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Guatemala
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Trabajadores de Pepsi Cola
Quince meses bajo un toldo |
Hace ya 15
meses que un grupo de trabajadores de
Pepsi Cola
de Guatemala están instalados con un toldo en la Plaza de la
Constitución reclamando su reincorporación a la empresa, de
la que fueron despedidos el 5 de noviembre de 2002.
El Juzgado laboral 6º de turno falló dos veces a favor
de los trabajadores y ordenó su reinstalación. Sin embargo,
la empresa ha desconocido las resoluciones y, en base a
maniobras dilatorias, se niega a cumplir la decisión
judicial.
Embotelladora Mariposa S.A., distribuidora de
Pepsi Cola
en Guatemala, se ha caracterizado por su política
antisindical. Desde que formó una alianza estratégica con la
transnacional brasileña de la bebida
AmBev esta
práctica se ha profundizado.
AmBev
se distingue por buscar la destrucción de la organización
sindical en todos los países en que ha invertido. El último
caso en ese sentido se dio en Uruguay, con el despido de
decenas de trabajadores de la tradicional cervecera Norteña,
ubicada en Paysandú en el departamento, adquirida por la
trasnacional brasileña.
El conflicto actual en Guatemala se generó el 28 de
noviembre de 2000, cuando el Sindicato de Trabajadores de
Embotelladora Mariposa (SITRAEMESA) denunció el
pacto Colectivo existente para iniciar las negociaciones de
un nuevo convenio.
La empresa rompió el diálogo, y se lanzó en una
campaña de persecución de la dirigencia sindical.
El 5 de noviembre de 2002 fueron despedidos 99
trabajadores, 66 de ellos afiliados al sindicato. El
argumento para los despidos fue una reestructura para
eliminar exceso de personal. Sin embargo, la empresa
subcontrató a terceros para cumplir las tareas de los
despedidos, con salarios más bajos y sin sindicalización.
La compañía violó el pacto vigente que establecía
condiciones de estabilidad laboral y planteaba un
procedimiento específico para las cesantías, así como el
Código del Trabajo de Guatemala, que prohíbe los despidos
cuando una empresa está emplazada ante la justicia por los
trabajadores.
Al mismo tiempo, intensificó su política de presiones
y amenazas para lograr desmantelar la organización sindical,
ofreciendo mejoras laborales y salariales a los trabajadores
que se desafiliaran y amenazando y persiguiendo a los
militantes sindicales. En esa dirección, llegó al extremo de
tener aislados en un cuarto, sin desempeñar tarea alguna y
sin contacto con sus compañeros, a dos delegados que no
comulgaban con las posiciones de la empresa.
Un grupo de 30 trabajadores despedidos resiste hasta
hoy las presiones de la trasnacional, rechaza los
ofrecimientos de dinero y mantiene el reclamo de reintegro,
cese del hostigamiento y respeto a las libertades
sindicales.
En febrero de este año el ministro de Trabajo del
nuevo gobierno guatemalteco, Jorge Gallardo Flores, solicitó
a los trabajadores movilizados que levantaran el toldo del
Parque Constitución, pero en ningún momento expresó su
voluntad de hacer cumplir las resoluciones judiciales y
ordenar el reintegro de los mismos a la empresa.
En abril, el Presidente de la República, Oscar Berger,
que desarrolla todas sus actividades protocolares en el
Palacio de la Cultura, frente al lugar donde está instalado
el toldo, pidió una entrevista a los sindicalistas. A ella
acudieron, además, delegados de los trabajadores y el
secretario general de la Federación Sindical de
Trabajadores de la Alimentación Agro Industria y Similares
de Guatemala (FESTRAS), David Morales.
Berger preguntó a los trabajadores cuáles eran sus
condiciones para levantar el toldo, y se ofreció para
conseguirles un mayor monto de despido de parte de la
empresa o un empleo en otro lugar. Los trabajadores
respondieron que sólo quieren que se respeten sus derechos
sindicales y el reintegro a
Pepsi Cola.
Los sindicalistas dicen que no guardan grandes
expectativas de una solución de parte del gobierno de Berger.
"Pepsi
le financió (a Berger) parte de la campaña electoral",
explicaron. Morales, de FESTRAS, sostuvo a su vez que
la vocera presidencial fue la operadora de Recursos Humanos
de Pepsi
que instrumentó la política antisindical.
Morales observó, no obstante, que la entrevista que el
presidente se vio obligado a solicitar con los trabajadores
movilizados demuestra que “la lucha de los compañeros
importa, y de alguna manera la tienen que tomar en cuenta”.
Los trabajadores mantienen sus reclamos: reinstalación
de los 30 despedidos en cumplimiento de las resoluciones de
la justicia laboral; cese de la campaña de desafiliación
sindical que ha emprendido la empresa; pago del séptimo día
a los vendedores de la empresa, tal como marca la ley;
respeto al Código de Trabajo y a los convenios
internacionales 87, 95, 98 y 154, y sustitución de los
trabajadores ajenos a la empresa que realizan las tareas de
los despedidos.
Mariángeles Paredes
© Rel-UITA
22 de abril de 2004
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