Argentina

El envejecimiento de la población y el elevado índice de trabajo informal en Argentina constituyen un cóctel de efectos explosivos, como el hecho de que la mitad de los que en el año 2015 sean mayores de 65 años no tendrán jubilación.

Esa es la conclusión de un informe realizado por el privado Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en coincidencia con una ley de jubilación anticipada, dirigida a quienes estén desocupados y hayan realizado aportes previsionales durante los 30 años reglamentarios pero no tengan la edad necesaria –65 años los hombres y 60 años las mujeres– para jubilarse.

Con la nueva ley se rebaja en cinco años la edad requerida.

IDESA destaca que esa iniciativa, que entrará en vigor el uno de febrero, "no soluciona el problema de fondo, que es que hay cada vez más ancianos pero menos jubilados".

En Argentina, según el censo de 2001, 3,58 millones de sus 36,2 millones de habitantes son mayores de 65 años. La esperanza de vida para el período 2005-2010 es de 71,5 años para los varones y de 79 años para las mujeres.

Los beneficiarios de la nueva ley son "un grupo selecto", según IDESA, pues van a cobrar jubilación, cuando la "tendencia" en Argentina y varios países de la región es que la cantidad de personas que no tienen asegurado su futuro después de retirarse del mercado laboral "es cada vez más alta".

El instituto atribuye esa situación a varios factores, entre ellos el hecho de que a raíz de las crisis y de dinámicas demográficas desfavorables se fueron imponiendo requisitos más restrictivos para el acceso al sistema previsional.

Por otro lado, influye el mal funcionamiento del mercado de trabajo y su creciente "informalidad".

En 2004, los asalariados "en negro" representaban casi el 30 por ciento, casi la misma participación que los asalariados registrados, y además había un 20 por ciento de autónomos que en su gran mayoría no realizan aportes regularmente a la seguridad social y otro 20 por ciento de desempleados, algunos recibiendo ayudas del Estado.

En 1975, el 58 por ciento de la fuerza laboral argentina tenía un empleo asalariado registrado, en 1985 el porcentaje había caído al 52 por ciento y en 1995 estaba en el 40 por ciento.

Por otro lado, en 1998 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagaba prácticamente tres millones de prestaciones, seis años después apenas sobrepasan los 2,7 millones y se calcula que dentro de diez años serán sólo 2,4 millones.

"Aun suponiendo que no existieran personas con múltiple beneficio (es decir, el caso de una persona que cobra de manera simultánea jubilación y pensión), esto implicará que apenas el 50 por ciento de la población mayor de 65 años en el 2015 estará dentro de la cobertura del sistema previsional", advierte IDESA.

El instituto señala que las cuentas de capitalización individual para administrar los ahorros previsionales, creadas en los años 90 cuando se reformó el sistema, han mostrado ser un "estímulo muy débil" para que el trabajador se preocupe de asegurarse un retiro digno "frente a los incentivos a favor de operar en la ilegalidad".

En esto es decisivo –señala IDESA– el hecho de que en Argentina más de dos tercios del empleo lo generan empresas con menos de 25 trabajadores y para la mayoría de estas unidades productivas los trámites burocráticos exceden sus posibilidades administrativas y la carga tributaria nominal supera sus márgenes de rentabilidad.

"Bajo estas reglas de juego, que imponen los tres poderes del Estado argentino, los incentivos a operar en la informalidad y la insolvencia son muy poderosos", señala el instituto.

Por eso, mientras no medien cambios estructurales en el mercado de trabajo, la seguridad social tendrá un enfoque cada vez más elitista, en el sentido que solo llegan a ella los que menos la necesitan, concluye IDESA.

EFE

18 de enero de 2005