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En Guatemala, como en
varios otros países del Sur, las comunidades indígenas y el ambiente pagan un
alto costo por la expansión de los cultivos para agrocombustibles.
Deforestación, desplazamiento forzoso, amenazas, detenciones ilegales y hasta el
asesinato signan este avance.
La organización Salva la Selva denuncia una situación que
viene ocurriendo en los últimos tres años en un área conocida como “Finca Los
Recuerdos”, donde el Ingenio Guadalupe, una de las empresas productoras de
etanol del país, ha estado deforestando en tierras indígenas para plantar caña
de azúcar con destino a la producción del referido combustible.
En medio de una crisis alimentaria y del aumento de precios
de los alimentos, el 30 de junio de este año, 60 familias Keqchi de La Isla,
Caserío el Morador Semano, Corazón de Maíz y Teleman Punto 15, en Panzos,
intentaron recuperar parte de su tierra para cultivarla y producir alimentos.
En respuesta, según consigna Salva la Selva, “fueron atacados
por paramilitares asociados a la compañía. Durante este ataque, les dispararon
desde un helicóptero, resultando herido un hombre de 35 años, padre de tres
niños, quien tuvo que ser hospitalizado. Al día siguiente, las familias y
representantes de la organización campesina CUC, realizaron una protesta
pacífica durante la cual volvieron a ser atacados por los paramilitares, a
quienes acompañaban dos representantes del Ingenio Guadalupe. Hubo disparos,
amenazas de muerte, y dos mujeres resultaron detenidas de manera ilegal.” En la
zona de Coatepeque también ocurrieron ataques similares por la expansión de la
palma de aceite para la producción de biodiesel.
De acuerdo a las informaciones facilitadas por el CUC, y por
la organización internacional de derechos humanos Rights Action, esos eventos
son representativos de lo que está pasando en toda Guatemala. Miembros
del CUC denuncian lo siguiente: “Hacemos ver que el gobierno no tiene medidas
claras para enfrentar la crisis alimentaria y de altos precios, y lo hacemos
responsable de la reacción y acciones que tome la población ante el agravamiento
de la crisis”.
Hasta ahora las medidas que se han adoptado han ido en apoyo
de los intereses de los grupos del agronegocio, para que éstos, tal como se
denuncia, “obtengan de forma ilegal tierras que pertenecen a comunidades
indígenas, y donde la violencia cometida por paramilitares e incluso por las
fuerzas de seguridad del Estado se utiliza para desplazar a comunidades”.
La destrucción ambiental y la violación de los derechos
humanos es promovida por el sistema financiero mundial: en enero de este año, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una financiación que
habilita al gobierno guatemalteco a desarrollar una estrategia nacional de
agrocombustibles. Eso inevitablemente se traducirá en más deforestación, más
apropiación de tierras, más desplazamientos forzosos, más violación de los
derechos de las comunidades indígenas...
El BID es uno de los mayores financiadores de la
expansión de los agrocombustibles en Latinoamérica y está preparando créditos
privados por valor de 3 billones de dólares.
Rights Actions exhorta a realizar una acción ante el BID, denunciando la
situación y reclamando la suspensión inmediata de todo apoyo y financiación a la
producción de agrocombustibles en Guatemala mediante una carta que
finaliza diciendo: “La producción de agrocombustibles en Guatemala ha
incrementado la deforestación, la desertificación y acelera el cambio climático.
También incrementa el hambre, y viola los derechos territoriales de las
comunidades indígenas, incrementando la represión violenta. Por favor, suspenda
inmediatamente su apoyo a los agrocombustibles en Guatemala.”
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