La decisión del gobierno de Brasil de importar a bajo costo un genérico contra el sida contrasta con la decisión de un juez argentino de prohibir la fabricación en su país de un medicamento similar. Dos resoluciones contrapuestas que reaniman el debate sobre la propiedad intelectual en América Latina

En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva autorizó el viernes 4 la importación del antirretroviral Efavirenz, un medicamento comúnmente empleado para el tratamiento del sida producido por el laboratorio estadounidense Merck. Lo hizo recurriendo al mecanismo de la “licencia compulsiva”, autorizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para importar o fabricar genéricos de un remedio patentado pagando al laboratorio propietario de la patente regalías (royalties) muy moderadas.

Como era de prever, mientras las asociaciones de usuarios de la salud y decenas de organizaciones no gubernamentales calificaron de “históricamente positiva” la actitud del gobierno brasileño, Interfarma, la cámara que reúne a las empresas de investigación farmacéutica de ese país, puso el grito en el cielo.

Según expresaron estas últimas, de ahora en adelante ningún laboratorio querrá “invertir en investigación para producir nuevos medicamentos en Brasil porque sus derechos serán conculcados”. Nada de eso sucederá, les respondió el ministro de Salud, José Gomes Temporao. Gomes se basó en un “simple cálculo económico: las empresas bien saben que Brasil está entre los diez principales consumidores mundiales de medicamentos y no querrán perderse ese mercado”.

Nunca antes Brasil había tomado una medida similar a la de este mes, puesto que siempre había llegado a acuerdos con las trasnacionales del sector. Con Merck, séptimo laboratorio farmacéutico mundial, el gobierno de Lula negoció sin éxito durante varios meses. Le reclamaba que le vendiera el Efavirenz a un precio similar al que le cobra a otros países del tercer mundo en que el número de pacientes con VIH es muy inferior.

Hasta ahora, el medicamento llegaba a Brasil a razón de 1,5 dólares el comprimido, cuando a Tailandia llega a menos de un dólar, siendo el número de usuarios del retroviral muy superior en el país sudamericano (más de 75.000) que en el asiático.

Como el laboratorio no se avino al pedido, el gobierno decidió recurrir al mecanismo de la licencia compulsiva e importar copias del Efavirenz de India a 45 centavos de dólar por comprimido, abonando a Merck 1,5 por ciento por concepto de royalties, y ahorrando, según sus cálculos, más de 30 millones de dólares al año de aquí a 2012, cuando vence la patente de Merck.

Que el origen de las copias importadas por Brasil sea India no es un dato cualquiera. El país asiático está embarcado en una cruzada contra las transnacionales del sector farmacéutico. A fines de enero pasado, el gobierno indio suspendió la licencia de un medicamento contra la leucemia, el Gleevac, de que gozaba el laboratorio suizo Novartis. Consecuentemente, el genérico en el cual está basado el Gleevac comenzó a venderse en el mercado indio a un precio diez veces inferior al impuesto por Novartis. El laboratorio helvético inició un juicio contra el gobierno asiático, que a su vez fue respaldado por 200 mil usuarios firmantes de una declaración en favor de “la defensa del derecho a la salud”.

En 2003 Brasil, apoyado por India, obtuvo un resonante triunfo en la Organización Mundial de la Salud cuando logró que se reconociera el derecho de un país a fabricar medicamentos patentados o importar copias provenientes de terceros países que los produzcan más baratos en caso de graves riesgos para la salud pública. Estados Unidos votó en contra.

Por el contrario, la actitud asumida por un tribunal de comercio argentino va en el sentido de la prédica de gobiernos como el estadounidense, al haber aceptado la demanda del laboratorio trasnacional Bristol Myers Squibb de prohibir la fabricación local del antirretroviral didanosina, utilizado, como el Efavirenz, en pacientes con VIH.

En diciembre, el laboratorio argentino Richmond había ganado una licitación convocada por el Ministerio de Salud Pública para adquirir didanosina, uno de los 17 antirretrovirales que el Estado distribuye a pacientes carentes de cobertura social.

