A partir de 1990 el COHEP y el FMI impusieron
un modelo en el cual se eliminaron o rebajaron los impuestos
a los empresarios y al pueblo se los aumentaron. Asimismo,
la eliminación de los aranceles provocaron la quiebra de
grandes, medianas y pequeñas empresas locales aumentando en
mas de un millón los desempleados. Como corolario, con la
devaluación del lempira (ndr: moneda hondureña)
lograron precarizar el trabajo para imponer la maquila con
trabajo semi-esclavo, crear nuevos ricos y vestir a gringos
y europeos a costa de la pobreza del pueblo y la disminución
de los impuestos al Estado.
Al desarticular nuestro aparato productivo, promovieron las
importaciones de productos agrícolas e industriales para que
miembros del COHEP se hicieran millonarios,
perdiéramos nuestra soberanía alimentaria y tuviésemos un
enorme déficit comercial que se cubre con las remesas de los
trabajadores emigrados; modificaron las leyes para reducir
el Estado privatizando los servicios públicos; desregularon
el Estado para que no intervenga en la economía, y dejaron
el mercado controlado por monopolios y oligopolios que
impone altos precios a los artículos de consumo y servicios
básicos para maximizar sus ganancias y empobrecernos más.
A partir de 1990 los empresarios no sólo no protestaron por
el enorme desempleo que ellos generaron y siguen generando
con el TLC, sino que quedaron con tal poder que ahora
no se emite ninguna ley si no se redacta como ellos quieren,
no cumplen el Código del Trabajo, eliminaron la reforma
agraria y han asaltado los partidos políticos tradicionales
para institucionalizar la corrupción y el fraude electoral.
Los empresarios son los dueños de Honduras y el
pueblo es su esclavo.
Hoy, ante la fijación por el Poder Ejecutivo de un salario
mínimo de 296 dólares, menor que el costo de la canasta
básica que es de 344 dólares, el COHEP llama a los
empresarios a incumplir la ley del salario mínimo, a que a
cambio del despido les ofrezcan a los trabajadores el
salario que el patrono quiera, incurriendo así en un
chantaje inmoral e ilegal, y a que acudan a la Corte Suprema
para solicitar la anulación del salario mínimo.
Alertamos a los trabajadores para que no se dejen
chantajear. El Código del Trabajo, en su Artículo 379, manda
que, para ser válido, todo convenio entre el patrono y el
obrero deberá hacerse ante las Autoridades del Trabajo, y el
Artículo 3 establece que son nulos todos los actos que
impliquen renuncia o disminución de los derechos que la
Constitución, Código del Trabajo y demás leyes otorguen a
los trabajadores.
El Ministerio del Trabajo debe investigar cada despido y
sancionar a las empresas incumplidoras de la ley. Al igual
que lo hace con los empresarios, el Poder Ejecutivo deberá
dictar medidas de emergencia para aliviar la situación
económica de los trabajadores injusta e ilegalmente
despedidos mientras demandan su reintegro, y los Tribunales
de Justicia deberían acelerar los fallos.
Junta Directiva Central - STIBYS
