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El
secretario general de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), de
Colombia, dialogó con Sirel acerca de la
situación de los derechos humanos y
laborales en ese país, especialmente de
la conflictividad en el sector de las
flores y en la atunera SEATECH.
-¿Cuál es la realidad colombiana en
derechos humanos?
-La comunidad internacional debe saber que la situación de
los derechos humanos en Colombia
no mejora.
Hasta la fecha tenemos que lamentar 37 sindicalistas asesinados.
Continúa la violación al derecho de
asociación y a los derechos y libertades
sindicales, prosigue el desconocimiento
del derecho a huelga. Y lo peor es que a
los conflictos laborales se les está
dando tratamiento de conflictos de orden
público o de guerra.
Aquí existe un cuerpo Policial llamado Escuadrón Móvil
Antimotines (ESMAD) que está
adiestrado -no puedo decir formado- a
responder con extrema violencia ante
cualquier circunstancia, y los
conflictos laborales los están queriendo
resolver de esa manera.
-Como ocurrió recientemente en la Finca
Agrícola Guacarí...
-Así fue, porque en la sabana de Cundinamarca, zona cercana a
la capital, hay 100 mil trabajadoras y
trabajadores de las flores. Las
transnacionales han apelado a la peor
tercerización que se puede dar, que es a
través de un proceso de subcontratación
y subarriendo de empresas,
Así, hay compañeras trabajadoras de varias transnacionales
que hace ya tres meses no les pagan la
salud, los reajustes ni las
prestaciones, y además las suspenden
cada vez que se les ocurre. Por eso las
compañeras han iniciado un proceso de
huelga. La respuesta fue que el
gobernador de Cundinamarca, Andrés
González Díaz, autorizó a resolver
el conflicto con ese Escuadrón de la
Policía, lo que es el peor tratamiento
que se le puede dar a los seres humanos.
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Se utilizará a los jóvenes
para reemplazar a los
trabajadores y trabajadoras
de edad madura, pero sin
ningún derecho. Es la
legalización de la
tercerización por medio de
nuevas figuras legales.
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Una situación similar se está viviendo en el municipio de
Segovia, departamento de Antioquia,
donde la transnacional minera Medoro
Resources realizó un despido masivo
de 1.500 trabajadores. En Segovia hay 15
mil habitantes, quiere decir que todo el
pueblo está siendo afectado por este
hecho ya que la enorme mayoría depende
de una u otra forma de la minera.
En los dos días de resistencia ya van más de 50 personas
lesionadas, heridas. Hemos lanzado un
SOS a la comunidad internacional
para que le solicite al presidente
Juan Manuel Santos que a través del
Ministerio de Protección Social se
resuelva el conflicto de una manera
razonable, en la discusión y solución de
los Pliegos de Peticiones y en la firma
de las Convenciones Colectivas,
respetando el derecho de huelga,
respetando el derecho a la oposición.
-También hay otro gran conflicto en
Cartagena…
-Allí trabajadores y trabajadoras de la empresa atunera
SEATECH han iniciado un proceso de
huelga porque la empresa despidió a más
de 100 empleados. Y esto lo hizo
arguyendo una veda atunera que no
existió, que inventó para justificar
esos despidos, entre ellos de los
integrantes de la Junta Directiva de un
sindicato recientemente creado.
-¿Es una metodología nueva o más de lo
mismo?
-Esto permite avizorar que el gobierno de Santos irá
más allá del de Álvaro Uribe
porque está profundizando las medidas
económicas neoliberales, está
promoviendo un proyecto de ley llamado
de Primer Empleo que, supuestamente,
vendría a resolver la situación de 500
mil de los 12 millones de personas que
trabajan en la informalidad en
Colombia.
Esto es una soberana mentira, y no es más que un intento de
utilizar a los jóvenes para reemplazar a
los trabajadores y trabajadoras de edad
madura, pero sin ningún derecho. Es la
legalización de la tercerización por
medio de nuevas figuras legales.
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