La 
                    Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)
                    
                    
                    
                    denunció al Estado guatemalteco ante la Organización 
                    
                    
                    
                    Internacional del Trabajo (OIT) por la supuesta violación
                    
                    
                    del 
                    Convenio 169 al autorizar la explotación minera.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Julio Coj, secretario general de la UNSITRAGUA, una de las 
                    principales centrales obreras del país, expresó este martes 
                    1 de febrero a la prensa que la denuncia, que fue presentada 
                    la semana pasada ante la OIT, busca persuadir al Gobierno 
                    del presidente Oscar Berger para que deje sin efecto las 
                    licencias de explotación minera otorgadas con anterioridad.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Entre tanto, Jorge García, viceministro de Energía y Minas, 
                    dijo también ayer a periodistas que considera "conveniente" 
                    que la UNSITRAGUA haya llevado el caso a la OIT, pues "eso 
                    permitirá aclarar la interpretación de algunos artículos" 
                    del Convenio 169 de la OIT sobre los cuales no hay claridad.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Según Coj, el Gobierno violó dicho acuerdo de la OIT sobre 
                    los Pueblos Indígenas y Tribales -el cual ha sido ratificado 
                    por el Estado guatemalteco- al no haber consultado a las 
                    comunidades sobre la explotación minera en sus territorios.
                    
                    
                     
                    
                    
                    "Antes de que se continúe con esta actividad, el Gobierno 
                    debe cumplir con lo que establece el Convenio 169 y realizar 
                    una amplia consulta con las comunidades indígenas del país 
                    en donde se ha iniciado la explotación y exploración 
                    minera", señaló Coj.
                    
                    
                     
                    
                    
                    La concesión de licencias de explotación minera le ha valido 
                    al Gobierno de Berger, además del rechazo de amplios 
                    sectores de la población, un enfrentamiento directo con la 
                    Iglesia Católica, la cual ha manifestado su oposición a esta 
                    actividad.
                    
                    
                     
                    
                    
                    El pasado 27 de enero, miles de guatemaltecos, encabezados 
                    por el obispo de la Diócesis de San Marcos, Álvaro 
                    Ramazzinni, se manifestaron en contra de la explotación 
                    minera en la ciudad de San Marcos, 250 kilómetros al oeste 
                    de la capital guatemalteca.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Un día después de esa protesta, el Gobierno se comprometió a 
                    no otorgar más licencias de explotación minera, a modificar 
                    la Ley de Minería y a iniciar procesos de consulta sobre 
                    esta actividad productiva.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Según estadísticas del ministerio guatemalteco de Energía y 
                    Minas, en la actualidad están vigentes 397 licencias de 
                    explotación minera a nivel nacional, 67 de las cuales son 
                    para materiales de construcción, 122 para materiales 
                    metálicos y 208 para no metálicos.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Esa cartera también analiza otras 223 solicitudes de 
                    licencias de exploración y explotación minera. 
                    
                     
                    
                     
                    
                    EFE
                    
                    2 de febrero 
                    de 2005