Con una masiva marcha que recorrió las calles de la capital guatemalteca, sumándose a la celebración del 12 de Octubre, “Día de la resistencia indígenas”, concluyó el III Foro Social América (FSA), en el cual centenares de organizaciones sociales plantearon sus estrategias frente al neoliberalismo. En el marco del evento, el TPP sentenció a las empresas transnacionales acusadas.

 

“En estos días se ha hecho evidente el fracaso del sistema capitalista que desde los movimientos sociales hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Vivimos momentos marcados por el desplome del sistema financiero internacional, que ha evidenciado el carácter especulador y expoliador del capitalismo y ha desenmascarado la falta de moral y de transparencia de los grandes capitales. No solo se trata de una crisis financiera, sino también alimentaria, energética, medioambiental y ética que amenaza con arrastrar a la humanidad hacia inéditas situaciones de calamidad social y económica.

 

El sistema capitalista ha generado cada vez más exclusión, marginación, violencia y efectos irreversibles en la vida del planeta”, señala la Declaración conclusiva de la Asamblea de los Movimientos Sociales del III Foro Social Américas.

 

El documento plantea como eje central la derrota definitiva del neoliberalismo, a través de una agenda que prevé la lucha contra la militarización del continente, la resistencia a las nuevas formas de apropiación de los recursos naturales, a la ofensiva neoliberal de los Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto de Estados Unidos como de Europa, al poder expoliador de las transnacionales y a la deuda externa en cuanto inmoral e ilegítima.

 

“Pero no solo resistimos, estamos viviendo un tiempo de cambio en el que nuestros pueblos avanzan en la construcción de un modelo alternativo. Ratificamos nuestro compromiso en la lucha de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas por la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria, nuestra oposición a la flexibilización laboral y nos pronunciamos por la defensa irrestricta de los derechos laborales de los y las trabajadoras del continente”, señala la Declaración.

 

Importantes llamados se hicieron también al derecho de las mujeres a decidir con libertad sobre sus vidas, cuerpos, sexualidades y territorios que habitan, con sus riquezas naturales y culturales, y para la derogatoria de la Directiva de Retorno de la Unión Europea.

 

Sentencia final del TPP:

transnacionales y Estados son culpables

 

En el marco de la jornada conclusiva del III Foro Social Américas (FSA), Marcelo Ferreira, presidente del jurado de la audiencia centroamericana del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), dio lectura a la sentencia final en la que se acusó ética y moralmente a los Estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, “por estar obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de la ciudadanía, mientras que en muchos de estos casos han operado como agentes activos y sujetos protagónicos de violaciones a los derechos humanos, por complicidad, omisión o connivencia con la actuación de empresas transnacionales”. Se deliberó también sobre las violaciones cometidas por las empresas transnacionales:y  Unión Fenosa (España), Holcim (Suiza), Cementos Progreso (Guatemala), Enel Green Power (Italia), CALVO Conservas (España), Grupo Pellas (Nicaragua) y a las reconocidas empresas norteamericanas implicadas en la producción, comercialización y aplicación del Nemagón en Nicaragua y Honduras.

 

El TPP auspició “el establecimiento de condiciones de responsabilidad universal, tales como sanciones jurídicas eficaces, difusión pública de la condena, confiscación de los instrumentos del delito producido, multas, reparación estricta del daño causado y en definitiva, la disolución de la empresa”.

 

Se condenaron también a los Estados cuyas nacionalidades tienen las casas matrices de las empresas acusadas por “dar el aval o estar en connivencia con las transnacionales que actúan  en el área centroamericana”, a la Unión Europea “que define como propios los intereses de las empresas transnacionales” y a las instituciones financieras internacionales (BM, FMI, BID, BCIE, OMC).

 

En la sentencia se exigió además a los gobiernos la suspensión de los permisos y concesiones que afectan a los territorios y condiciones de vida de las comunidades cuando se otorgaron sin consulta previa, el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia medio ambiental, el respeto irrestricto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

 

El TPP instó a los gobiernos y a la OIT “cumplir y hacer cumplir la legislación nacional  e internacional en materia de derechos laborales. Recomendar a las organizaciones sociales y sindicales trabajar para la organización de un marco jurídico internacional, donde sea posible regular y juzgar a las actividades de las empresa trasnacionales, y cómo implementar los mecanismos para lograr el resarcimiento, indemnización y el pago de la deuda social, económica y ecológica generada por las empresas transnacionales a los pueblos centroamericanos”, concluyó Ferreira.