El Sindicato
Único de
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP) es una
de las organizaciones sociales más consolidadas de Perú.
Actualmente enfrenta dos situaciones bien distintas pero
igualmente básicas para sus afiliados: las consecuencias de
la malversación de sus fondos previsionales, y la firma de
un
tratado internacional que reduce la soberanía marítima
del país
de 200
a 12 millas. “Es
como si achicaran el país a la mitad”,
dice Ulloa en entrevista con Rel-UITA.
-¿Cómo se conformó la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador?
-Se fundó en 1965 como una iniciativa privada,
gestionada de manera conjunta por los armadores pesqueros y
los pescadores. Al principio, mientras los afiliados éramos
todos jóvenes, la Caja recaudó con eficiencia, pero la
administración fue muy corrupta, y en lugar de invertir el
dinero para asegurar las pensiones de los futuros jubilados
se terminó acabando con los fondos. Hoy existe un pasivo de
aproximadamente 220 millones de dólares. El Congreso analizó
el tema de nuestra Caja previsional, pero al tratarse de una
entidad privada no puede intervenir.
-¿Quién la gestiona actualmente?
-Cuando se declaró la quiebra el Estado designó un
interventor, y se integró una comisión con representantes de
los pescadores jubilados y de los activos, y de los
armadores pesqueros. Hasta ahora, sin embargo, esto no ha
realmente funcionado. Nuestra propuesta consiste en que
seamos tomados a cargo por la estatal Oficina de
Normalización Previsional (ONP), y que a cambio esta reciba
una compensación ya que el Estado le debe a nuestra Caja más
de 30 millones de dólares, los armadores le deben casi 60
millones de dólares, y existe una deuda histórica del Estado
con los armadores estimada en unos 180 millones de dólares.
Si estas deudas fuesen canceladas y el dinero canalizado
hacia la ONP, pensamos que los desequilibrios quedarían
compensados.
-¿Quién les está pagando actualmente a los pescadores
jubilados?
-Según la ley de nuestro país, un jubilado de nuestro
gremio no debe ganar menos de 400 dólares mensuales, pero la
Caja les está pagando 90 o 100 dólares, según el dinero que
hay cada mes. Pero se sigue usando el dinero que están
aportando los trabajadores actuales, ¿y qué pasará cuando
estos se quieran jubilar? Nosotros seguiremos llevando
nuestra propuesta porque estamos convencidos de que es la
única viable en las actuales condiciones.
-¿Cuál es la situación con respecto al Acta de la Convención
del Mar?
-Es un tratado internacional que involucra a 150
países y cuya aprobación nos afectaría muy seriamente,
porque nuestra Constitución declara que mar territorial
peruano se extiende hasta 200 millas de la costa, pero la
Convención del Mar achica esa soberanía marítima a 12
millas. Es curioso que Estados Unidos sea uno de los países
que más presiona para que se firme la Convención, pero él
mismo no es firmante. Existe una amplia coordinación social
que se opone a esta Convención, mientras que varios
integrantes del gobierno, y personas muy identificadas con
los intereses de Estados Unidos como Javier Pérez de
Cuellar, están presionando para que el tratado quede
aprobado antes de fin de año. Nosotros decimos que si se
trata de un cambio constitucional, se debe llamar a un
referéndum para que sea el pueblo quien decida y no un
puñadito de funcionarios.
-¿Cuáles serían las consecuencias de la aprobación esta
Convención?
-Para los pescadores sería la muerte laboral, porque antes
se hacía pesca de costa, pero ahora y desde hace ya unos
años Perú tiene una flota importante, y en crecimiento, de
grandes naves que pescan en las 200 millas. Nuestro mar es
el más rico del mundo, y para nosotros es toda nuestra vida.
Pero además, no sólo perderemos riqueza ictícola, sino
también grandes yacimientos subacuáticos de petróleo, de gas
y de minerales que ya se conocen, pero que no tenemos por
ahora capacidad técnica y de financiación para explotarlos.
Quiere decir que no sólo perderemos los pescadores, sino que
perderá todo el pueblo. La amenaza que esgrimen quienes
presionan para la firma dela Convención es que si no nos
plegamos Perú quedará fuera del circuito de los créditos
internacionales y que nadie comprará los productos peruanos.
Nosotros sabemos que no es cierto. También dicen que al
firmar la Convención automáticamente quedará solucionado el
diferendo fronterizo que existe desde hace muchos años entre
Chile y Perú, pero sabemos que esto tampoco es verdad.
Trabajaremos firmemente para consolidar y ampliar la
coordinación popular de la oposición a este tratado.
Carlos Amorín
©
Rel-UITA
15 de julio de 2005
