Mientras
que los trabajadores siguen presentando denuncias en busca de que las
autoridades salvadoreñas cumplan con las normas laborales, el Grupo Calvo
continúa aprovechando los beneficios arancelarios de la UE.
Graves
denuncias de prácticas antisindicales afronta en El Salvador la firma
atunera española Calvo, que, paradójicamente, supeditó su inversión en el
país a la aprobación de las normas laborales exigidas por la Unión Europea
para otorgar preferencias arancelarias.
Berta Menjívar,
despedida en febrero, y José Joaquín Reyes, quien sufrió igual medida el
15 de marzo, denunciaron que Grupo Calvo tomó esa decisión contra ellos
porque fundaron en su planta atunera local una seccional del Sindicato General
de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas.
"Sí, me
despidieron por ser fundadora del sindicato", aseguró a IPS Menjívar, de
22 años. "Hasta este día estará trabajando con nosotros", le dijeron cuando se
presentó en su lugar de tareas el 9 de febrero, cinco días después de haberse
constituido el sindicato.
El Grupo
Calvo, especializado en captura, producción y venta de conservas de pescado,
tiene plantas procesadoras en su país de origen y también en Italia y
Venezuela, además de la ubicada en El Salvador, que es considerada la
mayor de todas. Antonio Huezo Avelar, director de la división Calvo
Conservas, ubicada en la oriental provincia de La Unión, admitió ante IPS el
despido de Menjívar, pero indicó que fue por "infringir normas del
reglamento interno de manera repetitiva".
También aseguró
que las "faltas de la trabajadora" estaban explicadas en dos cartas de
amonestación previas y que, al momento de anunciarle el despido, desconocía que
ella era una de las fundadoras de la seccional del sindicato. Según el artículo
214 del Código Laboral, todo miembro constituyente de un sindicato está
protegido por un fuero especial por 60 días y, por lo tanto, no puede ser
desplazado de su cargo laboral.
En tanto,
Menjívar sostuvo que las cartas que menciona Avelar le fueron
entregadas en un mismo día y que en una de ellas su firma había sido
falsificada. "Mi única falta fue retrasarme tres minutos luego de un almuerzo",
aduce la sindicalista, quien además dice haber trabajado para Calvo
durante dos años, cobrando 7,17 dólares diarios, incluyendo jornadas nocturnas
de hasta 12 horas sin recibir el pago adicional que establece la ley en estos
casos.
Por su parte,
Reyes, secretario de Relaciones de la seccional, también aseguró que lo
despidieron, después de cuatro años de trabajar en los buques de pesca, por
estar afiliado al sindicato, aunque la empresa le manifestó que la decisión se
debía a que ya era "improductivo". Este trabajador, según una copia de su
contrato que pudo leer IPS, cobraba 10 centavos de dólar por tonelada descargada
de buques bajo un contrato a término de cuatro o cinco días como máximo. También
estos empleados eran obligados para poder trabajar a firmar un convenio por el
cual la firma no se responsabilizaba de posibles accidentes laborales.
El año pasado,
el Grupo Calvo cabildeó fuertemente para que El Salvador
ratificara los convenios 87, 98, 135 y 151 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), referidos a la libertad sindical y a la negociación
colectiva, requisito de la Unión Europea (UE) para que este país
siguiera dentro del Sistema General de Preferencias Plus (SGP-Plus).
Ese sistema, al
que accedió El Salvador en julio de 2005, permite el ingreso de sus
productos sin pagar arancel a la UE. Ese tributo para las naciones que no
gozan del beneficio es de 20,5 por ciento. La empresa transnacional española, en
el marco de esas presiones, despidió a 600 empleados y amenazó con cerrar todas
sus plantas, aduciendo que perdía competitividad si el país centroamericano no
ratificaba los convenios y mantenía así las preferencias arancelarias.
Esas presiones
fueron férreamente resistidas por sectores conservadores y empresarios, muchos
de ellos ligados al propio gobierno de Antonio Saca y a su derechista
Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quienes rechazaban los acuerdos
de la OIT por considerarlos un "chantaje de la UE". Finalmente,
las presiones de la UE y de la firma Calvo lograron que el
presidente Saca enviara los convenios al parlamento, que aprobó por
unanimidad en la madrugada del 24 de agosto un paquete de reformas para despejar
el camino a su ratificación. La ratificación de estos convenios de la OIT
también saldó una deuda del país de casi medio siglo con sus trabajadores.
