El
anuario El Mundo Indígena 2006 señala que el México este año ha sido
marcado por la articulación de las luchas indígenas con los demás sectores
de la población mexicana a través de la lucha por la defensa de los recursos
naturales y más ampliamente con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona. El documento, elaborado por el Grupo Internacional de
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), afirma aún que el renovado interés
del capital trasnacional en los recursos naturales ha intensificado la
presión sobre los territorios indígenas.
Una serie de
leyes controversiales se han estado aprobando en los últimos años que
facilitan la privatización de los recursos naturales. Muchas comunidades han
sido o están siendo empujadas a convertirse en empresarias para vender los
bienes comunes de la humanidad como el agua, el aire y la biodiversidad. A
su vez la resistencia organizada ha tenido sus triunfos y ha sido objeto de
mucha represión. La violencia política se ha agudizado especialmente en
Oaxaca y Guerrero.
En el 2005 se
agudizó el conflicto en torno a la eventual construcción de la represa La
Parota en Guerrero, con un saldo de tres asesinatos, decenas de heridos y
choques entre campesinos y cuerpos policíacos. Según los planes del
gobierno, la represa produciría alrededor de 1,332 millones de Kwh al año,
equivalente al consumo anual del estado de Guerrero. Los indígenas y
campesinos organizados contra esta construcción advierten que la presa
hidroeléctrica inundaría 17 mil hectáreas de selvas de alta biodiversidad, y
desplazaría de manera directa a más de 25 mil personas. En total, una
población de 72 mil personas serían los afectados, convirtiendo la represa
en un verdadero ‘’ecocidio y etnocidio’’.
La Ley de
Minas también faculta al gobierno federal a entregar concesiones que
permitan la extracción de minerales del subsuelo incluso a empresas
transnacionales, sin que para ello sea necesario el consentimiento de las
comunidades y pueblos indígenas que han vivido en esas tierras desde tiempo
inmemorial. En las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlan en Jalisco,
por ejemplo, se han dado 16 concesiones que prácticamente cubren toda la
reserva de la biosfera del mismo nombre.
La agenda
política indígena de fortalecer los saberes tradicionales y la recuperación
y fomento de prácticas sustentables frente a los intereses del capital
todavía cobra una importancia mayor en Chiapas. La región es conocida como
uno de los "bio- hot spots" del planeta ya que en el estado se
concentra el 40% de la biodiversidad de todo el país y un porcentaje
importante de toda la biodiversidad en el continente.
Pero en el
2005, se aprueba al nivel federal la ley de bio-seguridad y organismos
genéticamente modificados, conocido popularmente como la Ley Monsanto, que
promueve el desarrollo de los transgénicos en México e instrumenta la
privatización de los recursos genéticos del país y la concesión de patentes
sobre conocimientos indígenas. Esta ley lejos de proteger la salud y
diversidad biológica de los cultivos cuyo centro de origen es Mexico como el
maíz, fríjol, calabaza, tomate, algodón, aguacate, etc., permite la
importación y siembra en el territorio nacional de semillas transgénicas.
Adital
1 de agosto de 2006
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