Ecuador

Aplausos. La decisión tomada por el Congreso de devolver los fondos de reserva de los trabajadores, a primera vista, merece felicitaciones. Constatar que el trabajo capitalizado esté tan mal invertido, indigna. Que el ahorro de la seguridad social cubra la brecha fiscal y apuntale el discurso de una supuesta estabilización macroeconómica, molesta. Son razones que inclinan la balanza a favor de dicha devolución. Son aberraciones explicables por el manejo económico de quienes -cual caballos puestos orejeras de tiro- tienen su mira en un solo objetivo: la estabilidad... de precios. Sin importarles afectar el ahorro de los trabajadores.

El "economista de cabecera del dictócrata", Mauricio Pozo, se destaca entre los patrocinadores de esta operación desde que fue presidente de la Comisión Técnica de Inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Luego, como ministro de Economía, incluso trató de licuar la deuda estatal con el IESS, calculando las acreencias en sucres a 25 mil unidades por dólar, reduciendo una deuda de unos 2.500 millones de dólares, a 500 millones. Y, para completar, cientos de millones dólares del IESS se depositaron en el Banco Central sin beneficio alguno para los afiliados. Al IESS se le transformó en la tabla de salvación financiera de última instancia.

A pesar de todo lo descrito, devolver dichos fondos no es una solución adecuada. Sin negar el derecho que le asiste a un trabajador cesante o a quien tiene la edad de jubilación para recuperar su ahorro, se debería impedir la devolución total de los fondos de reserva. Esta decisión aparece como una zancadilla justo ahora cuando la economía comienza a transitar hacia un nuevo rumbo. En una economía abierta, con elevada propensión a importar, parte de los recursos devueltos engrosaría las compras externas agravando el déficit comercial no petrolero, que en 2004 superó los 3.200 millones de dólares. Aceleraría el proceso de deterioro del IESS (para dicha de los privatizadores). Golpearía la invitación gubernamental para que los afiliados inviertan su ahorro en actividades petroleras rentables y seguras (para contento de las transnacionales deseosas de privatizar los grandes campos de petróleo de la empresa estatal, que no los puede recuperar por falta de recursos). Debilitaría los incipientes seguros de cesantía y de salud para la familia de los afiliados. Imposibilitaría la mejoría de las pensiones para los afiliados. Aunque a primera vista parece oportuno terminar con dicha mala práctica económica, lo cierto es que la devolución de esos recursos no siquiera sería pan para ahora, pero si hambre para mañana.

En lugar de devolver este ahorro, habría que vigorizarlo. La vía podría ser la constitución del banco del afiliado, utilizando para ello alguna de las entidades financieras intervenidas por el Estado. Allí cada afiliado tendría su cuenta propia, que le serviría para acceder al mercado financiero en mejores condiciones que las que brinda la banca en la actualidad. Y a través de inversiones productivas mejorarían las futuras pensiones de los afiliados, beneficiando también a la colectividad. Esta decisión recibiría aplausos y no las pifias que realmente merece la decisión parlamentaria.

Alberto Acosta
Convenio  La Insignia / Rel-UITA

13 de  julio del 2005.