Desde hace casi 20 días Udo Wahlbrink, presidente del Sindicato de Trabajadores en la Agricultura del municipio de Vilhena, en el estado de Rondonia, permanece en prisión junto al edil local Roberto Ferreira Pintos. Ambos participaban en la lucha por la tierra. Sirel dialogó al respecto con Lázaro Dobri, presidente de la Federación de Trabajadores en la Agricultura de Rondonia (FETAGRO), afiliada a la CONTAG.

-¿Cuál es el contexto de estas detenciones?

-En la región sur del estado de Rondonia hay enormes áreas que fueron rematadas durante la dictadura, hace unos 40 años. Ellas se entregaron con un documento que daba derecho a ocupación, pero con una cláusula resolutiva que obligaba a los adquirentes a producir antes de cinco años. 

En realidad, esa zona del estado nunca se desarrolló como otras, las áreas no se valorizaron y durante muchísimos años nunca produjeron nada. Lo único que hicieron los “fazendeiros” fue talar toda la madera de valor ya que se trataba de áreas de selva virgen.

-¿Cuando empezaron a llegar los agricultores familiares?

-Recién a partir de los años 90 la región empieza a llamar la atención porque se trataba de áreas completamente abandonadas pero de excelente tierra para la agricultura familiar, que se puede practicar con un manejo sustentable de la selva.

-¿Cómo comenzó el conflicto?

-El agronegocio llega a la región diez años después que las familias. Quienes detentaban aquellos documentos de la década de los 70 entraron en conflicto con las familias ya asentadas mediante procesos judiciales de reintegración de propiedad.

Aquí tenemos un poder judicial que está muy apegado a los terratenientes, y comenzaron a aparecer las órdenes de desalojo contra familias que ya estaban allí con toda una vida consolidada.

Además de las acciones en la justicia, también hay amenazas de muerte y un clima de persecución, situaciones que habitualmente se producen cuando hay conflictos por la tierra en Brasil.

-¿Por qué están en prisión los dos compañeros?

-Desde hace dos años que Udo Wahlbrink, presidente del Sindicato y muy comprometido con la lucha por la tierra, viene recibiendo amenazas de muerte. Nuestra Confederación lo denunció en diversas entidades federales como la Secretaría de Derechos Humanos, y además solicitó una protección policial para él.

Un grupo de familias que había sido desalojado reocuparon el área con el apoyo político e institucional del Sindicato local. A partir de una denuncia del supuesto propietario la Policía realizó escuchas telefónicas y, según ellos, probaron que Udo es el líder de esa movilización que ella definió como “alteración del orden público”.

En realidad no es ninguna novedad que un dirigente sindical rural participe y hasta lidere acciones de este tipo, así como también participan dirigentes de FETAGRO. Lo nuevo es que esta jueza decidió criminalizar la lucha social liberando orden de detención contra nuestro compañero y también contra el edil local Roberto Ferreira Pintos, también activo en la lucha por la tierra.

-¿Cuánta gente involucra esta lucha en la región?

-En esta área del conflicto actual son 45 familias, pero hay áreas con 150 familias, otras con 60 y 70. Es difícil saber cuántas son en total, pero seguramente varios miles.

-¿Qué hacen las familias cuando son desalojadas? ¿A dónde van?

-La orden judicial obliga a los desalojados a no acercarse a menos de 15 kilómetros del área desocupada. Las familias quedan en los bordes de la ruta donde hacen campamentos de fortuna y desde allí continúan la lucha.

-¿Qué iniciativas han tenido el Sindicato y la Federación?

-Hemos solicitado la libertad provisional de ambos en el juzgado del municipio de Vilhena, pero la jueza la negó y entonces recurrimos a los tribunales estaduales. Estamos aguardando para esta semana el pronunciamiento del Tribunal de Porto Velho.