Sólo
los extranjeros con un fuerte potencial de inteligencia, de
preparación y de capacidad de trabajo serán desde ahora
admitidos como inmigrantes en Francia. De acuerdo con el
anteproyecto de ley del Ministro del Interior Sarkozy, se
endurecen las condiciones de estancia para extranjeros y se
hace un llamamiento a la fuga de cerebros de los jóvenes
mejor preparados de los países del Sur, sobre todo, de
aquellos que ya cursan sus estudios en Francia. Lo que era
una práctica positiva para la preparación de los jóvenes
africanos en las antiguas metrópolis con el fin de
modernizar las naciones emergentes, se ha convertido en una
trampa mortal ante el declive de los jóvenes franceses
necesarios para asegurar el cambio en los puestos de trabajo
y de enseñanza. Esta ausencia de recambio se debe a la
crisis demográfica y también a una indolencia de muchos
jóvenes en una sociedad consumista, hedonista y responsable
de la caída de los valores, del esfuerzo y de la ilusión
necesarios para integrarse en una empresa social común y
solidaria. Con enorme torpeza se les ha hecho creer que
tienen derecho a todo sin esfuerzo alguno, a contestar la
autoridad de sus profesores y que pretenden sustraerse a las
exigencias de una sociedad bien organizada. En la sombra,
acechan unos padres obsesionados por el sofisma de que
“cuanto más, mejor” y de que sus hijos deben crecer en una
burbuja del máximo confort con la menor exigencia personal
posibles, aunque les conduzca a un autismo y a una pobreza
mental desintegradores.
El nuevo título de residencia se entregará sólo “a los extranjeros capaces
de participar, por sus capacidades y talentos, de manera significativa y
duradera en el desarrollo de la economía francesa y en el esplendor de
Francia en el mundo o que contribuya al desarrollo de su país de origen”. Su
duración será de tres años renovables. Se trata de una forma explícita de
atraer una mano de obra extranjera cualificada para suplir las carencias
francesas. El primer ministro Villepin no ha vacilado en respaldar esa
iniciativa para activar el paso de una inmigración “padecida” a una
inmigración “seleccionada”. Lo podrán decir más alto pero no más claro.
En primer lugar, se dirigen a los estudiantes extranjeros en Francia y a
otros previamente seleccionados en sus países de origen mediante unas
campañas de captación bien organizadas. A los titulados en Francia se les
permite ampliar su residencia en el país durante seis meses para
facilitarles la búsqueda de trabajo. Otra regla que va a transformar lo
establecido se refiere al reagrupamiento familiar que distinguirá entre los
“talentos comprobados”, que podrán hacer venir a su familia al cabo de seis
meses, mientras que para los otros el plazo se alarga hasta los dieciocho
meses. Asimismo, todos deberán justificar recursos suficientes y disponer de
un alojamiento digno “que permita la inserción”. El problema radica en
quiénes y cómo establecen los requisitos de selección. Podrán convertirse en
arbitrarios y excluyentes, injustos e inhumanos, como en su día lo fueron
para seleccionar a la mano de obra africana según su fuerza muscular, el
estado de sus dientes, la ausencia de defectos físicos y la integridad de su
aparato productor. Mientras que para las mujeres se prefería que ya fueran
embarcadas cuando estaban embarazadas para así amortizar mejor los riesgos y
costes del viaje en aquellos horrendos barcos de los tratantes de esclavos.
También regula las uniones entre franceses y extranjeros para evitar los
“matrimonios blancos” realizados para facilitar la residencia. Por último,
se exigirá un dominio suficiente de la lengua francesa lo cual será de gran
importancia para los inmigrantes que no procedan del África francófona, como
los latinoamericanos.
Otro punto que ha sublevado por su rigor a las asociaciones de residentes es
la restricción en la admisión de extranjeros enfermos. El citado
anteproyecto establece que sólo los extranjeros que lleven un año de
residencia en Francia tendrán derecho a “cuidados urgentes cuya ausencia
entrañaría riesgo de muerte”. Uno de los logros más significativos del
Estado de bienestar, junto con las pensiones y la educación, como son los
cuidados sanitarios para todos los residentes en el territorio nacional, con
independencia de su estatus legal, se pondría por esta ley fuera de un
auténtico estado de derecho. Una auténtica regresión de los derechos
sociales conquistados.
El Presidente de la Comisión de la Unión africana, Alpa Oumar Konaré, ha
denunciado esta discriminación a la que no vacila en calificar de “trata de
cerebros” que significaría “un rechazo al derecho al desarrollo de los
pueblos de África”, como en su día lo fue la “trata de esclavos”
seleccionados en virtud de su fuerza física.
José Carlos García Fajardo*
