Los derechos de los trabajadores

y la crisis económica global

Declaración de La Habana

El orden económico y social vigente en casi todo el mundo ha sufrido una debacle de proporciones inusitadas. Ha quedado demostrado que no sólo se trata de una crisis del sector financiero, sino que abarca todas las esferas de la producción, del consumo, de la inversión y del comercio, y que puede empujar a una depresión económica mundial.

Esta crisis parece anunciar el final de una era y un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que hará que las cosas ya no vuelvan a ser como eran. Somos testigos del principio del fin del modelo neoliberal y de la ideología que postulaba que el mercado puede solucionar todos los problemas de la economía, quedando en cuestión, además, el compromiso de muchos gobiernos con una globalización incontrolada, ilimitada y desregulada.

La globalización de la economía mundial es un dato de la realidad y parece irreversible. Sería necio negarlo. Pero lo inaceptable es el tipo de globalización impuesta por no más de un centenar de poderosos grupos económicos, que concentran un tercio del comercio internacional y que han decidido cómo se deben articular las relaciones en ese ámbito. Es una globalización planteada desde los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, que segmentan el mundo en países que están del lado de la concentración del capital, del dominio financiero y de la ortodoxia del mercado, y países que quedan del lado de la marginación y la pobreza.

Los banqueros se habían convertido en los supervisores de las economías de los países, reciclando la riqueza del mundo y atendiendo sus necesidades financieras con mercados de divisas que no pertenecen a ningún Estado. Mercados dinámicos y complicados, y en su mayor parte fuera del control de los gobiernos. Empresas que actúan con una especie de flotación libre, habitando una “tierra de nadie”, trasnacionalizando la economía y el mercado con independencia de cualquier país, siendo necesitadas por los gobiernos mucho mas de lo que ellas necesitan a los gobiernos.

En ese modelo de globalización floreció un mercado sin nacionalidad. Se formó un sistema monetario internacional que prácticamente estaba al margen de las reglamentaciones gubernamentales, con capacidad para enviar miles de millones de dólares a dar vueltas alrededor del mundo las 24 horas del día.

Se favoreció el dumping social, ya que el proceso estaba motorizado por poderosos intereses económicos que escaparon de todo control estatal, y que buscan una mayor rentabilidad del capital sin reconocer límites éticos o compromisos sociales. En lo que hace a los derechos de los trabajadores, impusieron a los gobiernos la idea de bajar los niveles de protección “a un común denominador internacional menos exigente”. A esto se lo llamó flexibilización o desregulación laboral, que no fue otra cosa que el abatimiento de los niveles de tutela alcanzados en cada uno de nuestros países.

En el orden económico y social que se está derrumbando, achicar y arrinconar al Estado era parte de su catecismo. La acción estatal debía quedar limitada a la seguridad y, donde fuera necesario, a la represión de toda expresión popular que pudiera poner en peligro sus privilegios. Paradójicamente, cuando la actual crisis económica aparece como incontenible, los banqueros claman por un “salvataje” por parte de ese mismo Estado. Pragmáticos como siempre, no los asusta una política “socialista”, en la medida que su objeto principal no es correr en ayuda de la gente sino de los bancos. La “socialización” del sistema bancario es para ellos aceptable, si sirve para salvar el capitalismo. El Estado interviene, pero no como garante del interés público sino en defensa de los grandes grupos económicos y financieros.

Estamos frente a una crisis endógena y estructural de un mundo financiero que permitió, por ejemplo, el movimiento de una masa de dinero especulativo, sin reglas ni controles, que llegó a los tres billones de dólares por día, mientras que el comercio internacional, dentro de la economía real, mueve diez billones de dólares por año. Este mundo financiero sirvió para garantizar enormes riquezas para pocos y gigantescas desigualdades para el resto del planeta.

Y en materia de desigualdad social, Latinoamérica encabeza la escala mundial, tal como lo destaca un reciente informe de la OIT. (“Desigualdades de la renta en la era de la finanza global”). En la mayoría de los países evaluados la masa salarial, en proporción a la renta nacional, cayó desde 1990, pero el peor papel lo tuvo Latinoamérica, donde bajó el 13 por ciento. Cabe destacar que en  general el nivel de empleo subió, lo que prueba que aumentó mucho más la productividad laboral y las ganancias patronales que el salario.

