Directivos de las más poderosas centrales sindicales de Brasil entregaron ayer un documento al Congreso en el que proponen que la jornada laboral sea reducida de 44 a 40 horas semanales, a fin de contribuir a la generación de empleos.

El documento, respaldado por 1,5 millones de firmas, fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Arlildo Chinaglia, quien se comprometió a estudiar el asunto.

Según el presidente de la central Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, la reducción de la jornada laboral en un diez por ciento generará de inmediato unos 2,5 millones de puestos de trabajo.

El líder sindical, que además es diputado, dijo que las centrales obreras pretenden que la propuesta sea aprobada este mismo año 'para poner lo más pronto posible en el mercado a los trabajadores que están desempleados'.

El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Arthur Henrique da Silva Santos, sostuvo que, además, una medida de esa naturaleza permitirá que los trabajadores mejoren su calificación profesional.

'Además de pasar ocho horas por día en su empleo, un trabajador gasta una media de tres a cinco horas en el viaje entre su casa y el trabajo, por lo que no le queda tiempo para estudiar y prepararse para buscar una mejor remuneración', declaró da Silva Santos.

Los sindicatos comenzaron la campaña en favor de la reducción de la jornada laboral el 1 de mayo pasado, en medio de los actos por la celebración del Día del Trabajo.

La propuesta es rechazada por los empresarios, que la han tildado de 'populista', y afirmado que una medida efectiva para contribuir a una mayor generación de empleos sería reducir la altísima carga tributaria y no la jornada laboral.

El director de Relaciones Institucionales de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Marco Antonio Reis Guarita, sostuvo que el 'mejor ejemplo del fracaso' de la reducción de la jornada laboral es Francia, que en 1997 se limitó a 35 horas semanales y ahora está en pleno debate.

'La reducción de la jornada laboral es algo anacrónico y deberá ser rechazado por el Congreso', afirmó el portavoz de la patronal de la industria.