El conservadurismo, la postura política de derechas y un militante y feroz antisindicalismo, son algunos de los atributos que caracterizan a la mayoría del empresariado chileno. Las consecuencias -que pese a ser conocidas comentaremos en otra oportunidad- bien pueden definirse como una epidemia, que como tal resulta contagiosa.

Un ejemplo lo encontramos en la actuación de la transnacional argentina Arcor en Chile. En 1962 nacía en el popular barrio de Franklin de Santiago la empresa Industria de Alimentos Dos en Uno S.A. la que es adquirida por Arcor en 1998. Dos en Uno es líder en el mercado de los confites (90 por ciento) que mueve unos 350 millones de dólares al año. En chocolates ocupa el segundo lugar  (30 por ciento) y en galletas el tercero detrás de Costa y Nestlé. Todo ello lleva a que Dos en Uno constituya junto con la de Brasil, la filial de Arcor con mayor facturación, además de estar instalada en el país que consume más chocolate per cápita y donde los caramelos tienen el precio de fabricación más bajo de la región. El éxito de la empresa lo demuestra el hecho de que está analizando ampliar sus instalaciones, pues sus fábricas están funcionando al máximo de su capacidad.

En lo que tiene relación con Arcor las siguientes cifras hablan por si solas:

Con este panorama parecería que los trabajadores y trabajadoras de Arcor en general y de Dos en Uno en particular, deberían observar su presente y futuro laboral con relativa tranquilidad. Pero no es así.  Los trabajadores argentinos y brasileños tienen serios problemas con la transnacional. Y en Dos en Uno, el pasado 7 de marzo fueron despedidos de la planta Nº 1 sin previo aviso ni justificación alguna, más de una docena de trabajadores. En todos los casos la empresa se amparó en lo dispuesto en el artículo 161 del Código del trabajo.

El artículo 161 funciona como una picadora de carne. 52,5 por ciento de los despidos en Chile se efectúan invocando ese artículo. El artículo 161 apela a “las necesidades de la empresa”, derivadas de la racionalización o modernización, a la baja productividad, o cambios en el mercado o economía. El empleador debe pagar al despedido una indemnización correspondiente a un mes de sueldo por año trabajado y el monto máximo de indemnización es el equivalente a 11 meses. El trabajador que considere que se le ha despedido injustificadamente puede recurrir al juzgado competente, donde el juez podrá decretar, en el mejor de los casos, un incremento del 30 por ciento en el valor del despido. Tomando en cuenta que un juicio de esta naturaleza normalmente demora dos años, el famoso artículo 161 no es otra cosa que una autorización para que las empresas despidan libremente. En el caso de los despidos en Dos en Uno, no es aplicable ninguna de las causales que figuran en el artículo 161. Es más, ocurren cuando en la empresa se encuentra laborando personal con contrato a término, lo cual volvería inviable la aplicación de la norma invocada.

Otro hecho demostrativo de la forma de proceder de la empresa es que cuando los dirigentes del Sindicato Nº 1 de Trabajadores Arcor-Dos en Uno se entrevistaron con el gerente de relaciones laborales¹, este les manifestó que los despidos obedecían a que algunos de los trabajadores tenían numerosas faltas, licencias médicas reiteradas y poca disposición para el trabajo. De ser cierto, en ninguno de esos casos es aplicable el artículo 161. Además, dentro de los despedidos se encuentra José González, un ex dirigente sindical con 15 años de antigüedad en la empresa. Arteramente, siguiendo una práctica que es común en el empresariado chileno, la empresa elude la acusación de práctica antisindical cuidándose de que los despedidos no superen el 10 por ciento de los afiliados al sindicato.

Más allá que la empresa se mueve al filo de una discutible legalidad, su proceder es inadmisible. En consecuencia, parece llegada la hora de formar un frente capaz de obligarla a modificar su conducta.