El pasado domingo 16, cerca de las 18 horas,
Pablino Yaque Cervantes, miembro del
Sindicato de Trabajadores Bananeros de
Izabal (SITRABI), caminaba por la calle
central del barrio El Carrizal, muy cerca
del Mercado Municipal de Morales, en el
departamento de Izabal, cuando fue
acribillado de ocho tiros por un hombre que
fugó rápidamente del lugar.
“Un punto bastante concurrido
a esa hora del día -dijeron a Sirel
trabajadores del SITRABI-, pero nadie
se anima a testificar porque tienen miedo de
las represalias”.
De hecho, según las fuentes
de Sirel, este asesinato sería una
venganza. En setiembre de 2007 fue
asesinado Marco Tulio Ramírez, entonces
secretario de Cultura y Deportes del Comité
Ejecutivo del SITRABI. Durante la ejecución
de ese crimen, un hombre puso un arma en la
cabeza de una niña pequeña que casualmente
se encontraba allí.
La escena fue tan violenta
para el padre de la niña que concurrió a la
Policía y denunció al hombre armado. Éste
fue arrestado y condenado por la justicia.
Cumplió tres años de prisión y hace algunas
semanas quedó en libertad.
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Desde el allanamiento de su sede
sindical en 1998 -que provocó el
exilio de cinco dirigentes
amenazados de muerte-, la
escalada de amenazas,
intimidaciones y agresiones
contra el SITRABI no ha cesado,
llegando este año incluso a
producir cuatro asesinatos.
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El padre de la niña era
Pablino Yaque Cervantes, y se presume
que su asesino no es otro que aquel hombre
que fue a prisión como consecuencia de su
denuncia.
Si esto se confirma, se
trata de un homicidio que además de ejecutar
una venganza, apunta a entregar un mensaje a
todos los trabajadores y a la sociedad en
general: el que denuncia, muere.
Una manera de reafirmar la
impunidad, esa sombra que envuelve a otros
asesinatos de trabajadores y dirigentes del
SITRABI, tres de ellos en este 2011:
Oscar Humberto González Vásquez (10
de abril), Idar Joel Hernández Godoy
(26 de mayo), y Henry Aníbal Marroquín
Orellana (24 de septiembre).
En un comunicado público, el
SITRABI reclama al “presidente
Álvaro Colom que se tomen las medidas
pertinentes para el fiel cumplimiento de la
Constitución Política de la República que
garantiza el derecho a la vida”.
Exige al Fiscal General del
Ministerio Público que “se ponga un
alto a la impunidad que impera en
Guatemala, se realice una investigación
profunda de los hechos y se castigue con
todo el peso de la ley a los asesinos y a
quienes los contrataron”.
Demanda también que “el
Procurador de los Derechos Humanos tome nota
de que los derechos de los trabajadores y
trabajadoras sindicalizados también son
derechos humanos, especialmente cuando se
atenta contra el derecho a la vida, y que se
digne a emitir un pronunciamiento al
respecto y no siga manteniendo silencio ante
tan graves acontecimientos”.
Finalmente, el SITRABI
solicita a las organizaciones sindicales
nacionales e internacionales que “continúen
manifestando su solidaridad y apoyo,
pronunciándose ante las autoridades de
gobierno para que se tomen las medidas
necesarias para detener la ola de violencia
contra dirigentes y bases sindicales, así
como la violencia generalizada que mantiene
atemorizados a los guatemaltecos y
guatemaltecas”.
