El Centro Humboldt, con el apoyo de la Coalición para la Defensa de los Derechos de las y los Trabajadores de la Maquila (CDDL),¹ presentó el estudio “La Industria Textil Vestuario y sus implicaciones socioambientales en Nicaragua”, en el cual se puso en evidencia una vez más que las empresas de Zona Franca, o maquilas, están afectando gravemente el ambiente y la sociedad en su conjunto, quedando impunes por la falta de beligerancia de las autoridades nicaragüenses

Desde 1993 los gobiernos de Nicaragua estimularon la inversión de las Zonas Francas, con el fin de promover el desarrollo económico y la generación de empleo. En la actualidad las empresas textiles en régimen de Zona Franca cuentan con 54 mil trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, generando exportaciones al mercado estadounidense por un monto de 700 millones de dólares.

El estudio presentado por la licenciada Angélica Álfaro, Oficial de Industria del Centro Humboldt, cuyo desarrollo tomó más de un año, detectó graves afectaciones ambientales en 18 parques industriales, ubicados en cinco departamentos del país –donde se concentra el 80 por ciento de las zonas francas del sector textil vestuario– y que albergan un total de 43 empresas. Además de los daños ambientales fueron detectadas repetidas violaciones a las normas, decretos y leyes ambientales de carácter nacional.

Según Álfaro, “Para poder construir las instalaciones y posteriormente operar en el país, estas empresas deben realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la obtención del Permiso Ambiental (PA), otorgado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA). El estudio –continuó Álfaro– detectó que de 27 zonas francas incluidas en doce parques industriales de todo el país, sólo 14 cuentan con el Estudio de Impacto Ambiental, el Permiso Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental, mientras que tres tienen un Plan Gradual de Reducción de la Contaminación Industrial. Diez de las empresas investigadas no cumplen con ninguno de estos requisitos, quedando de esta manera totalmente ilegales, y ocho de estas empresas tienen procesos administrativos abiertos –dos de ellas, Nien Hsing y Chentex Garment, hasta tienen dos procesos administrativos en curso–.

Afectaciones ambientales:

las aguas residuales y servidas

Con respecto a la contaminación ambiental, el estudio detectó graves afectaciones indirectas por el vertido de las aguas residuales. De 21 cuencas hidrográficas con que cuenta el país, tres resultaron afectadas y sus aguas llegan a importantes cuerpos receptores tales como el lago Xolotlán o Managua, el lago Cocibolca o Nicaragua, la laguna de Masaya y el Río Grande de Matagalpa.

“Se levantaron nueve muestras de aguas residuales –indicó Álfaro– para verificar el cumplimiento de parámetros del Decreto 33-95 sobre ‘Disposiciones para el control de la contaminación provenientes de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuaria’, y cuatro muestras de aguas servidas, a fin de verificar el cumplimiento de parámetros bacteriológicos. Las muestras se levantaron en nueve empresas,² y en casi todos los casos indicaron que hay cantidades muy por encima de las permitidas por el Decreto 33-95, en cuanto a los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentales (SS), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), Sulfuros y Grasas y Aceites”, aseveró la especialista del Centro Humboldt.

El estudio detectó también el manejo inadecuado de aguas residuales. Se encontraron tuberías rotas (en Alpha Textil), aguas residuales vertidas en aguas superficiales y en los cultivos (en ZF Las Mercedes) e infiltradas que drenan hacia el lago Xolotlán (ZF Saratoga y Alpha Textil). Esta situación provocó la clausura de pozos de agua de pobladores que viven cerca de las zonas francas, un persistente mal olor que afecta al ambiente y se detectaron enfermedades respiratorias, dérmicas, digestivas, reumáticas y auditivas en los habitantes de las zonas. Se comprobó además la generación de cantidades de desechos sólidos (ZF Las Mercedes), cuya disposición sin el debido manejo se realiza en sitios ilícitos o en basureros municipales que sobrepasan su capacidad, provocando a su paso contaminación en suelos, aguas y atmósfera.

Otro grave problema tiene que ver con las aguas servidas. Se encontraron fosas sépticas muy cercanas a zonas pobladas y en la mayoría de los casos las muestras salieron contaminadas con Coliformes fecales. Estas aguas llegan hasta el lago Xolotlán.

Impactos sociales

La actividad contó también con la participación de miembros de la Coalición para la Defensa de los Derechos de las y los Trabajadores de la Maquila (CDDL).

Miguel Ruíz, de la CST-JBE, dijo que “Este estudio comprueba y ratifica una serie de denuncias que desde hace muchos años los sindicatos venimos denunciando. Queda claramente demostrado que hay empresas, conocidas como maquilas, que no respetan ningún tipo de ley. Además de los sensibles efectos sobre el medio ambiente, no podemos olvidarnos de los graves impactos sociales en las y los trabajadores. Son empresas –continuó Ruiz– que por más de 15 años han venido explotando nuestra fuerza laboral, creando condiciones favorables para su inversión a través de una serie de concesiones que les han otorgado los gobiernos. Ahora se dice que están exportando 700 millones de dólares al año, pero nunca se quiere cuantificar los daños a nuestro ambiente y a nuestra fuerza laboral. Recientes estudios han demostrado claramente que después de diez años de trabajo en una maquila, la mano de obra sale enferma e incapaz de conseguir otro trabajo”.

Ruiz advirtió que no está en contra de las inversiones, pero que ellas deben ser serias, responsables, protegiendo los derechos laborales, humanos y ambientales.

“Como CST-JBE hemos dicho muchas veces que existe ese tipo de violaciones a las normas de seguridad e higiene ocupacional y a las ambientales –agregó–. Con la denuncia de hoy queremos también aclarar que las organizaciones sociales y sindicales no deberían ser las únicas que actúen en estos casos, sino que deben involucrarse el gobierno, los medios de comunicación, las universidades. Hay que buscar alternativas para generar empleo, y queremos que el gobierno involucre a todos los sectores e instancias para que, juntos, encontremos una solución”, concluyó el directivo de la CST-JBE.

Terminando la actividad, Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, dio a conocer las demandas que esta organización presentará a las instituciones.

“No hay duda –dijo– de que existe un incumplimiento de parte de las maquilas ante la pasividad y la complacencia de las autoridades que tienen que ver con el manejo del ambiente. Hay comprobación de una actitud de irresponsabilidad ante las normas ambientales por parte de la rama textil-vestuario, lo que representa una amenaza a los recursos hídricos. Es por eso que el Centro Humboldt está demandando a las autoridades de gobierno, MARENA, MINSA y Procuraduría Ambiental, que se coordinen para mantener vigilancia y control efectivo en las zonas francas del país. Pedimos, además, la revisión exhaustiva del monitoreo de las aguas residuales y del cumplimiento de los requisitos ambientales para la instalación y operación de zonas francas por parte del MARENA. Que se tomen medidas administrativas y penales, en aplicación de la Ley de Delitos Ambientales, para aquellas zonas francas que vierten aguas residuales y depositan desechos sólidos en sitios ilegales, en perjuicio de los recursos hídricos y suelos”.

Campos recordó también que el Centro Humboldt ha enviado los resultados del estudio a todas las instancias gubernamentales relacionadas con el tema, y que ahora espera que termine la actitud complaciente de las autoridades, frente a más del 30 por ciento de las maquilas que siguen incumpliendo las normas ambientales y se instalan en el país sin ningún tipo de permiso.