Mientras algunos de los gobiernos hoy corren para salvar a los banqueros de la debacle, son los trabajadores los que comienzan a sufrir sus consecuencias. Recorte de horas extras, adelanto de vacaciones, suspensiones y despidos, son las medidas que toman los empresarios para descargar sobre las espaldas de los trabajadores los efectos de la crisis. Convidados de piedra en las épocas de bonanza, hoy nuevamente son asociados a las pérdidas.

En la década del `90 la crisis económica y las recetas del neoliberalismo llevaron al despojo de los derechos obreros y la mutilación de los convenios colectivos. Esta ofensiva del capital contra el trabajo implicó una fuerte distribución regresiva de los ingresos, y un deterioro general del nivel de vida y de las condiciones laborales de los trabajadores.

El dominio absoluto de la economía de mercado significó, además, el achicamiento del Estado, la apertura indiscriminada de la economía de nuestros países, la libre circulación de capitales, la “seguridad jurídica” a las inversiones extranjeras, etc. La solidaridad fue desterrada porque el mercado se encargaría del reparto de cargas y beneficios.

Nadie ignora hoy que esas políticas fracasaron estrepitosamente. No obstante, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas alerta sobre la tentación de recrear un Derecho de la Emergencia Económica, al cual debería subordinarse el Derecho del Trabajo. La excusa es la actual crisis del mundo capitalista y sus efectos sobre Latinoamérica. Pero está comprobado que la solución no pasa por fomentar y legalizar la desprotección de los trabajadores. Las experiencias recientes en nuestros países así lo demuestran. Sería un desatino volver a plantear la precarización de las relaciones laborales y el abaratamiento de los despidos, como medidas para paliar la crisis.

Por el contrario, estas circunstancias más que nunca demandan reforzar la estabilidad en el empleo, ya que se trata de un derecho que se vincula con el derecho a la vida y a una existencia digna con seguridad jurídica. Porque normalmente es el trabajo la única fuente de recursos para la subsistencia del trabajador y su familia.

El mundo está ante un enorme desafío y una gran oportunidad, que no se puede dejar pasar sin discutir las bases mismas del orden social vigente y proponer alternativas. El fin del discurso único, que colocaba en el terreno de la irracionalidad a cualquier intento de cuestionamiento, abre un espacio para el debate, impensado poco tiempo atrás. Comenzando por la posibilidad de volver a plantear el fundamento ético y moral de una sociedad segmentada, con individuos que tienen los medios de producción y los que sólo disponen de su capacidad de trabajo, en un orden social que parece fundamentarse en los hechos consumados y en el mero transcurso del tiempo.

La redistribución de la riqueza a escala mundial es una imperiosa necesidad. Más de 1.000 millones de seres humanos padecen hambre crónica, pese a que esto podría ser evitado con el 2 por ciento de la producción mundial de granos. Desde 1950 murieron de hambre 400 millones de personas en el mundo, tres veces la cantidad de víctimas de todas las guerras del siglo XX. Para brindar a toda la población mundial satisfacción a sus necesidades básicas, sería suficiente con descontarles a las 225 fortunas más grandes del mundo, menos del 4 por ciento de la riqueza acumulada. Estos datos nos permiten preguntarnos sobre los valores y principios de esta sociedad que está colapsando, y pensar que no es aventurado decir que lo que está en crisis no es solo un sistema financiero mundial, sino un estilo de vida.

Otro mundo no sólo es posible, sino absolutamente necesario (Foro Social Mundial, Porto Alegre, 2003). Y en ese mundo los trabajadores y sus derechos deben tener preferente tutela, especialmente en las épocas de crisis. Porque el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios que exceden largamente el marco del mercado económico, el que encuentra sentido sólo si tributa a la realización de los derechos del hombre.

En consecuencia, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas llama a la unidad de los iuslaboralistas de la región y a solidarizarse con esta declaración para implementar el contenido de la Carta de Cochabamba, como modelo de relaciones laborales del siglo XXI y proponerla a las autoridades correspondientes para las acciones de integración regional promovidas en la última década por los gobiernos latinoamericanos, brindando su apoyo incondicional para evitar que las consecuencias de la crisis económica una vez más caiga sobre los trabajadores.

 La Habana, Octubre de 2008.