La empresa Toro Blanco se dedica a la recepción,
fermentación, y clasificación del tabaco para la exportación
en fardos. La firma está incluida entre otras tantas que
conforman el Grupo Las Palmas, cuyo dueño y principal
accionista es Guillermo Caballero Vargas, ex político y
candidato a Presidente de la República por el partido
Encuentro Nacional para el período 1992-97. Luego de ese
fracaso, Caballero Vargas decidió retirarse de la política
pública y continuar con la vida empresarial.
Una de sus empresas, Toro Blanco, cuenta con unos 100
trabajadores, la mayoría de ellos se encuentran asociados al
Sindicato de Trabajadores de Las Palmas. Estos operarios
vienen denunciando desde hace dos años persecuciones, malos
tratos y arbitrariedades de parte de la empresa, cuyo
director, el francés Paul Frenot, comanda las medidas
represivas aunque el principal verdugo de los operarios y el
que siempre “pone la cara” es Juan Milciades Marín,
subgerente de Acopio y Depósito de Tabaco.
Pero las relaciones mantenidas entre la directiva de la
empresa Toro Blanco y los operarios volvieron a tensarse
debido a que se encuentran a las puertas de nuevas
negociaciones para la renovación del Contrato Colectivo de
trabajo.
Entre las provocaciones urdidas por Marín en contra de los
trabajadores una resulta realmente peligrosa para la salud y
la estabilidad laboral de los obreros, que implica el
incumplimiento de un acuerdo con los directivos de la
empresa de fumigar el tabaco fuera del horario del trabajo.
Sin embargo, luego de una orden emanada por Marín, las
pulverizaciones del tabaco guardado dentro del depósito
comenzaron a realizarse dentro del horario laboral, sin
importar en lo más mínimo la seguridad de los obreros.
El nombre comercial del insecticida utilizado para matar a
las plagas que afectan al tabaco es Fostoxin, y su principio
activo es el fosfuro de aluminio, un producto extremadamente
tóxico para los seres humanos. Los obreros, temerosos de
perder sus haberes por dejar el lugar de trabajo antes del
horario de salida, prefieren continuar con sus tareas
soportando el fuerte olor del veneno y desafiando los
peligros sanitarios a los que la empresa Toro Blanco les
expone.
Los miembros del sindicato denunciaron que todos están
sometidos a los caprichos de Marín, quien tiene carta blanca
de Frenot para perseguir y hostigar a todos los trabajadores
por igual, principalmente a aquellos que están
sindicalizados.
Suspensiones arbitrarias
La secretaria general del sindicato, Clotilde Adorno, comentó
que en lo que va del año 34 obreros fueron suspendidos
arbitrariamente, sin motivos valederos.
Además, la empresa contrata masivamente operarios zafrales,
sabiendo que de esa forma contribuye a que el tiempo laboral
sea más corto para los obreros fijos, quienes solamente son
empleados una vez al año durante la zafra de tabaco; la
duración del empleo depende de la cosecha alcanzada: si fue
buena trabajan más tiempo, pero si fue mala el tiempo de
trabajo se acorta dramáticamente.
Para evitar la contratación de más personal, el Sindicato de
Trabajadores le propuso a Marín que los operarios fijos
trabajaran horas extras, pero éste no aceptó y la empresa
realizó más contrataciones para acelerar el procesamiento
del tabaco.
Según la sindicalista, desde hace tiempo Marín coacciona a
los operarios para que se desafilien del sindicato
ofreciéndoles a cambio acceso a préstamos de dinero de parte
de la empresa.
Marín también se ha caracterizado por incumplir
sistemáticamente todos los puntos del Contrario Colectivo,
que en uno de sus ítems establece que en caso de
fallecimiento de un operario, el cargo queda automáticamente
disponible para un miembro de la familia del difunto. Este
fue el caso de un obrero muerto en abril pasado, cuyo
familiar pudo ingresar como trabajador de la empresa tres
meses después, luego de una larga batalla iniciada por el
sindicato ante el Ministerio de Justicia y Trabajo. Mientras
tanto, Marín hacía contrataciones masivas sólo con el fin de
perjudicar a los obreros fijos sindicalizados.
