El agua como derecho humano fundamental

Desde nuestro último Congreso Nacional de Delegados, en el cual se evaluó la campaña realizada en el departamento de Maldonado con el pueblo fernandino, para derogar el artículo 750 del presupuesto del período de Julio María Sanguinetti, hasta el intento de privatización por el sistema de concesión de obras en los departamentos de Colonia, San José y la Ciudad de la Costa, el sindicato ha recorrido camino junto a comisiones de fomento, organizaciones sociales, ONG ambientalistas, educadores, estudiantes, universitarios, facultades, movimientos cooperativistas, religiosos, ciudadanos de todos los colores políticos, así como trabajadores de diferentes partidos.

La preocupación por la enajenación del agua en el Uruguay a las trasnacionales nos llevó a hacer un llamado a los vecinos de las localidades afectadas por la supuesta privatización para crear organismos permanentes que se denominaron Comisión en Defensa del Agua y Saneamiento, cuyos cometidos estatutariamente establecidos, entre otros, son "defender el agua como recurso natural finito, vital para satisfacer las necesidades humanas, de alimento, higiene, salud y saneamiento, que pertenece a cada uno de los ciudadanos del país".

Es a partir de esta iniciativa de trabajo que el sindicato incorpora con gran énfasis la defensa del agua como un derecho humano fundamental.

Para abordar específicamente el tema del agua, es de interés de los países más poderosos la liberalización y desregulación total del sector de agua y saneamiento en nuestros países. Paradójicamente, para lograr la desregulación de los servicios, los gobiernos liberales plantean su regulación por medio de organismos reguladores inconstitucionales y teñidos de superpoderes imposibles de controlar por el Poder Legislativo y el pueblo en general.

En un contexto mundial de escasez, derroches, ineficiencia y contaminación se prepara el caldo de cultivo ideal para que las trasnacionales del agua y sus inversionistas encuentren descaradamente "una oportunidad comercial óptima". Por un lado, la disminución del agua oficia de coartada, por el otro surge la complicidad de los organismos financieros internacionales condicionando los créditos al proceso privatizador y la desregulación bajo las formas de "cooperación" entre el sector público y el privado, al que llaman Public Privat Partnership.

Las trasnacionales han declarado en varias oportunidades ser incompetentes para resolver el problema del agua en los sectores de bajos recursos. En Zimbabue, el gerente de la empresa británica Biwater realizó las siguientes declaraciones al retirarse de un proyecto de suministro de agua de grandes proporciones: "Es necesario convencer a los inversionistas de que obtendrán ganancias razonables. Entre las cuestiones que consideramos se cuenta la de quiénes serán los usuarios finales y si ellos tienen recursos para pagar las tarifas de agua. Desde un punto de vista social estos tipos de proyectos son viables pero no lo son desde el punto de vista del sector privado". En otras palabras, si el agua es privada los pobres no tendrán agua.

Como en muchos temas, los países industrializados aplican la máxima "Haz lo que yo digo mas no lo que yo hago", las empresas públicas de agua y saneamiento son la respuesta natural en la gran mayoría de ellos y el sector privado la excepción. Sólo el 10 por ciento de las 55.000 empresas de agua en Estados Unidos es privado. La gran mayoría de los países europeos, así como Canadá, Japón, Brasil y Australia, mantienen sus empresas de agua y saneamiento en el sector público.

A favor de los procesos de privatización y desregulación se argumentan las ventajas teóricas de la "competencia", fundamento que el propio bm desacredita porque:

• Son monopolios naturales con un solo proveedor local, por la imposibilidad de dos tendidos de redes, los avances tecnológicos no han podido modificar esta situación como en otros servicios.

• La oferta privada está dominada casi exclusivamente por dos empresas trasnacionales: Vivendi y Suez Lyonnaise.

• El uso intensivo de capital que requiere la actividad, con contratos a 30 años, regulaciones permisivas, amenazas con recurrir a tribunales internacionales hacen inviable la movilidad de las empresas.

Los problemas que enfrentan las compañías de agua pública o privada en el mundo son similares: reducción de escapes, reemplazos y extensión de redes, accesibilidad económica, transparencia, responsabilidad exigible, sanidad pública, cuidado del ambiente, tarifas sostenibles y cobros eficaces, financiamiento, eficiencia, productividad y capacitación. En todos estos rubros hay empresas públicas eficaces: Amsterdam Water (Países Bajos), Sabesp (Brasil), Corsan (Brasil), Sanna (Honduras), Stadwerke (Alemania), Debrecen Vizmu (Hungría), Aziende (Italia), Washington (Estados Unidos), Nwsdv (Srilanka), Hyderabad (India), Helsinki Water (Finlandia).

Este análisis, que recoge aportes de organizaciones que han resistido y enfrentado la privatización del agua en varios países, hace que los trabajadores del agua nos hayamos convencido de lanzarnos a una gran campaña nacional "En defensa del agua".

Objetivos de los trabajadores de OSE.

• Una nueva gestión del organismo de cara al usuario.

• Por un organismo eficiente y rentable socialmente.

• Ley nacional de aguas superficiales y subterráneas.

