La discusión económica de las últimas semanas ha estado centrada en el alza de los combustibles. Con 700 pesos el litro de bencina (gasolina), los automovilistas han levantado la voz, al igual que transportistas y camioneros. Los gremios presionan con fuerza para terminar con el impuesto específico, que representa más del 20% del costo de la bencina. Además, estos aumentos ya repercutieron en el bolsillo de la mayoría de los chilenos, especialmente en el precio del pasaje de la locomoción colectiva.

Pese a que la cuestión se ha convertido en debate nacional, el Gobierno y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, demuestran nuevamente la misma falta de creatividad e innovación que han caracterizado los primeros 100 días de la administración Bachelet. La única respuesta desde el Ejecutivo fue proponer el mantenimiento del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, cuyos resultados favorables están en serio cuestionamiento, dado que no entrega un beneficio que sea visible a los consumidores y que constituya un verdadero alivio al creciente problema energético que se está viviendo.

Por eso, las demandas de la oposición y de los analistas, que tanto abundan estos días, van dirigidos a la derogación del impuesto específico. Sin embargo, la presidenta ya ha anunciado que la estructura impositiva a los combustibles no se tocará. El IVA más los impuestos específicos de las gasolinas explican más del 40% de la suma cancelada para adquirir un litro de combustible. Por esta razón, hoy el que realmente gana con el aumento en los precios de los combustibles es el fisco, ya que en el año 2005 recaudó más 1.540 millones de dólares por el mayor IVA cancelado en las ventas de bencina. La actual estructura impositiva a los combustibles tampoco fomenta el cuidado al medioambiente, pues grava menos al combustible más contaminante: el diesel.

El alto precio de los combustibles afecta de sobremanera a los más pobres, que son quienes destinan el mayor porcentaje de sus bajísimos salarios al transporte. Por ello, ya que se mantendrá el impuesto específico, es indispensable que esta mayor recaudación se destine a una fuerte inversión y subvención del transporte público y de productos como el pan o la leche que se ven afectados también por el alza de los combustibles.

Una medida de esta naturaleza también desincentiva el uso del automóvil privado, lo que contribuye a la descontaminación y a desatorar el flujo vehicular. Si el gobierno subvenciona el transporte público, sería una forma eficaz de redistribuir riqueza, de descontaminar la ciudad y de devolver a los menos favorecidos los altos costos que pagan por el IVA y por la fuerte carga tributaria que deben sobrellevar.

Por Marcel Claude

Convenio La Insignia / Rel-UITA

30 de junio de 2006