Las
modificaciones aprobadas por el parlamento a la ley de Servicio Civil, por
ejemplo, abrieron paso a que los trabajadores vinculados a las fuerzas de
seguridad, la carrera judicial y otras "áreas sensibles" tuvieran derecho a la
negociación colectiva y a la libertad sindical (convenios 87 y 98). Además, con
la ratificación de los convenios 135 y 151 se garantizó la protección para los
dirigentes sindicales y se fijaron parámetros en las relaciones de trabajo en la
administración pública. Los acuerdos entraron en vigor este año. Para
Gilberto García, vicepresidente del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL),
la campaña del Grupo Calvo a favor de las leyes de trabajo "tenía
motivaciones comerciales más que laborales". Las acciones de la empresa española
son incongruentes con su discurso, dijo a IPS.
"Es escandaloso
que ahora Calvo no pueda cumplir esos preceptos después de haber
presionado en favor de la ratificación de los convenios de la OIT",
aseveró García, y advirtió que el gobierno tampoco hace cumplir las leyes
laborales. "Los despidos sucedieron después de que los trabajadores ya estaban
protegidos por el fuero sindical, y la empresa sabe eso. Actúan conociendo que
están violando la ley", sostuvo el asesor sindical.
El Grupo
Calvo, que está presente en este país centroamericano desde 2003 y tiene una
inversión de más de 100 millones de dólares, tiene al menos 1.400 mujeres
empleadas en el área de empaque, quienes reciben un salario promedio de siete
dólares por día. Por su parte, Avelar insistió en que desconoce quiénes
forman el sindicato. "Nosotros no hemos recibido hasta la fecha comunicación
oficial de nadie" sobre la creación de la seccional. Sin embargo, durante la
entrevista con IPS afirmó saber de por lo menos cinco trabajadores que
conformaban la asociación laboral. El representante patronal también indicó que
el Grupo Calvo respeta los derechos de sus trabajadores, ya que
está establecido en la Constitución, aunque opinó que pertenecer a un sindicato
no confiere potestades para "infringir los reglamentos de la compañía".
En una copia
del acta de inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab),
fechado el 24 de febrero, consta que Esmeralda Uceda, supervisora
inmediata de Menjívar, reconoció que ésta era una de las mejores
trabajadoras de la planta, aunque luego agrega que "por un tiempo se tornó
rebelde". La inspección del Mintrab también establece que, luego de
entrevistar individualmente a varias trabajadoras, "no se realiza ningún tipo de
comentarios intimidatorios ni antisindicales", y que la empresa brinda un buen
trato hacia todos los empleados.
Sin embargo, el
acta señala que Calvo ha infringido el artículo 47 de la Constitución y
142 del Código de Trabajo "por haber despedido de hecho a Berta Menjívar",
y le manda reintegrarla y pagarle los salarios perdidos hasta la fecha, pues
está amparada por el fuero sindical. Javier Rivas, de la Dirección
General de Inspección de Trabajo del Mintrab, reconoce que, si bien Calvo
ha infringido la ley y que las resoluciones del ministerio deberían ser
obligatorias, los vacíos en la normativa permiten que las empresas no cumplan
con lo que dictan los inspectores laborales, vulnerando los derechos de los
trabajadores.
"Como sindicato
no estamos en contra de las fuentes de trabajo", puntualizó el despedido
sindicalista Reyes, pero entiende que la empresa Calvo ha
emprendido una campaña de intimidación contra el sindicalismo, que incluye
despidos injustificados, así como denigración e insultos contra los
trabajadores. El Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y
Actividades Conexas está a la espera de la resolución del ministerio sobre el
caso Reyes, la cual estará basada en la inspección realizada el 30 de
marzo. Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias en busca de
que las autoridades salvadoreñas cumplan con las normas laborales, el Grupo
Calvo continúa aprovechando los beneficios arancelarios de la UE.
Raúl Gutiérrez
IPS
13 de abril de
2007
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