Para Sanz, es muy preocupante que hasta el pasado lunes, fecha en la que el proceso de normalización de trabajadores inmigrantes cumplió un mes, se hubieran recibido tan sólo 12.195 solicitudes, cifra muy inferior a las presentadas en otros sectores con menor volumen de trabajadores inmigrantes irregulares, como el eléctrico y el transporte.“Es cierto que algunos empresarios pueden tener dificultades para garantizar tres meses de contrato”, precisó Cecilia Sanz, pero “en estos casos pueden encontrarse alternativas. Lo que no cabe es mantener la opción de la economía sumergida, casi el 30 por ciento en el sector agrario. No es una opción que pueda seguir manteniéndose tras esta oportunidad de aplicación del reglamento”.

La secretaria general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. denunció que muchos empresarios han decidido despedir a los trabajadores irregulares cuando éstos solicitan participar en el proceso de normalización, cuando antes de la regularización los empresarios “denunciaban verse obligados a utilizar mano de obra ilegal porque no encontraban trabajadores legales, culpando al Gobierno de la no regularización”.

Ante esta situación y para evitar algunas actuaciones lamentables, como la de exigir grandes cantidades de dinero a los trabajadores para poder solicitar la regularización -en muchos casos han llegado a pedirles hasta 3.000 euros-, la Federación Agroalimentaria exige que las inspecciones de trabajo actúen de inmediato y no se espere hasta el 7 de mayo, fecha prevista por el Gobierno para su intervención.

La Gazeta
15 de marzo de 2005