El pasado 11 de octubre último cinco trabajadores de la maquiladora mexicana California Connection fueron despedidos. La empresa no oculta el motivo: son trabajadores conflictivos. Es decir, pertenecen a un sindicato independiente y se movilizan para luchar por sus derechos. Este caso no constituye una excepción. Las condiciones de trabajo en las maquilas de América Latina (concentradas sobre todo en el área de Centroamérica y el Caribe) violan de forma sistemática los derechos básicos de sus trabajadores: jornadas interminables, sueldos míseros, ausencia de seguridad, falta de protección ante materias peligrosas, eliminación de cualquier derecho laboral, abusos físicos y sexuales... Si hay cualquier tipo de queja el obrero es despedido. El derecho a organizarse no existe más allá de las asociaciones solidaristas creadas y dirigidas por las empresas. Si un obrero se afilia a un sindicato independiente se le asignan tareas más duras o es directamente despedido. Las listas negras de trabajadores "conflictivos" circulan entre los propietarios de las maquilas. Si a pesar de esta represión un sindicato adquiere importancia, sus afiliados son despedidos para evitar que la organización alcance el porcentaje de trabajadores necesario para negociar el convenio colectivo. Si por fin las condiciones no son las más convenientes para la obtención del máximo beneficio por parte de la maquila, ésta se traslada a otra región o país.

La situación empeora en el caso de las mujeres. El 87 por ciento del empleo en las maquilas es femenino. La mayoría tienen entre 16 y 30 años. Las jornadas dobles, los despidos en caso de embarazo, los abusos sexuales, la violación sistemática de la intimidad o la exigencia -previa a la firma del contrato- de un test de embarazo son circunstancias generalizadas.

El ejemplo de Guatemala es significativo. Según Human Rights Watch en el año 2000 había 250 maquilas que daban trabajo a 80.000 personas. De entre ellas, el 80 por ciento eran mujeres y el 12 por ciento tenía menos de 16 años. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la situación está hoy lejos de mejorar. Además, a la discriminación de género se une la discriminación racial que sufren las mujeres indígenas. Y aún así, en muchos casos, la maquila es considerada como una forma de "liberación" respecto al ámbito familiar o al trabajo doméstico donde los abusos son, si cabe, más graves y los derechos de las mujeres aún más reducidos.

Los acuerdos internacionales (Convenio para la Eliminación de cualquier Forma de Discriminación contra la Mujer -CEFDM- o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros) no se aplican y los gobiernos carecen de los medios, pero sobre todo de la voluntad necesaria para luchar contra estas condiciones de explotación.

Sin embargo, la mayoría de los Estados con maquilas en su territorio alaban la capacidad de estas formas de producción para generar empleo, activar la economía y aumentar las inversiones directas y las exportaciones. Pero esto no es sino un espejismo. Los empleos son precarios y en pésimas condiciones; además, la mayor parte de las exportaciones son productos que se han importado para su elaboración final (por ejemplo, camisas que llegan a la maquila elaboradas y a las que sólo hay que poner los botones). Es decir, se crea una balanza comercial ficticia que no responde en ningún caso a la realidad. Por otro lado, no existe una transferencia de tecnología a los países receptores de estas industrias y -salvo contadas excepciones- las materias primas son importadas. Por ejemplo, en México, paraíso de las maquiladoras, sólo un 2 por ciento de materias utilizadas proviene del propio país. Por último, la inversión directa es mínima y los impuestos escasos o inexistentes.

¿Dónde está entonces el beneficio de las maquilas? La lógica del máximo beneficio por encima de cualquier otra cuestión ha llevado a una deslocalización de las grandes industrias. Las nuevas tecnologías de producción permiten eliminar el inventario y los stocks y adaptar la producción a la demanda diaria. La productividad y el aumento del beneficio son los únicos objetivos. Un dato: a finales de los noventa la empresa norteamericana GAP vendía sus camisas a un precio 134 veces superior al salario que cobraba una obrera de El Salvador por elaborarlas.

Resultado final: el trabajador se convierte en una mercancía más, desechable e intercambiable, y los derechos humanos y laborales quedan en nada, como mucho simples declaraciones de buenas intenciones sacrificadas en el altar de los enormes beneficios de las grandes multinacionales.

Autor:

Juan Carlos Galindo

Agencia de Información Solidaria

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