionales contratan a sus propias empresas auditoras para que realicen el control en materia ambiental y laboral, y excepcionalmente admiten el monitoreo de redes independientes de la sociedad civil. En estos procesos siempre hay un gran ausente: los trabajadores de la misma empresa. Organismos de derechos humanos opinan que las transnacionales y sus subsidiarias no pueden ser “zonas de no derecho”, es decir exoneradas de la normatividad nacional e internacional que en cambio sí rige para los Estados. Como personas jurídicas, las transnacionales y sus dirigentes deben estar sujetos a las “normas vigentes de fuerza obligatoria (pactos, convenios, etc.), ya porque son vinculantes o porque forman del jus cogens (normas imperativas de aplicación universal) en materia de derechos humanos en general, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales”, escribe el abogado Alejandro Teitelbaum, representante en Ginebra de la Asociación Americana de Juristas, en el artículo “El encuadramiento jurídico de las actividades de las empresas transnacionales”.

Diario La Juventud

Uruguay

11 de octubre de 2001