Cualquier nota o pedido oficial del sindicato debe pasar
indefectiblemente por Marín, quien se reserva el derecho de
decidir qué comunica a sus superiores y qué tira a la
papelera.
Como
ejemplo, comentaron los sindicalistas, cuando decidieron
quejarse por el incumplimiento del acuerdo sobre realizar
las fumigaciones del tabaco los viernes luego de las 17
horas, cuando culmina el horario laboral, acudieron a la
encargada de Recursos Humanos, Natalia Gill, quien
simplemente “se escabulló” cuando los sindicalistas la
buscaban para presentarle su reclamo.
Ante este
hecho, los obreros decidieron realizar una protesta dentro
del horario de descanso, en el interior del mismo depósito
donde se guarda el tabaco y ellos deben realizar sus tareas.
Increíblemente fueron acusados por la patronal de “perturbar
la tranquilidad” de la empresa al armar “bulla y griterío”.
El
conflicto se agravó cuando la directiva de la empresa
decidió declarar asueto laboral un viernes para realizar las
fumigaciones, aunque no comunicó oficialmente la decisión al
sindicato de trabajadores, razón por la cual muchos
operarios que no se habían enterado de la medida asistieron
a sus lugares de trabajo. Al no dejarles ingresar hasta el
depósito en donde trabajan, decidieron realizar una
manifestación a la entrada de la empresa, razón por la cual
fueron acusados por la patronal de obstaculizar el libre
ingreso de los empleados de las demás empresas del grupo Las
Palmas que también funcionan en el mismo predio de la firma
Toro Blanco.
Los
trabajadores acusaron incluso a la directiva de haberlos
filmado y fotografiado, como forma de amedrentar y presionar
a los obreros ya que después esas imágenes fueron
manipuladas para acusar a los manifestantes de causar daños
a la empresa. Además, los trabajadores denunciaron que la
patronal sobornó a los efectivos policiales que impedían el
paso de los obreros de Toro Blanco, para que estos los
acusaran de alborotadores e iniciaran una represión, que por
suerte no se produjo.
Estos
conflictos ahora deben dirimirse en el ámbito de reuniones
tripartitas convocadas por el Ministerio de Justicia y
Trabajo, e inclusive ante el Poder Judicial, debido a que la
patronal interpuso una querella contra el sindicato porque
sus integrantes, supuestamente obstaculizaron el acceso
principal del grupo empresarial Las Palmas.
En estos días se reinician las negociaciones entre la
patronal y el sindicato para la renovación del contrato
colectivo de trabajo. El ambiente caldeado en que los
obreros deben trabajar a diario hace presumir que las
negociaciones no resultarán nada fáciles para los
sindicalistas, quienes temen que la directiva de la empresa
sigan valiéndose de las persecuciones y amenazas a los
trabajadores para enrarecer el diálogo que propicie la
renovación del Contrato Colectivo.
El principal punto de la negociación según la directiva del
sindicato será reclamar el 10% de aumento salarial para
todos los operarios de Toro Blanco.
Por otra
parte, solicitarán que figure en el acuerdo una cláusula que
asegure la puntualidad en el pago salarial, un aumento de 75
mil a 100 mil guaraníes en concepto de bonificación por cada
hijo en edad escolar, así como el mantenimiento del permiso
sindical de 60 días para asistir a congresos y a seminarios
a nivel nacional y 30 días para encuentros internacionales
Al mismo tiempo, solicitarán que conste en el nuevo contrato
una ayuda alimentaria de parte de la empresa para que esta
asuma el 60 por ciento del costo del almuerzo de cada
operario.
Así las
cosas, los miembros del Sindicato de Trabajadores de Las
Palmas están preparados para afrontar una dura lucha en pos
de sus reivindicaciones, a pesar de la belicosidad
demostrada por la directiva de la empresa Toro Blanco, que
no pierde ocasión para obstaculizar el camino que permita
arribar a un clima más distendido de buenas relaciones con
sus trabajadores.
Rel-UITA
17 de agosto de 2006