De inmediato, Squibb impugnó la licitación, arguyendo que era dueño de la patente del medicamento y que una convocatoria de tal tipo violaba sus derechos. En enero el juzgado Civil y Comercial número 9 le dio la razón. La decisión recién tomó estado público a fines de abril, cuando la difundieron, para denunciarla, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos. Con fallos de esta clase se favorece “la generación de monopolios y se pone en riesgo la provisión de medicamentos a la población”, señalaron ambas instituciones que agrupan a empresas de capitales nacionales en un comunicado conjunto.

La resolución judicial le significará al Estado argentino un gasto suplementario de un millón de dólares por año en una droga que se fabrica localmente, dijo por su lado el ministro de Salud Ginés González García. “Es un abuso y una extorsión a la democracia”, afirmó el jerarca al diario Página 12, que consagró un informe al tema. Y explicó: “para muchas drogas el sistema de patentes se está agotando. Entonces algunos laboratorios, como sucedió en este caso, realizan una pequeña innovación para decir que tienen una droga nueva y conseguir así una nueva patente. Son maniobras que realizan con estudios jurídicos y que les permiten mantener artificialmente derechos exclusivos por varios años más y fijar altos precios”.

En el mismo sentido, el profesor de la Universidad de Buenos Aires Carlos Correa indicó que “lo que Bristol hizo en Argentina fue conseguir una patente registrando no la droga básica sino una forma particular que le dieron a la tableta de didanosina. Esta pequeña modificación les alcanzó para obtener derechos, con lo que impiden la competencia en el mercado, anulando la licitación del ministerio”.

Correa recordó que Bristol tiene antecedentes de comportamiento monopólico en los propios Estados Unidos. En 2003 tuvo que llegar a un multimillonario acuerdo extrajudicial para no ser condenado por los tribunales de comercio. El laboratorio había bloqueado la venta de genéricos que competían con algunos de sus medicamentos “estrella” para tratamientos oncológicos. Para quedarse en exclusiva con ese mercado, cercano a los 2.000 millones de dólares, la firma llegó a pagar a otro laboratorio que fabricaba productos similares unos 70 millones de dólares.

Según estima en su informe Página 12, el conflicto desatado tras la decisión del tribunal de comercio “es considerado un caso testigo en Argentina”.

Hace año y medio, en octubre de 2005, el ministro García Ginés había anunciado la posibilidad de que su país produjera medicamentos genéricos contra la gripe aviaria, que comenzaba a hacer estragos en el planeta, mediante el mismo sistema al que recurrió ahora Brasil de licencias compulsivas.

Poco después, Ginés planteó en la cumbre de ministros de Salud que se celebró en Canadá la necesidad de “permitir la producción pública de fármacos, sin necesidad de licencia, contra la gripe aviaria para evitar la expansión de la pandemia”. China y otros países lo apoyaron, pero la cumbre culminó sin acuerdo al respecto. Los representantes estadounidenses estuvieron, una vez más, entre los más firmes defensores de los “derechos de propiedad intelectual” de los grandes laboratorios trasnacionales.

En Uruguay, apenas se planteó la posibilidad de que el país firmara un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, postergada por el momento por el gobierno del socialista Tabaré Vázquez, la industria farmacéutica y los laboratorios de investigación nacionales alertaron sobre la consecuencias que un acuerdo de ese tipo podría acarrear sobre la salud pública.

“Uruguay tiene una estructura farmacéutica original en la región, en la que los medicamentos nacionales representan el 90 por ciento del total consumido, cuando en el resto del área no se alcanza al 60. El relativo buen acceso de los uruguayos a la salud se explica por el bajo precio de esos medicamentos”, señaló Patricio Olivera, gerente general del laboratorio de capitales nacionales Gautier. “Un TLC con Estados Unidos tendría entre sus primeros efectos la destrucción de ese sistema y a mediano plazo la desaparición de la industria farmacéutica y de los laboratorios vernáculos. A lo sumo los que quedarían serían aquellos que se dediquen a vender analgésicos en base a patentes expiradas u otros que compren licencias, pero industria como tal sin duda no habría”.