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El jueves 29 de julio entró en vigor la ley estatal SB 1070, conocida como “antiinmigrante” por organizaciones de derechos humanos y activistas. El día anterior, una jueza federal de Phoenix bloqueó algunos aspectos de la ley por considerarlos anticonstitucionales.

Por decisión de esta jueza, las fuerzas del orden no podrán detener “sospechosos” de ser indocumentados; las personas no necesitan portar documentos migratorios y los jornaleros agrícolas sí podrán reunirse en ciertos lugares públicos en busca de empleos temporales.

Pero la jueza dejó en pie aspectos que afectarán profundamente la vida de miles de personas. Por ejemplo, una persona que transporte o “proteja” a un indocumentado puede enfrentar prisión y cargos legales —esto incluye a familiares—,  y ninguna ciudad del estado puede declararse “santuario” y ser flexible con los indocumentados.

Ya Arizona —como casi todos los estados de Estados Unidos— dispone de leyes que afectan a los inmigrantes sin papeles. Por ejemplo, los estudiantes sin residencia legal no pueden recibir ayuda financiera para ir a la universidad y deben pagar como extranjeros.

Por eso, durante los actos realizados el 29 de julio en varias localidades de Arizona, especialmente en su capital, Phoenix, nadie cantó victoria. Aunque sí se expresó alivio de que al menos ciertas partes de la ley fueron bloqueadas. Como era de esperarse, el gobierno estatal dijo que apelará.

El día se inició con misas y marchas. Grupos de activistas realizaron protestas frente a las oficinas del alguacil (sheriff) del municipio (condado) de Maricopa, dentro del cual se encuentra Phoenix.

Este alguacil es considerado un pilar de las tendencias conservadoras radicales que han convertido la lucha contra la inmigración indocumentada en su objetivo principal. El sheriff Joe Arpaio se vanagloria de ser el más “duro” del país y, entre otras características, obliga a sus prisioneros a usar ropa interior rosa y aloja a la mayoría de ellos en tiendas de campaña bajo el sol inclemente de esta región desértica.

El 28 de julio, al enterarse del bloqueo parcial a la ley SB 1070, declaró en conferencia de prensa que él seguiría “combatiendo el crimen”, con o sin ley. Para los conservadores radicales, los indocumentados son “criminales” porque violaron la ley al entrar sin papeles al país y, posteriormente aceptaron un trabajo sin la correspondiente autorización.

El clima también aportó lo suyo en este día tan especial para Arizona y la lucha de poderes que se vive en Estados Unidos.

Con el termómetro rondando los 40 grados Celsius, por la tarde una tormenta ayudó a soportar el calor pero poco después, como ocurre en los climas desérticos, la humedad aumentó y terminó de “aguar la fiesta”.

Pasado el mediodía, un contingente de activistas sindicales de California arribó a Phoenix a manera de solidaridad.

Los visitantes arribaron a la Iglesia San Mateo (o Saint Mathew) donde se realizó un foro abierto.

“Estamos aquí para asegurarnos que la SB 1070 nunca entrará en vigor”, dijo Arturo Rodríguez, presidente del Sindicato de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés), en referencia a una larga y dura lucha futura contra el racismo en Estados Unidos.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con aquellos que quieren justicia social”.

Para Floyd Glen-Lambert, presidente del Comité Judío Sindical, el tema de los inmigrantes indocumentados debe tratarse desde una óptica laboral. “Ellos trabajan duramente y contribuyen a nuestra sociedad”, dijo este nieto de inmigrantes de europeos del Este. “Queremos derechos laborales, si hay una persona explotada, luego muchas más lo estarán”.

“Tenía una familia como muchas”, explicó Felipa Solorio, madre de cuatro hijos. “Papá trabajaba y mamá se dedicaba a su familia”. Pero el 6 de mayo su esposo le habló desde el trabajo y le dijo que algo malo estaba pasando.

El lugar de trabajo estaba rodeado por agentes del alguacil. Los detuvieron. “La mayoría no tenía antecedentes policiales”, dice sollozando Solorio, cuyo marido fue finalmente deportado. “Coincidentemente, hoy es su cumpleaños”.

La joven Erika Andiola, de 23 años, narró la vida de una estudiante sin papeles. “Mi familia vino de México no solo por razones económicas sino también por violencia doméstica”, dijo.

Más tarde, al terminar sus estudios de secundaria, Andiola se inscribió en la Universidad de Arizona pero entonces se enteró de que, por carecer de residencia legal, no podría pedir ayuda financiera. Pudo completar sus estudios gracias a becas privadas.

“Ahora tengo un título colgado en la pared”, dijo suavemente. Ella no puede trabajar en ninguna empresa debido a su estatus migratorio.

“Esta ley afectará a la industria agrícola”, explicó Arturo Rodríguez, presidente de la UFW. “En Estados Unidos hay 1,6 millones de trabajadores agrícolas. Se estima que al menos el 60 por ciento de ellos carece de documentos”. Por eso, asegura Rodríguez, “la solución de fondo es una reforma migratoria”.

Sin embargo, ésta es elusiva. Desde hace años se habla de ella pero nunca llega.

Los latinos, quienes votan mayoritariamente al Partido Demócrata, ven con ansiedad que la promesa electoral de Barack Obama de proponer una reforma migratoria “durante el primer año de mi administración”, no se cumple. Peor aún, bajo el gobierno de Obama las deportaciones aumentaron un 25 por ciento en comparación con 2007, el penúltimo año de la presidencia de George Bush.

Por otra parte, los republicanos se radicalizan más aún en sus posiciones antiinmigrantes. Para peor, ya son 14 los estados que anunciaron estar interesados en aprobar una ley similar a la SB 1070.

Arizona y su ley SB 1070, que cruelmente busca penalizar a la inmigración indocumentada sin proponer cambios en el terreno laboral y de analizar las razones y soluciones a la expulsión de mano de obra por parte de países vecinos como México, ha polarizado el tema migratorio y de relaciones entre razas.

Pero también el tema se ha radicalizado gracias a su uso por parte de políticos que buscan votos fáciles en un momento donde las tensiones raciales parece han llegado a su máxima expresión.

La ley SB 1070 entró en vigor el 29 de julio. Sus efectos ya se están sintiendo en todo el país. Y durarán mucho tiempo.