Ante la difícil situación de asesinatos, desplazamientos y demás acciones terroristas propias del conflicto armado, la diócesis de Apartadó propuso en 1997 la creación de zonas neutrales que permitieran que la población desplazada volviera a sus tierras sin temer a los paramilitares y a la guerrilla. Esta propuesta comprometía el desarme total de los pobladores. Con estas premisas nacieron varias Comunidades de Paz, entre ellas la de San José de Apartadó.

Para garantizar el desarrollo de estas comunidades de acuerdo con la misión para lo cual fueron creadas, contaron con el apoyo del Estado, así como de de la ONG Paz y Libertad, de Amnistía Internacional y de las Brigadas Internacionales de Paz.

El corregimiento de San José de Apartadó, por su posición geográfica ha servido de corredor a los actores armados. Históricamente la presencia del Estado ha sido casi imposible. Es así como la Inspección de Policía nunca ha funcionado en la cabecera del corregimiento, sino en el barrio Alfonso López de Apartadó.

Por estas razones, la comunidad de San José se ha mantenido aislada del resto de la comunidad del municipio de Apartadó, sin que se conozca realmente en que condiciones viven y de qué manera satisfacen sus necesidades básicas, donde es necesaria la presencia del Estado para que cumpla con esta responsabilidad social.

Es de anotar que los momentos difíciles que se vivieron en Urabá en materia de violencia, no sólo afectó a los habitantes de San José, sino a los de toda la Región. Es así como consideramos que no ha debido ser la única declarada como Comunidades de Paz, discriminando el resto de los habitantes que también sufrieron en carne propia y de manera más cruel la violencia como: en La Chinita y en otros municipios del eje bananero donde hubo varias masacres de trabajadores, muertes selectivas, extorsiones y secuestros.

Esta situación fue conocida por la comunidad internacional y en particular por las ONG que apoyan hoy a estas comunidades. Lo anterior nos hace pensar que no les interesa el resto de la población, sintiéndonos discriminados de su misión que es proteger los derechos humanos. Máxime cuando el resto de la población desconoce el cumplimiento de su misión debido al aislamiento en que mantienen a las comunidades en que actúan, desconociendo el trabajo de otras organizaciones sociales que hacen parte de la sociedad civil y que después de sufrir el fenómeno de la violencia, han venido trabajando incansablemente para lograr la paz en la región.

En la forma como se viene manejando este proceso se ha prestado, sino es cierto, para suscitar comentarios que se conocen a través de los medios de comunicación y por testimonios de personas de esas mismas comunidades, que señalan que éstas son tolerantes con grupos armados al margen de la Ley. Así mismo se anota que no se saben en que se invierten considerables recursos que llegan de ayudas internacionales, pues no hay ninguna vigilancia ni control de instituciones del Estado en la destinación de estos dineros.

Para recuperar el Corregimiento es necesaria una presencia integral del Estado con compromisos serios de parte de la Presidencia de la República, y los gobiernos departamental y municipal. Este compromiso debe estar dirigido a desarrollar programas de impacto social que mejoren la calidad de vida de todos sus habitantes.

Así mismo, con el desarrollo de estos programas sociales y la presencia de la fuerza pública a través de la Policía, el Ejército y todas las demás fuerzas de seguridad del Estado, se garanticen la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que permitan un orden político, económico y social justo, tal como lo establece la Constitución.

La recuperación por parte del Estado de ese pedazo de patria, debe involucrar en este proceso integral, a las fuerzas vivas de la Región para que participen como veedoras. Para que de esta manera se conozca la verdadera misión de las ONG y se garantice el respeto de los derechos humanos.

De lo contrario, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras, continuarán siendo una isla, un sociedad cerrada con fronteras infranqueables, donde continuará suscitándose la violencia .