El pasado 9 de diciembre, en el marco de un evento organizado por diversas organizaciones sindicales que se aglutinan en el Frente Sindical Salvadoreño (FSS), el candidato presidencial de la izquierda para las elecciones de 2009, Mauricio Funes, hizo una exposición detallando sus planes de gobierno en materia de empleo, y recibió un documento que contiene las propuestas de las organizaciones sindicales en cuanto a temas laborales y sindicales.

Mauricio Funes aventaja al candidato de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por un margen que oscila entre 10 y 19 puntos porcentuales, según las diferentes empresas encuestadoras y universidades.

En 2007, el Frente Sindical Salvadoreño fue una de las primeras agrupaciones que propuso al Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN) que considerara al reconocido periodista como candidato a la Presidencia.

Durante el mencionado encuentro con las organizaciones sindicales, Funes puso énfasis en que se está padeciendo los efectos de tres crisis: “La crisis energética provocada por los precios del petróleo; la crisis del alto costo de los alimentos, que obliga a comprar alimentos caros en el exterior que ya no se producen localmente; y la crisis financiera internacional, que esta afectando en términos prácticos a nuestros compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos, ya que para reducir sus costos las empresas están despidiendo trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos inmigrantes. Esto no sólo afecta las remesas, sino que reduce la capacidad de consumo en términos generales en Estados Unidos, disminuyendo el consumo de las exportaciones de países cuyos gobiernos apostaron a vincularse con el mercado estadounidense vía acuerdos de comercio e inversión como el CAFTA”.

“Vamos a dar una gran batalla por recuperar los puestos de trabajo”, manifestó Funes, y señaló que “durante 20 años los gobiernos de ARENA anunciaron una generación espontánea de puestos de trabajo que vendría del rebalse de la actividad económica, pero que a la larga sólo beneficiaron a ciertos grupos empresariales muy específicos, asociados al partido gobernante”.

El mensaje del periodista ahora candidato, más que a promesas sonó a un llamado al movimiento sindical a apuntalar la gobernabilidad ante un eventual triunfo electoral de la izquierda. No obstante, enfatizó su compromiso en mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, a redoblar los esfuerzos en materia de empleo, señalando que “la teoría del rebalse es una idea que ha demostrado su fracaso cuando no va acompañada de la labor redistributiva del Estado”.

Especialmente, Funes reiteró su compromiso de “hacer funcionar al Ministerio de Trabajo”, una propuesta que arrancó los aplausos de la concurrencia ya que desde hace años esa Secretaría de Estado es considerada por los sindicatos como una instancia que no cumple con su labor constitucional de velar por el derecho de los trabajadores y trabajadoras y por un verdadero Estado de derecho en materia laboral.

Para finalizar su intervención, Funes señaló su intención de convocar en los primeros días de su mandato a “una mesa de concertación nacional para abordar las formas en que van enfrentarse los problemas nacionales, y en la que, además de las organizaciones empresariales, de la sociedad civil y el gobierno, deberán estar las organizaciones sindicales”.

Las principales propuestas presentadas por el movimiento sindical giraron en torno al aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios, la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, poner al frente del Ministerio de Trabajo a una persona que garantice el cumplimiento de las leyes laborales, así como sanear los organismos tripartitos (como el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo del Salario Mínimo, entre otros), en los cuales organizaciones bajo control gubernamental y/o empresarial, mantienen el monopolio de la representación sindical. Asimismo las organizaciones pidieron reactivar el Foro para la Concertación Económica y Social, cuyo funcionamiento fue suspendido “temporalmente” desde 1994, lo cual es considerado uno de los puntos de los acuerdos de paz de 1992 aún pendientes de cumplimiento.