• Defender los conceptos de Agenda 21 establecidos en Eco Rio 92.

• Sistema solidario de agua potable y saneamiento con una estructura tarifaria social y subsidios cruzados que garanticen que las áreas menos rentables también tengan acceso al agua.

• El agua y el saneamiento deben quedar fuera de los acuerdos comerciales de la omc-alca. El agua no es una mercancía.

• Comprometer a las instancias de gobierno, servicios de hidrografía, dirección de riego, servicios de agua potable, intendencias, usuarios y ciudadanos en las decisiones en general y uso de los recursos hídricos, ponderando las necesidades productivas de cultivo, hidroelectricidad, recreación, consumo humano, con la sustentabilidad del recurso.

• Demostrar la necesidad de priorizar las inversiones estatales en obras de regulación hídrica, desalentando obras individuales de bajo rendimiento y con escasos estudios técnicos, que en general ocupan la parte más importante del recurso.

• Profundizar la coordinación de la administración y la gestión de los recursos.

• Integrar las diversas legislaciones vigentes.

• Formular políticas regionales para usos de aguas superficiales y subterráneas.

Ante la propuesta del Poder Ejecutivo (a pesar de la mala experiencia en el departamento de Maldonado) de enajenar el agua y el saneamiento por todas las vías posibles (inclusive decretos) evitando la consulta popular (descontando una negativa contundente del pueblo uruguayo), el sindicato ha resuelto "impulsar una reforma constitucional declarando el recurso agua superficial y subterránea, en todos sus usos y formas, un recurso no enajenable al capital multinacional, con efecto retroactivo que revea procesos comprometidos y a comprometer, hasta que sea definido en un plebiscito popular, como lo dispone el artículo 331 de la Constitución inciso A".

Para eso ha mantenido entrevistas con parlamentarios y constitucionalistas. El sindicato ha sido receptor también de una propuesta del plenario de la Comisión de Agua y Saneamiento representando a unas 30 organizaciones sociales, en la que se propone impulsar un mecanismo legal que detenga la mercantilización del agua.

La defensa del agua por el mecanismo de la reforma constitucional inciso A se funda en los siguientes argumentos:

• La campaña de difusión, compromiso y concientización con respecto al agua se viene realizando desde hace más de siete años por el sindicato de OSE y organizaciones sociales.

• Si bien la política económica de este gobierno agudiza su ataque en la rendición de cuentas al desmantelamiento total o parcial de las empresas públicas, la defensa del recurso agua excede la competencia de OSE, ya que tiene encomendado uno de los usos, el doméstico (10 por ciento), no incluyendo el riego (70 por ciento), el recreativo, el uso para la generación de energía, las reservas acuíferas.

• Dado el vacío legal con respecto a los usos del agua y la diversificación de autoridades encargadas de los diferentes usos (cinco ministerios y tres comisiones), el plazo de formar una "comisión legislativa" al respecto para reestructurar una legislación vigente (Código de Aguas), vulnerable y redactada cuando nuestro país no estaba amenazado por una colonización comercial de sus reservas más preciadas, debería poder redactarse con el marco institucional que permitiera eliminar la propuesta del gobierno de coalición con el sector privado.

• La base de sustentación de la posibilidad de éxito en la iniciativa se canaliza desde hace varios meses a través de varios mecanismos. Integramos el proyecto de ley de iniciativa popular, sin éxito, entrevistas con coordinadores de todas las bancadas, con comisiones de ambiente, con juntas departamentales, etcétera.

La campaña que desarrolla el gremio ha reunido actores de la sociedad de todos los partidos, trabajadores, organizaciones diversas y ediles de todos los partidos.

• El agua y el servicio que se brinda a través de ella, por considerarla un recurso finito y esencial para la vida, debe tener un tratamiento diferencial, por el cual se antepongan las razones de índole humana y ambientales sobre las económicas. De ahí nuestra defensa en manos del Estado.

• La Federación estaría en condiciones de lanzar de inmediato este recurso. Nos preocupa que la posibilidad de otro tipo de proyecto que englobe la defensa de todas las empresas y el agua, por el mecanismo del inciso B del artículo 331, no se obtenga en un corto plazo, lo que significaría una pérdida preciosa de tiempo para generar una contraofensiva a los posibles llamados a inversión internacional.

• Por lo expuesto, nuestro sindicato considera de gran amplitud y convocatoria defender el agua de Uruguay desde una propuesta de los trabajadores y ciudadanos de este país antes que lograr los dos quintos de cualquier fuerza política, que aun con la mejor de las intenciones tendrá que enfrentar las trabas político-partidarias de los que descalifican la propuesta sólo por quién la promovería, a pesar de que compartan su contenido.

Teniendo en cuenta la extrema gravedad de la situación de marginación a la cual se condenaría a nuestro pueblo, enajenando el agua a multinacionales, y desde el análisis de una región que será atacada por poseer la riqueza más preciada del siglo XXI junto con nuestros países vecinos, vemos como algo muy positivo una gran ofensiva nacional a través de una propuesta sindical y ciudadana.

* Esta nota fue elaborada por el Secretariado Ejecutivo de FFOSE.

11 de octubre de 2002