La reciente extinción de la compañía eléctrica Luz y Fuerza del Centro agudizó la crisis social en México, dejando a unos 40.000 trabajadores sin empleo y evidenciando el irrespeto presidencial hacia el Estado de derecho. Las protestas se han incrementado en los últimos días, mientras organizaciones sociales denuncian que tras el decreto de extinción de la compañía se asoman intenciones claras de privatización.

El pasado 10 de octubre el país fue testigo de cómo el presidente Felipe Calderón anunciaba repentinamente la extinción de la compañía eléctrica de Luz y Fuerza del Centro, argumentando ineficacia y corrupción dentro de este organismo público.

Por órdenes del Ejecutivo, anunciando una inminente indemnización para los aproximadamente 40.600 trabajadores, se desalojaron las diversas oficinas de la compañía, utilizando efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP).

“En un hecho sin precedentes en la historia de México; se violentó el Estado de derecho”, han señalado reiteradamente analistas políticos y representantes de diversos sectores sociales.

Con esta medida se ha dado un duro golpe al sindicato más antiguo de México: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que en un comunicado ha dejado clara su posición:

“Demandamos de manera urgente al gobierno federal derogar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la salida inmediata de la PFP, la devolución de nuestras instalaciones y la instalación de una mesa de negociación para establecer acuerdos de carácter financiero y técnico, que restablezca la legalidad constitucional de Luz y Fuerza del Centro”.

El comunicado denuncia que el decreto ha empujado a México a una polarización social “de proporciones monumentales”, y afirma que “la paz social de los mexicanos se encuentra en peligro”.

El descontento producido por la repentina medida hizo que el pasado 15 de octubre el Zócalo capitalino, la plaza más grande de México, se colmara de manifestantes que llegaron por millares para gritar un “¡No están solos!”, en solidaridad con los electricistas.

El centro histórico ha permanecido desde entonces en medio de un flujo continuo de protestas que siguen denunciando el atropello ocurrido contra Luz y Fuerza del Centro, a pesar de que la agenda mediática poco a poco ha ido disminuyendo la cobertura del tema.

Esta empresa abastecía a 25 millones de usuarios en la capital y sus competencias fueron trasladadas a la Comisión Federal de Electricidad.

“Tras esta medida -aseguró el secretario general del SME, Martín Esparza- se esconden intenciones de concesionar el transporte de energía a través de fibra óptica a la empresa WL Comunicaciones, de accionistas españoles y mexicanos”.

Un 30 por ciento de la generación de la electricidad ya está en manos de privados.

Asimismo, Esparza denunció que las tarifas de Luz y Fuerza del Centro ya beneficiaban a los industriales, mientras se recargaba a los usuarios domiciliarios.

En su comunicado, el SME insiste en que lo ocurrido “es un gravísimo atentado a las conquistas históricas del pueblo mexicano, demuestra palmariamente la actuación de facto, como la hacen los militares golpistas de cualquier parte del mundo. Eso se llama fascismo”.

Rosa, esposa de un trabajador de esta empresa y madre de otro, explicó a Sirel la dura crisis familiar que han provocado estos despidos, en primer lugar porque a su marido le faltaban dos años para jubilarse y su hijo solamente tenía dos meses de haberse incorporado al sistema productivo del país.

“Somos trabajadores, no empresarios”, asegura Rosa, mostrando preocupación ante el hecho de que no están capacitados técnicamente para empezar un negocio con la indemnización. La cantidad otorgada, dice, solamente les servirá para “aguantar” unos meses.

Para ella, el decreto de extinción posee también otro sentido oculto: generar a través de las indemnizaciones un flujo mayor de consumo, en una época de aguda crisis económica.

“Cuando fuimos a traer la indemnización, ahí estaban todos los de los bancos, para recomendarle a la gente cómo invertir. Los trabajadores iban a recoger su cheque y lloraban, mi marido lloró”, recordó Rosa con encono.

El gobierno, por su parte, no ha dado visos de querer negociar de manera efectiva, puesto que como condición pone que los trabajadores acepten las indemnizaciones.

Por su parte, juristas y abogados denuncian la inconstitucionalidad del decreto, y se prevé que las protestas continúen.

México sufre su peor debacle económica en 70 años. Este país cuenta con alrededor de 100 millones de habitantes, de los cuales 51 millones son pobres, 20 millones sufren hambre y existe un millón de nuevos desempleados, según reportes del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía.

“Con el decreto que disuelve Luz y Fuerza del Centro, se abre una nueva etapa en la lucha de clases, la cual debemos tomar con mucha seriedad”, dijo recientemente Marcos Tello, del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

Mientras tanto, el Sindicato Mexicano de Electricistas pide que el pueblo de México defienda la industria eléctrica nacionalizada.