Panamá

La Ley 30 y la Represión del gobierno de Martinelli

Con Alejandro John

Exitoso paro general

 

En el marco de una arremetida gubernamental contra las conquistas y los derechos sindicales, Sirel dialogó con Alejandro John, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Refrescos, Bebidas, Gaseosas, Cervezas, Licores y Similares (SITRAFCOREBGASCELIS), quien evaluó la actual situación y el resultado del paro general realizado ayer, martes 13.

 

 

-¿Cuáles son los alcances de la Ley 30 que ustedes reclaman que sea derogada?

-Se trata de una Ley que ya existía y que fue modificada recientemente por el gobierno. Hay varios aspectos que rechazamos de plano: el primero se refiere a la protección del medio ambiente, ya que la Ley 30 le otorga potestad al Ejecutivo para decidir cuándo un emprendimiento amerita o no la realización de un estudio de impacto ambiental previo, sin intervención de la sociedad civil.

 

El segundo tema es que se introducen algunas reformas al sistema laboral que claramente apuntan a la destrucción de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, de ahora en adelante no sería más el empleador quien descuente la cuota sindical del salario de los trabajadores para entregar esos recursos directamente al sindicato, sino que deberá ser la organización la que tendrá que cobrarle esa cuota a cada trabajador individualmente.

 

Así, según esta reforma de la Ley, cualquier trabajador o trabajadora quedará comprendido por los acuerdos del Convenio Colectivo, esté o no afiliado, pague o no su cuota al sindicato. Esto alienta a que los trabajadores dejen de aportar a su organización y eso las conducirá a su desaparición.

 

Asimismo, la Comisión de la OIT que evaluó la posibilidad del empresariado a acceder  a las plantas cuando hay una huelga formalmente declarada, no hizo recomendaciones a Panamá sino observaciones. Nosotros pensamos que ese punto es discutible. Nuestro punto de vista es que el sistema democrático establece el respeto a las decisiones de las mayorías; las minorías deben acatar o que decida una asamblea democrática.

 

Ahora, esta reforma autoriza al empleador a entrar en las instalaciones, también a los administrativos y a los no huelguistas, y además, el empresario puede designar personal para, supuestamente, darle mantenimiento a los equipos productivos. Antes de esta reforma, el personal de mantenimiento era seleccionando de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores.

 

-O sea que es un sistema rompehuelgas...

-Las plantas van a seguir produciendo, ya que las multas por violar estos acuerdos son irrisorias comparadas con las pérdidas provocadas por una planta parada. Esta reforma impedirá que en los próximos cinco años se negocien Convenios Colectivos en Panamá.

 

-¿Cómo se desarrolló el paro general nacional realizado hoy?

-Hemos tenido un 100 por ciento de acatamiento en las plantas de Coca Cola, un 95 por ciento en la Construcción y se han realizado numerosos paros parciales en todo el país, ya que la convocatoria llamaba a las dos modalidades de paro.

 

-¿Cómo es la relación de los sindicatos con el gobierno?

-En Panamá está en entredicho la democracia. Estamos viviendo una situación de intimidación generalizada, de amenazas y persecución. Tenemos doce dirigentes sindicales arrestados. Los trabajadores bananeros de Bocas del Toro vienen de ser salvajemente reprimidos, con  varios muertos y más de 140 heridos, muchos de los cuales hemos sabido que han perdido uno o ambos ojos como consecuencia de disparos de perdigones a corta distancia por parte de la Policía.

 

Hay una segunda lista de dirigentes que deberían ser arrestados, donde está este servidor y otro compañero de Coca Cola Panamá. Estamos en una situación bien compleja, por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones hermanas y solidarias a estar atentas sobre lo que ocurra en nuestro país.

 

 

En Montevideo, Carlos Amorín

Rel-UITA

14 de julio de 2010

 

 

 

  

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