Con un 
millón de accidentes laborales al año con el resultado de 
casi 1.000 personas fallecidas, España tiene el 
trágico honor de encabezar la estadística europea en 
siniestralidad laboral. 
"Cada 
día se matan tres trabajadores, estamos ante un problema 
tremendo", 
se lamenta Joaquín Nieto, máximo responsable de salud 
laboral del sindicato CC.OO., tras explicar que la 
tasa de siniestralidad laboral en el país es de 5,8 
fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más de un 30 por 
ciento por encima de la media de la Unión Europea de los 15.
 
 
La economía sumergida, las malas prácticas empresariales, la 
escasa cultura de prevención o la voracidad económica se 
suman a la fatalidad para configurar un panorama que está 
siendo cada vez combatido con más fuerza por sindicatos, 
empresarios y políticos.  
 
El Gobierno ve con preocupación casos terribles que cada 
semana ilustran los medios y que en ocasiones destapan 
auténticos dramas humanos incluso con prácticas esclavistas.
 
 
Contratistas a los 
que los trabajadores apodan "pistoleros" por su falta de 
escrúpulos mercadean en las últimas horas de la madrugada 
por distintos enclaves madrileños en busca de mano de obra - 
habitualmente inmigrantes sin papeles - a los que ofrecen 
entre 50 y 70 euros por jornada.
 
 
En no pocas ocasiones, los accidentes en la construcción 
destapan la trágica asociación entre la muerte y la 
contratación ilegal en la economía sumergida.  
 
"Esta es la realidad más dramática, injusta y terrible de 
los accidentes y hemos conocido casos tremendos", relata 
Nieto.  
 
El año pasado, un tribunal riojano condenó a dos años de 
cárcel a un empresario y sus dos hijos tras la muerte de un 
joven ecuatoriano aplastado por un montacargas mientras 
pintaba la empresa familiar.  
 
Según la sentencia, el cadáver fue hallado por uno de los 
condenados quien, al quitarle la ropa, negó a la Guardia 
Civil conocer la identidad del accidentado e intentó 
hacerles creer que era un delincuente que había entrado a 
robar en las obras.  
 
A finales de agosto la muerte de un obrero rumano destapó 
que en el chalet donde trabajaba el fallecido se alojaban y 
trabajaban cinco trabajadores polacos que recibían 20 euros 
al día.  
 
"Esos casos son y deben ser muy notables (...) pero, 
afortunadamente, podemos decir que no son muchos", dijo 
Nieto.  
 
Pese a la magnitud de las cifras de fallecidos, la 
estadística muestra una rebaja de casi el 50 por ciento en 
los últimos diez años que los especialistas achacan a la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales instaurada hace una 
década.  
 
"Las cifras muestran una rebaja significativa, pero el 
resultado es insuficiente", explica Nieto. "Mil muertos al año es insoportable desde el punto de vista social y 
laboral, no podemos consentir este drama humano porque 
creemos que la mayoría de esos accidentes se pueden evitar".  
 
El Gobierno socialista reconoce y quiere reducir la tragedia 
y en las últimas cifras oficiales publicadas el pasado 11 de 
septiembre afirma que la reducción de los accidentes 
mortales en un 7,7 por ciento entre julio de 2006 y junio de 
2007 es un dato "moderadamente alentador".  
 
Sin embargo, deja clara su preocupación por la comparativa 
europea y afirma que el objetivo a cinco años "es que la 
accidentalidad en España disminuya hasta un nivel 
homologable al de los países europeos".  
 
Según Nieto, el margen de mejora es grande ya que en 
base a sus datos, "todavía hay un tercio de las empresas que 
no cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la 
mitad de los trabajadores todavía no ha recibido formación".
 
 
La construcción, junto con el turismo el principal motor de 
la boyante economía, absorbe casi un tercio de los 
accidentes mortales en un país en el que es frecuente 
encontrar obreros sin casco o andamios improvisados en 
pequeñas obras.  
 
El número de accidentes mortales en la construcción, en 
contra de la media total, se ha incrementado un 3,8 por 
ciento en el último año, aunque el aumento de la población 
trabajadora (+6,4 por ciento) desvirtúa el índice de 
incidencia, que baja un 2,4 por ciento.  
 
El boom constructor tanto en obra pública como en 
residencial ha propiciado un aumento sustancial del empleo - 
el 25 por ciento del creado el año pasado fue en 
construcción - en un negocio difícil de supervisar por el 
enorme grado de atomización y la frecuente subcontratación 
de tareas que diluye hasta el infinito las 
responsabilidades.  
 
Consciente del problema, el Gobierno acaba de aprobar un 
reglamento de la subcontratación que llevó a dos huelgas 
generales al sector y que nace de una propuesta popular a 
iniciativa sindical. En esencia, la nueva Ley limita a tres 
empresas la subcontratación y exige una estructura mínima de 
personal fijo y formación.  
 
"La norma supondrá una mejora sustancial de la seguridad y 
la salud de los trabajadores", dice el Ministerio de 
Trabajo.  
  
 Prevention 
World* 
3 de octubre de 2007 
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