Bananeros reclaman justicia
y solidaridad
Chiquita
Brands toma al país de rehén
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“En este momento nos encontramos frente a la Presidencia de
la República, manifestando para que se tome muy en serio la
situación de nuestra cooperativa, ya que la transnacional
Chiquita Brands nos está estrangulando, mientras el gobierno
asiste impasible a esta situación. Hay más de 2.800 empleos
en juego”, relataba a Sirel Salustiano de Gracia, secretario
general de SITRACHILCO, mientras de fondo se escuchaba a los
manifestantes reclamando “¡Justicia, justicia...!”.
Hace más de dos años, el 25 de abril de 2003, COOSEMUPAR,
cooperativa integrada por los trabajadores bananeros de la región de
Chiriquí agremiados en el Sindicato Industrial de Trabajadores de la
Chiriquí Land Co. y Empresas Afines (SITRACHILCO), adquirió los activos
de Puerto Armuelles Fruit Company, hoy Chiquita Brands, en 29
millones de dólares. Junto con ello se firmó un Acuerdo Marco entre la
cooperativa, el gobierno y Chiquita, en el cual se establecieron las
condiciones de repago de los 29 millones que el Estado adelantó en forma de
crédito a los trabajadores, y también el precio al cual, durante los
siguientes 10 años Chiquita le compraría la producción a la flamante
cooperativa. Según los cálculos más gruesos, los números cerraban: la
cooperativa debía hacer un esfuerzo productivo, Chiquita compraba la
producción a un precio preestablecido y el Estado recuperaba el crédito.
Sin embargo, mirando el negocio más de cerca se empezaron a
ver numerosas brechas. Por ejemplo, que el Acuerdo no estipulaba costos de
gerenciamiento, el inventario estaba inflado, las maquinarias estaban
obsoletas, no se tuvieron en cuenta costos laterales como estiba y otros,
los insumos agrícolas son ahora más caros. Resultado: Chiquita hace lo que
quiere porque el Acuerdo Marco es demasiado vago en algunos aspectos
concretos, y en los otros también hace lo que quiere porque es Chiquita
Brands, y punto. Por ejemplo, sobrevalúa todos los costos de los
servicios que ella aporta a la cooperativa, ya sean gerenciales, técnicos o
de comercialización, en algunos casos con sobrecargas de más del 100%; le
compra a la cooperativa sólo el banano de primera selección y rechaza todo
lo demás, lo que se traduce en pérdida pura para los trabajadores, siendo
que no aplica el mismo tratamiento a otras empresas como Bocas Fruit a la
que le compra todo; se ha negado a revisar el Acuerdo Marco para corregir
los errores y reafirmar lo que no se cumple.
“La disparidad es tan grande –explicó a Sirel
Salustiano de Gracia, vicepresidente de COOSEMUPAR además de secretario
general de SITRACHILCO– que desde la creación de la cooperativa, sólo
intermediando con lo que nosotros produjimos Chiquita ha ganado 100 millones
de dólares, mientras que la cooperativa pierde un dólar por cada caja de
banano porque los costos de producción son superiores al precio que ella nos
paga”.
El complemento necesario para entender las razones por las
cuales aquel Acuerdo Marco resultaría tan desventajoso para la cooperativa
fue aportado por De Gracia: “Hemos iniciado procesos judiciales contra las
personas que ocupaban en aquel entonces la dirigencia del sindicato y de la
cooperativa, ya que entendemos que se corrompieron, se vendieron y
traicionaron a sus compañeros por dinero. Esto ya se está sustanciando en
los juzgados, aunque la justicia de nuestro país siempre el lenta cuando
tiene que proteger los derechos del pobre. Además de la sobrevaluación de lo
que se nos vendió, lo que ya es un robo, desaparecieron varios millones de
dólares que nadie sabe adónde fueron a parar. Entre otras cosas, sabemos que
hubo un abogado que cobró un millón de dólares por poner una firma”.
Hasta ahora los trabajadores sólo han podido pagar los
intereses del crédito, pero no se amortizó nada del capital. Mientras que
antes de la venta un trabajador bananero ganaba en promedio unos 400 dólares
mensuales, hoy apenas llega a 180 dólares por mes siendo que la canasta
básica está calculada en 300 dólares.
Ante la protesta creciente de los cooperativistas, el
gobierno ha nombrado un interventor que, según De Gracia, “Está manipulado
por Chiquita. Ahora la situación será más caótica porque el zorro se metió
dentro del gallinero”.
Mientras los trabajadores y cooperativistas de COOSEMUPAR y
SITRACHILCO hacen un llamado a la solidaridad internacional para presionar
al gobierno panameño y a Chiquita Brands en todo el mundo, con el fin de que
se entablen negociaciones serias y rápidas en búsqueda de reestablecer una
relación justa entre las partes, se ha citado a una asamblea general del
gremio para el próximo domingo 18 para decidir las acciones futuras.
Poco después de que se decidiera la convocatoria a la
asamblea, autoridades del Ministerio de Trabajo tomaron contacto con el
sindicato para anunciar que serían recibidos el sábado 17 por el presidente
de la República, Martín Torrijos Espino. “Nosotros pensamos que sólo quieren
imponernos a este interventor –anticipó De Gracia–, cuyo objetivo será
licuar las deudas por 4 millones de dólares que Chiquita mantiene con la
cooperativa, generada por los sobrecostos que nos ha cobrado durantes estos
casi tres años. Pedimos a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo
que divulguen la verdad acerca de la situación miserable que vivimos los
trabajadores bananeros de Panamá.”
Toda esta trama tiene un protagonista: el doctor Manuel
Rodríguez. Fue el principal negociador con los trabajadores del Acuerdo
Marco en 2003, sólo que representaba simultáneamente al gobierno y a
Chiquita, ya que Rodríguez acumula hasta ahora los siguientes cargos:
Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales en el gobierno de Martín Torrijos,
y es de hecho la llave del comercio exterior panameño; es el representante
legal y presidente de Chiquita Brands en Panamá.
¿Los 29 millones de dólares? Nada por aquí, nada por allá...
Carlos Amorín
© Rel-UITA
16 de diciembre de 2005
