Alarmados porque 44
por ciento de la población latinoamericana y caribeña no
tiene ni para satisfacer sus necesidades básicas
primarias, mientras 19.4 por ciento de la misma vive una
situación peor, obispos de 18 países de la región
conminaron a los jefes de Estado del área a superar
"estructuras de poder violatorias de derechos
fundamentales de la persona".
Como
responsables de la pastoral social en cada una de sus
naciones, señalaron como principal culpable de la
situación actual, al modelo económico que impera en el
mundo, y consideraron que se sacrifican generaciones
enteras "con la esperanza de un futuro de equidad que no
llega". Frente al agudizamiento de esta realidad,
lamentaron que los gobiernos de la región continúen con
la aplicación de dichas políticas, sin tomar en cuenta
la aparición de nuevos fenómenos sociales que
profundizan el empobrecimiento y la exclusión, y con lo
cual se incrementa la migración.
Por
lo anterior, exhortaron a impulsar organizaciones
internacionales "cuyos mecanismos de decisión, control,
representación y orientación general garanticen por
igual todos los intereses de la familia humana, en
especial los de los países menos favorecidos". Asimismo,
convocaron a las naciones afectadas por el
recrudecimiento de la política migratoria en Estados
Unidos a profundizar en las causas que producen los
éxodos humanos, y revisar el camino de nuestras
economías, "a fin de garantizar que cada persona pueda
encontrar en su propio territorio la oportunidad de
desarrollarse con su respectiva familia y comunidad".
Tras
un seminario-taller sobre el modelo económico y estilos
de desarrollo en la zona, que se realizó en los últimos
días del mes pasado en Brasil -como parte de los
trabajos hacia la quinta Conferencia General del Consejo
Episcopal Latinoamericano (Celam), a celebrarse en abril
de 2007 en ese país, los prelados coincidieron que la
idea de desarrollo con una visión de empresa provoca que
en cada nación haya "datos escandalosos que nos dejan
fuera del cumplimiento de los objetivos del milenio
(impulsados por la Organización de Naciones Unidas)"
para disminuir la pobreza a 50 por ciento para el año
2015.
Aunado a ello ubicaron las estructuras de poder
"violatorias de derechos fundamentales de la persona,
sean ellos de primera, segunda o tercera generación".
Por ello, subrayaron que no pueden aceptar términos y
políticas como la flexibilización laboral, en la cual
"se le pasa al trabajador la cuenta de cobro por
empresas estatales mal administradas. Menos todavía
podemos admitir la prioridad que se está dando al
capital sobre el trabajo". Los jerarcas católicos de
América Latina y el Caribe reiteraron su preocupación
por las
situaciones de desigualdad, pobreza, desempleo,
subempleo, violencia, masivos movimientos migratorios en
búsqueda de oportunidades, narcotráfico, injusta
distribución de la riqueza y la exclusión que sufren
grandes mayorías en nuestro continente.
Ante el número de
población afectada, con el 44 por ciento de los
habitantes del área viviendo por debajo de la línea de
pobreza, y el 19.4 en pobreza extrema, es decir en
indigencia, insistieron que en los tiempos actuales
"muchas poblaciones empobrecidas y excluidas anhelan ser
protagonistas de su propio desarrollo, pero al mismo
tiempo experimentan la necesidad de tener claridad de
los pasos a dar hacia un desarrollo auténticamente
humano e integral".
Convocaron a "educar para la fraternidad y la
solidaridad en el mundo globalizado, así como formar
laicos comprometidos social y políticamente, para que
incidan en la elaboración de políticas públicas
equitativas". Sobre todo cuando, manifestaron, está
visto que se deja de lado la justicia, la equidad y la
solidaridad.
Recordaron que la Iglesia "cuestiona seriamente el
modelo vigente de desarrollo fundamentado, sobre
premisas de vacíos comunes y sobre un concepto de
globalización que concibe al ser humano como consumidor,
y rebaja la cultura a una simple técnica de seducción
para que la persona se mueva únicamente por el deseo de
tener cosas sin ninguna jerarquía de prioridades".
Para
nosotros, dijeron los obispos, los modelos económicos
deben adecuarse al sistema democrático sin condicionarlo
o viciarlo en su aplicación. Y esto conduce
necesariamente a la paz duradera tan anhelada por
nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, pues
alejaría las posibilidades de conflictos violentos
internos o internacionales, "como las revoluciones de la
desesperación".
