-¿Cómo surgió este bloqueo a FEMSA?

-El grupo FEMSA tiene presencia en el país desde hace cuatro años, cuando adquirió PANAMCO que, antes de retirarse del mercado indemnizó a sus distribuidores. Estos no tenían una relación de dependencia sino que tenían rutas asignadas. Les pagó una buena cantidad de dinero. No obstante, un grupo de esos concesionarios iniciaron un juicio reclamando indemnizaciones que ellos estimaban les correspondían. PANAMCO siempre respondió en la vía judicial y demostró que ellos no tenían ninguna dependencia con la empresa, por lo cual los tribunales rechazaron los reclamos por injustificados. No obstante, este grupo continuó con apelaciones y recursos legales y fueron incrementando el número de reclamantes integrando a otros fleteros, a peones de los camiones y demás, y continuaron litigando contra FEMSA. Hasta ahora, ninguna de las instancias legales ha encontrado una base legal al reclamo de esta gente.

-¿Pero cómo lograron tanta capacidad de movilización si se trata de un pequeño grupo?

-Acudieron a la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, que es un órgano político y no judicial, donde encontraron eco en un par de diputadas. Apoyados por un grupo minoritario pero que está dentro del gobierno, estas personas han difundido por todo el país que la empresa FEMSA, que adquirió PANAMCO, debe hacerse cargo de sus reclamos. FEMSA se avino inclusive a concurrir a una Comisión parlamentaria que estaba entendiendo en el caso y aseguró que si alguno de los reclamantes presentaba pruebas suficientes de sus dichos, ella pagaría lo debido sin inconvenientes. Pero también dejó claro que sin pruebas no pagaría. Las parlamentarias a las que hice mención pertenecen a un grupo radicalizado liderado por la diputada Iris Varela que ve en la Coca Cola a un símbolo del imperialismo, y han dicho que si la empresa no paga los más de 200 millones de dólares que ellos reclaman, le pedirán a la Asamblea una ley para expropiar las instalaciones y formar posteriormente una cooperativa que produzca otras bebidas. Tienen una lista de empresas a las que quieren expropiar, y esta metodología ya se ha aplicado con éxito en algún otro caso, aunque los emprendimientos en sí terminaron fracasando comercialmente. Pero resulta incomprensible que se intenté algo así con una empresa como FEMSA, con más de ocho mil trabajadores en todo el país, con la cual en líneas generales los sindicatos, los trabajadores organizados no tenemos problemas con ella, una empresa con la que estamos discutiendo los Contratos Colectivos y con la cual las relaciones han sido totalmente normales. Y en esto incluyo a sindicatos del sector que se identifican políticamente con el oficialismo, como los sindicatos de Valencia, de Maracaibo, de Caracas, que están rechazando esta actitud de ese grupo radicalizado que cerraron las plantas y llevaron activistas ajenos a la problemática, uniformados con camisas rojas, para impedir el ingreso de los obreros a sus puestos de trabajo. Hasta ahora, los sindicatos de FENTRIBEB como los “sindicatos bolivarianos” estamos rechazando en conjunto esta medida coercitiva porque consideramos que atentan contra nuestro derecho al trabajo. Si este grupo tiene que reclamar alguna cosa, que lo haga por las vías correspondientes, pero sin poner en peligro el empleo de otros trabajadores.

-¿Cómo piensan actuar de ahora en adelante?

-Hasta ahora nuestra actitud ha sido prudente, pero ya existe una cierta desesperación entre los trabajadores. Representantes de los sindicatos afiliados a la central chavista UNT, en acuerdo con nuestra Federación, acudieron ayer a la Asamblea Nacional para defender nuestros derechos. Ellos calificaron a este movimiento como una “asonada”, y reclamaron a los diputados oficialistas que exijan cordura y moderación a las diputadas que apoyan a los reclamantes. Estos compañeros han preguntado en la Asamblea si la intención de la diputada Varela es provocar un enfrentamiento violento entre trabajadores, porque los sindicatos bolivarianos y la Federación no admitiremos que esta situación se prolongue, y advirtieron ante los asambleístas que, si es necesario, tomaremos las fábricas y centros de distribución por la fuerza. Desde hoy, jueves 26, a la mañana los empleados de todos los niveles de la compañía FEMSA nos hemos concentrado pacíficamente delante de las plantas para intentar dialogar y desbloquear los accesos. Hasta ahora se han evitado enfrentamientos porque no queremos que haya violencia, pero es muy preocupante que no haya una respuesta por parte de las autoridades de gobierno ante una extorsión como esta. Otras empresas han optado por retirarse del país ante este clima de incertidumbre. Se dice que si esto no cambia el próximo año son más de 500 las empresas que se irán para Colombia. Finalmente se trata de una pugna interna dentro del oficialismo, con el protagonismo de un pequeño grupo radical que presiona al gobierno para obtener mayor espacio político.

-¿No hay reacciones oficiales a estos planteos?

-Se nos ha informado que tanto en la Asamblea Nacional como a nivel de la Vicepresidencia de la República se iniciaron gestiones para destrabar esta situación. Esperamos que así sea, pero hasta que eso no ocurra los trabajadores nos mantendremos delante de las plantas y en estado de alerta.

Carlos Amorín © Rel-UITA 26 de octubre de 2006