En Guatemala acaba de asumir un nuevo gobierno de derecha a cuyo frente se encuentra Otto Pérez Molina, un ex militar acusado de haber participado en el pasado en hechos violatorios de los derechos humanos. Sirel dialogó con Noé Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI), para conocer detalles sobre las condiciones de seguridad de los dirigentes sindicales.

-¿Cuál es la situación de seguridad para ustedes en este momento?

-Desde el asesinato de nuestro secretario de Finanzas, Idar Joel Hernández Godoy, el 26 de mayo de 2011, el caso más grave que estamos padeciendo es el de nuestra secretaria de Organización, Prensa y Propaganda, Selfa Sandoval Carranza, que viene siendo amenazada de manera constante.

Apenas un mes después del asesinato de Joel, ella regresaba en un vehículo por la ruta hacia Morales luego de realizar una actividad sindical, cuando fue perseguida por dos hombres en moto que no lograron alcanzarla.

Cabe señalar que éste ha sido el método más habitual de asesinato para muchos dirigentes sociales: la emboscada en motos. Así mataron a Joel.

Selfa también recibe llamadas telefónicas insultándola y amenazándola de muerte.

-¿Aún hoy continúan?

-De manera constante, y se podría decir que hasta el día de hoy.

-¿Cómo están reaccionando ustedes ante este acoso?

-La semana pasada se ha presentado otra denuncia por una llamada que le hicieron a su celular.

-¿Qué han hecho la Policía y la justicia al respecto?

-Ellos no hacen nada, solamente reciben la denuncia pero las engavetan, no le dan trámite. Nos empiezan a interrogar a nosotros, si sabemos quiénes eran, si tomamos la matrícula de la moto, si sabemos por qué nos amenazan, en qué “estamos metidos”, y a partir de ahí más vale salir de la estación de Policía... Simplemente nos dicen que archivan el caso.

-¿Cuál es la razón de estas amenazas?

-No lo tenemos claro. No podemos poner este acoso dentro del marco de relaciones que mantenemos con la empresa Bandegua, porque no tiene puntos en común.

Parece tratarse más de una estrategia que surge de otros centros de decisión más amplios, quizás a nivel nacional, de mantener una intimidación permanente contra las organizaciones sociales de Guatemala.

-¿Cómo está tu situación personal de seguridad?

-En estos últimos tiempos las amenazas y seguimientos han amainado, sobre todo mientras tuve custodia oficial de seguridad otorgada por el gobierno anterior. Pero desde enero, cuando asumió el nuevo gobierno de Otto Pérez Molina, se me retiró esa seguridad personal con el argumento de que no la necesito.

Hemos solicitado una audiencia con el Ministro de Gobernación, el ex militar Mauricio López Bonilla, pero nos recibieron solo unos asesores del viceministro. Dijeron que harían una “evaluación de riesgos”, y en función de lo que analicen, decidirían si es necesario proporcionarme seguridad personal o no.

-¿Cuándo fue ese encuentro?

-La semana pasada. Por supuesto también estamos pidiendo seguridad para Selfa, que además coordina en Guatemala el departamento Mujer de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (COLSIBA) y es miembro del Grupo Profesional de Trabajadores Agrícolas de la UITA (GPTA).