La Central Unitaria de Trabajadores cuestionó

duramente al gobierno colombiano

en la OIT

El 8 de junio, en el marco de la 92ª Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra, se debatió la política contraria a las libertades sindicales que desarrolla el gobierno del Presidente Uribe. En la sesión de la Comisión de Normas, que es la encargada de analizar los casos de discordancias entre las normas de OIT y las disposiciones de la legislación interna, se analizó el tema de Colombia. En la sesión intervinieron los delegados de las tres centrales sindicales colombianas. El presidente de la CUT, Carlos Rodríguez Díaz, denunció el asesinato de 108 sindicalistas en los últimos 12 meses y la impunidad de estos crímenes, así como todas las irregularidades cometidas por el gobierno al declarar ilegal la huelga de la USO, el despido de más de 200 trabajadores y pedirá respeto para los derechos de los trabajadores de SINTRAINAGRO, quienes actualmente desarrollan un movimiento

huelguístico en el Urabá.

 

 

Señora Presidenta:

 

El gobierno colombiano desarrolla una política anti-sindical constatada por los organismos de la OIT que, realizan observaciones y recomendaciones para asegurar la aplicación de las libertades sindicales.

 

El Gobierno tampoco materializa la concertación con el movimiento sindical. Por el contrario, desconoce e impone políticas económicas y sociales contra nuestros derechos e impulsa proyectos de ley, desconociendo que deben ser sometidos previamente a la Comisión Nacional de Concertación por mandato de la Constitución colombiana y en aplicación de los principios del diálogo social pregonado por la OIT. 

Si bien el Gobierno informó sobre la adopción de un plan de trabajo de la Comisión Interinstitucional para la defensa y protección de derechos humanos de los trabajadores, su implementación se encuentra aminorada por la falta de voluntad y de recursos suficientes para llevar a cabo las actividades propuestas.

 

Pese a que desde 1987 la OIT (Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo de Administración) han tomado nota de la violencia contra los sindicalistas colombianos, resulta pertinente informar que entre el 1 de mayo de 2003 y el 30 de abril de 2004, han sido asesinados 108 sindicalistas y de estos, 55 son educadores. Es preciso anotar que entre enero y mayo de 2004 asesinaron a 22 sindicalistas.

 

La leve disminución en el número de asesinatos de sindicalistas puede explicarse por el desarrollo del proceso de negociación que se adelanta con los grupos paramilitares.

 

Los grupos paramilitares, seguidos por las guerrillas y agentes del Estado, continúan siendo los principales violadores del derecho a la vida de los sindicalistas colombianos. Como ha dicho la ONU, la acción de los grupos paramilitares compromete la responsabilidad del Estado, porque actúan con la aquiescencia, tolerancia, omisión o apoyo de agentes del Estado.

 

Así las cosas, si la impunidad sigue cubriendo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes contra sindicalistas, tal como lo han señalado reiteradamente el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos, no podrá hablarse de la vigencia de los derechos humanos de los trabajadores, ni existirán las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades sindicales.

 

En este sentido, una vez más se desconoció el Convenio 87 con la declaratoria de ilegalidad de la huelga en la Empresa Colombiana de Petróleos, con el despido de 248 trabajadores, incluidos destacados dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) y la sustitución de los trabajadores en huelga por otros de los niveles directivos de la empresa. Todo ello, a pesar de la discordancia que desde 1997 ha anotado la OIT y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.

 

Según la Corte Constitucional cuando el Estado es el empleador, resulta contrario al principio de la buena fe en el cumplimiento de los compromisos internacionales, que un órgano gubernamental haga la calificación de la ilegalidad de la huelga porque se afecta la imparcialidad de la decisión.

 

Por su parte, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha pedido al Gobierno colombiano reiteradamente, que “la declaración de ilegalidad de la huelga no debería corresponder al Ministerio de Trabajo (hoy Ministerio de la Protección Social) sino a la autoridad judicial o a una autoridad independiente”.

 

Otra de las arbitrariedades cometidas por el Gobierno, ha sido la de decir que la actividad petrolera constituye un servicio público esencial. La OIT ha señalado en varias oportunidades que la extracción, distribución, producción, transporte y refinación del petróleo no puede ser considerado, en sí mismo, un servicio público esencial.

 

El informe de la Comisión de Expertos de este año lo recuerda para el caso de Costa Rica: “la refinería de petróleo no es un servicio esencial y que debería garantizarse en los mismos, el derecho de huelga sin que sea posible, por ejemplo, la sustitución de huelguistas por otros trabajadores”.

 

Actualmente se lleva a cabo una huelga en el sector bananero orientada por SINTRAINAGRO, que tiene como propósito impedir que los empresarios eliminen la cláusula convencional del régimen de contratación, para dar paso a la flexibilización del régimen laboral y la consecuente eliminación de la regulación laboral y de la seguridad social. Abogamos porque en cumplimiento de las normas de OIT se respete el ejercicio de la huelga y de la contratación colectiva.

 

Por lo anterior, llamo a esta Comisión a reiterar sus recomendaciones al Estado colombiano, para que adecue su legislación interna a los convenios de la OIT, especialmente el convenio 87.

 

Señora Presidenta:

 

Finalmente, debo decir que la satisfacción y el interés que se expresa en el informe de la Comisión de Expertos acerca del cumplimiento, por parte del Gobierno colombiano, de los convenios 29, 111, 129 y 169 deja mucho que pensar, porque eso no se ajusta a la verdad y la situación sindical en Colombia sigue siendo dramática, motivo por el que solicitamos la Comisión de Investigación y Conciliación para Colombia.

 

Muchas gracias.

 

Ginebra, 8 de junio de 2004. 

 

 

        

 

indymedia

9 de junio de 2004

 

 

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