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El
pasado 16 de junio, el gobierno de Ricardo Martinelli,
homologó la Ley 30 (popularmente conocida como “ley
Chorizo”)que atentaba contra derechos laborales, libertades
sindicales y derechos humanos.
Luego de una violenta represión desatada contra el pueblo de
Changuinola que en forma pacífica reclamaba la derogación,
la controvertida Ley 30 pasó a una instancia de revisión que
llevó tres meses.
El pasado 10 de octubre la Mesa de Diálogo Tripartita
instaurada para modificarla llegó a un contenido final que
resulta contradictorio: se derogaron algunos de los
artículos más lesivos para las organizaciones sindicales,
pero quedan vigentes otros que lesionan los derechos humanos
de los panameños.
Sirel
conversó con Alejandro John, secretario general del
sindicato de trabajadores de la bebida (SITRAFCOREBGASCELIS),
para conocer su análisis sobre el mencionado proceso.
-¿Cuál fue el resultado de la revisión de la Ley 30?
-Luego de que fuese a revisión esta Ley -que provocó una
manifestación sin precedentes en Changuinola y que costó la
vida de varios panameños y centenas de heridos y lisiados-
el pasado 10 de octubre tuvo un desenlace que califico como
mínimo contradictorio.
Se derogaron algunos artículos, como el 373 que refería al
descuento de la cuota sindical, pero lo que refiere al
derecho a la huelga, aún queda a la libre interpretación del
empleador.
Se le va ha
permitir a los empresarios que algunos directivos puedan
entrar en el período de huelga además de personal
administrativo y operarios para el mantenimiento de la
maquinaria y esto es un retroceso teniendo en cuenta que
antes se permitía el cierre total de la planta durante la
huelga.
Por otra
parte mantiene vigencia de la denominada
Ley Carcelazo,
que legitima el uso de la fuerza por parte de la Policía,
dejando al descubierto una grave falencia de la legislación
del país y que afectará directamente a los trabajadores.
En lo
referente al tema ambiental, se logró establecer que se
realicen los estudios de impacto ambiental.
-¿Qué análisis te merece todo este proceso, desde que fue
impuesta la Ley 30 en junio de este año hasta hoy?
-Personalmente considero que los grandes damnificados en
todo este proceso fueron los trabajadores y el pueblo de
Changuinola, porque no se logró el objetivo principal que
era la derogación total de esta Ley.
-¿Cómo van a reaccionar ante esto?
-Estamos preparando un pronunciamiento desde el
Consejo
de Trabajadores Organizados (CONATO)
en relación a nuestra disconformidad con el desenlace que ha
tenido esta revisión, pero esta ya es una ley definitiva.
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