Motines, estallidos con asesinatos y represión extrema, son frecuentes en los establecimientos carcelarios de América Latina. El problema, en verdad, es mundial. Pero la realidad continental es tan grave que la primera recomendación que se plantea a los gobiernos es que tomen medidas para que en las prisiones se cumplan la Constitución y las leyes.

El hacinamiento, el ocio compulsivo, la falta absoluta de privacidad, el  encierro prolongado, a veces con imposibilidad de salir a espacios más amplios que la celda, la falta de atención médica, las arbitrariedades y tensiones internas, el enfrentamiento con personal penitenciario que con frecuencia no tiene la preparación adecuada, hasta los registros humillantes y el mal trato a los familiares de los internos, determinan el efecto contrario a la rehabilitación y posible reintegro a la sociedad.  La mayor parte de los presos son jóvenes y pobres. Y la imposibilidad  -por falta de infraestructura edilicia- de separar a los internos según los diversos tipos de delitos ha hecho de los establecimientos escuelas de delincuencia.

Ya la UNESCO planteó -hace una década- que el drama de la prisión es que engendra más problemas éticos, psicológicos y económicos que los que resuelve. Hay experiencias aisladas, sin embargo, que han enfrentado con éxito la crisis del sistema. En el Parlamento Latinoamericano se ha destacado lo ocurrido en la cárcel de Bella Vista, en Colombia. Dicho establecimiento había llegado a tal situación que la policía ni siquiera podía entrar, y se registraban varios crímenes por día. La acción técnica, planificada, de un defensor de los derechos humanos y de su equipo fue organizando comisiones de los propios internos para que aportaran soluciones a los enfrentamientos y sugirieran medidas para superar los problemas. Esa acción transformó lo que era un infierno en una cárcel modelo.

El actual gobierno uruguayo comenzó su gestión declarando a las cárceles en situación de emergencia humanitaria. La población de los establecimientos había aumentado significativamente, las prisiones estaban desbordadas, registrándose situaciones intolerables de hacinamiento. El ministro José Díaz, luego de realizar consultas con jueces, fiscales, técnicos del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, entre otras, presentó un proyecto sobre “Humanización y modernización del sistema carcelario” con importantes aspectos destinados al respeto de los derechos humanos de los presos, que abre perspectivas para la rehabilitación y reinserción a la sociedad.

El doctor Díaz, que comenzó por señalar que es imprescindible una acción permanente contra las múltiples causas del delito, planteó la necesidad de dejar atrás el camino de multiplicar las penas con la finalidad de contener el crecimiento del número de delitos, política que, según ha demostrado la experiencia, ha sido un fracaso. El proyecto puso el acento en el ser humano “buscando la seguridad para todos desde una perspectiva solidaria y preventiva, en lugar de las clásicas soluciones de corte represivo que atacan solamente a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

La iniciativa, que finalmente resultó aprobada fundamentalmente con los votos del partido de gobierno, busca cumplir a fondo con el artículo constitucional que establece que “en ningún caso las cárceles servirán para mortificar y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Además de un sistema excepcional de libertades para los delitos menos graves de personas que hubieran cumplido la mitad o los dos tercios de la pena -según los casos- se contempló especialmente las situaciones de reclusos y reclusas cuya salud se encuentre gravemente comprometida por cáncer o SIDA en etapas terminales, permitiendo su reclusión en otro establecimiento de atención, o incluso en su propio domicilio, posibilidad que abarcó también a las mujeres embarazadas.

Entre las normas realmente novedosas se estableció la redención de la pena por trabajo o estudio, lo que permitirá rebajar un día de reclusión por cada dos de trabajo o estudio. Eso ha determinado ya la necesidad de contar con mayor número de maestros y apuntar especialmente a la creación de granjas, para lo cual se están seleccionando terrenos del Ministerio del Interior.

Otro aspecto de la modernización apunta la creación de un “Centro de Atención a las víctimas de violencia y otros delitos”, de acuerdo a la doctrina moderna, que ha destacado la ignorancia que en el proceso tienen la víctima del delito o sus familiares. Se crearon, además, comisiones para atender distintos aspectos del sistema carcelario. Con el nuevo gobierno comenzó, además, su trabajo el doctor Álvaro Garcé, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que fue seleccionado con el mayor rigor y garantías entre quienes se presentaron al llamado público realizado por una comisión especial de la Asamblea General Legislativa.

Los miembros de la misma analizaron con especial cuidado los méritos, trayectoria y documentos presentados por todos y cada uno de los aspirantes, y en sucesivas votaciones en las que se acordó resolver por unanimidad, se fue seleccionando al comisionado, sin tener en cuenta la posición o puntos de vista políticos de los aspirantes. El primer comisionado parlamentario para el sistema carcelario contó, además, con el voto unánime de los legisladores integrantes de la Asamblea General.

De inmediato el doctor Garcé recorrió todos los establecimientos penitenciarios del país, evaluando sus graves carencias y dificultades. Esa inmensa tarea, que ha venido cumpliendo con especial dedicación, exige constante presencia en las cárceles, contacto con los internos, con los familiares, y sobre todo una actitud abierta a recibir inquietudes. Con frecuencia, entrevistado por los medios de comunicación, ha planteado la necesidad de que la sociedad asuma posición en una realidad que ha sido valorada como una vergüenza nacional. Tanto, que una delegación de Médicos del Mundo que visitó años atrás el país y recorrió los principales establecimientos de Montevideo y el departamento de Canelones, expresó que “Uruguay no merece las cárceles que tiene”.

El cumplimiento de la Ley de Humanización y Modernización del sistema, la creación de granjas de trabajo para los internos y la tarea del Comisionado deberán necesariamente ser complementados con la separación de las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes hay dos proyectos (uno del ex diputado Daniel Díaz Maynard y otro del ex ministro Stirling) que crean un Instituto Nacional de Rehabilitación, servicio descentralizado que evitará que la policía se encargue de funciones que no le son inherentes. Los propios policías admiten que están, en realidad, sometidos “a media pena”, en un clima de frecuente confrontación y violencia. Ambos proyectos establecen, además, todas las garantías para la formación del personal. La aprobación del Instituto no deberá demorarse. Es lo que aconsejan los criminólogos más prestigiosos del mundo.